Un programa que reduzca las desigualdades
Por Rodrigo Gorga (*)
El pasado 17 de noviembre, se realizó la primera actividad del Ciclo: Ideas para otro modelo económico, organizado por la Comisión de Programa del PCU.
La actividad se enmarca en el compromiso del Partido y sus militantes en la construcción programática en las diversas instancias en las que participan, tanto en el Frente Amplio (FA) como en las organizaciones sociales que se encuentran preparando el Congreso del Pueblo.
Las propuestas para realizar las transformaciones necesarias no son ideas sin sustento, solo expresiones de deseo. Son además de necesarias, posibles.
Para esta instancia fueron invitados dos jóvenes economistas, que brindaron insumos para pensar unas bases programáticas audaces en cuanto a sus objetivos de transformación del modelo económico, hacia uno que distribuya los ingresos y la riqueza de forma más justa e igualitaria.
Esta contó con la moderación del economista Federico Penino (director de Planificación y Ejecución Presupuestal de la IM) y la exposición de dos profesores del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas (Universidad de la República), Estefanía Galván (35 años, Doctora en Economía) y Mauricio De Rosa (35 años, Máster en Políticas Públicas y Desarrollo y candidato a Doctor en Economía).
Mauricio De Rosa trabaja temas de desigualdad, temas que son a la vez complejos y de fundamental importancia para la elaboración programática de la izquierda y que a su vez se conecta con muchos otros fenómenos sociales y económicos. En particular, Mauricio se especializa en la desigualdad de ingresos y la desigualdad patrimonial, y sobre estos temas fueron en los que se explayó durante su presentación.
La desigualdad y los 15 años de gobierno del FA
Según su exposición, para pensar el programa del FA es necesario tener clara la evaluación de los quince años de gobierno progresista, para aprender de los aciertos y de los errores. En particular, la caída de la desigualdad que operó durante los gobiernos del FA fue dramática, en particular durante los años 2008 y 2013.
Nuestro país registró aumentos de la desigualdad durante un período de crecimiento económico como la década del noventa. La desigualdad continuó aumentando durante los años de recesión y crisis del 2002, y durante el rebote posterior a la crisis, en el después del 2004.
La desigualdad cae en Uruguay a partir del año 2008, de la mano de un fuerte crecimiento económico, pero especialmente de un conjunto de políticas públicas que estaban deliberadamente diseñadas con ese fin. Estas políticas fueron esencialmente tres.
En primer lugar, la política salarial (los consejos salarios y el aumento del salario mínimo) que tenía por objeto aumentar la masa salarial, pero en particular aquellos salarios más sumergidos.
Al mismo tiempo se aplicó otra reforma muy ambiciosa que fue la se realizó sobre las transferencias monetarias, que abarca a la Tarjeta Uruguay Social y a las Asignaciones Familiares. Este esquema, logró convertirse en una herramienta muy potente con amplia cobertura, especialmente en los hogares con menores a cargo. Este esquema se completó con la reforma tributaria, que moderó el crecimiento de los ingresos más altos.
Estas fueron un conjunto de políticas que tuvieron un efecto de “pinzas” sobre la distribución del ingreso ya que aumentaron los ingresos más bajos y enlentecieron el crecimiento de los ingresos más altos.
Para tener una idea de la magnitud de dicha reducción, vale la comparación que realizó el primer expositor: en cinco años Uruguay acortó entre un tercio y la mitad de la desigualdad que nos separa de los países más igualitarios del mundo. La magnitud de la caída en un período de tiempo tan corto es una rareza histórica. Este resultado es un activo de todo el FA, que tiene que ser señalado con orgullo.
La primera importante lección que puede extraerse de ese proceso es que para bajar los niveles de desigualdad es necesaria una serie de políticas, no es suficiente con una sola. Hay que además atacar el fenómeno en varias dimensiones al mismo tiempo, como ser, el aumento de los ingresos más bajos y el freno al crecimiento los ingresos más altos.
La segunda lección que debe tenerse en cuenta para la construcción programática refiere justamente a los límites que presentaron esas políticas, cuyo efecto, por diseño, fue esencialmente de primera ronda. Los años siguientes, en particular los del último gobierno del FA, en el que el crecimiento económico se vio enlentecido, no presentaron modificaciones en la desigualdad, que quedó estancada.
Por otro lado, Mauricio también señaló que para comprender lo sucedido con la desigualdad, su caída y posterior estancamiento, es necesario puntualizar lo que sucedió con el 1% más rico de la población. La porción de ingresos que se apropia este exclusivo segmento, que es aproximadamente lo mismo que se apropia el 50% más pobre de la población, se mantuvo estable durante los gobiernos del FA. Sus ingresos provienen mayormente del capital.
Como conclusión de este repaso, puede decirse que una vuelta al gobierno que restaure las políticas que el FA implementó hasta 2019 no va a reducir la desigualdad, que no se redujo desde 2014. Si no desplegamos nuevas políticas, nada distinto va a pasar. Con esta constatación en mente es que debe encararse la elaboración programática.
¿Cuáles son las políticas que deben implementarse para reducir la desigualdad? En primer lugar, tenemos que ser audaces en toda la línea de frente, es decir, usar todas las herramientas que el gobierno tiene disponible: la política salarial, las transferencias monetarias y la política tributaria. Si sucede de esta forma, los objetivos de reducción de la desigualdad pueden lograrse de forma muy rápida.
Segundo, deben combinarse medidas incrementales, es decir, que utilicen los instrumentos ya montados, con medidas disruptivas, nuevas que muevan la aguja con una profundidad mayor.
Las políticas incrementales
Las políticas incrementales son aquellas que pueden implementarse desde “el día 2” ya que consiste en dotar de mayor progresividad, es decir, mayor poder distributivo, a las herramientas ya disponibles.
En cuanto al sistema de transferencias, a través de las asignaciones familiares y de las deducciones por menores a cargo del IRPF, el Estado actualmente alcanza al 80% del total de menores de nuestro país. Por lo que, fácilmente podría montarse un sistema de transferencias universal para todos los menores, sin contrapartida.
Por el lado de los impuestos, es posible dotar de mayor progresividad al IRPF a las rentas del trabajo.
También es posible unificar la imposición a las rentas del capital y por el trabajo, ya que, mientras el trabajo tributa a una tasa progresiva, el capital lo hace a una tasa plana. Esta característica del sistema impositivo es la principal razón por la que no se ha alterado el peso del 1% más rico.
En cuanto al patrimonio, es necesario un impuesto al patrimonio, progresivo, que grave con mayores tasas a los patrimonios más altos. La riqueza está mucho más concentrada que el ingreso.
Tiene que haber también una recuperación salarial, para los salarios más bajos en particular.
Al menos una política disruptiva
Por otro lado, existen otro tipo de políticas, distintas y nuevas, que podríamos denominar disruptivas. En este caso, afirma Mauricio, debe elegirse al menos una. Se diseñaría con tiempo y cuidado, pero tendría un efecto más ambicioso.
Una posibilidad es una la combinación de dos políticas. Por un lado, la anteriormente mencionada universalización del sistema de transferencias para menores, el cual solo faltaría extenderlo a un 20% de la población objetivo, pero en este caso, con un aumento sustantivo en los montos.
Por otro lado, esto se combina simultáneamente con lo que algunos autores han dado en llamar demogrants, una herencia social universal financiada con un impuesto a las muy altas herencias (impuesto que Uruguay no tiene).
Conservaría el aspecto solidario de la herencia, que es el legado que una generación deja a la siguiente, pero no solamente a través de la vía sanguínea. Con lo recaudado del impuesto a la herencia se constituiría un fondo que se va invirtiendo en cada persona desde que nace, y que recibe al cumplir los 18 años.
De esta forma, se acompañaría toda la infancia y la adolescencia con una transferencia de un monto significativo, para luego otorgar, con la ciudadanía plena, una suma de dinero que se desprenderá de lo recaudado. Se podría apoyar e incentivar con este monto el ahorro hipotecario, el desarrollo de un emprendimiento o la inversión en una cooperativa.
El objetivo de esta política es muy claro, es otorgar mínimas condiciones para que las personas puedan desarrollar su proyecto de vida con más libertad y con un piso de oportunidades.
La otra política disruptiva que mencionó el expositor es el empleo garantido por el estado.
Esta política consiste en que el Estado debe otorgar un empleo a toda persona que se lo solicite, por un período de tiempo determinado, al salario mínimo.
Esta política tiene por objeto deliberado reducir sustancialmente el desempleo. Esto puede tener un costo fiscal elevado, pero tiene unos grandes beneficios sociales y económicos. Por los perjuicios que genera el desempleo, pero también porque mejora la posición negociadora de los trabajadores frente a los empresarios. Ante propuestas de trabajo informal o en malas condiciones, los trabajadores tienen una opción de salida distinta al desempleo, y este ya no sirve como amenaza. Aumenta también el poder de influencia del salario mínimo.
Por último, cualquiera sea la política que se lleve a cabo, esta debe acompañarse de una política comunicacional que haga explicito el objetivo de reducción de la desigualdad de las medidas llevadas cabo. Así como existe un rango meta de a la inflación, establecido por el Banco Central, podría existir una meta de reducción de la desigualdad, u otros objetivos con impacto distributivo, como objetivos de empleo u objetivos de pobreza.
En este punto, es impostergable que el Estado se proponga la eliminación de la pobreza infantil en un plazo de tiempo determinado, ya que esta no es defendible desde ninguna posición. La eliminación de la pobreza infantil es prácticamente la eliminación de la pobreza en adultos, y la pobreza en general. Los niños viven en hogares con adultos, y si existe pobreza infantil es porque existen hogares y adultos pobres.
Las ideas expuestas muestran cómo existe un camino para producir transformaciones profundas en la sociedad y la economía uruguaya. Para visualizar ese camino es necesario audacia, que no implica una pérdida de rigurosidad técnica. La realidad pide que tengamos una perspectiva transformadora. Están en juego la situación de una gran cantidad de compatriotas.
(*) Economista
Foto de portada:
La política salarial y la creación de empleo es fundamental para disminuir la desigualdad, entre otras políticas. Foto: Javier Calvelo/ adhocFotos.
