“Si se trasciende la literalidad del articulado de la LUC, se encuentran elementos de avance de un modelo privatizador”
El debate sobre la Ley de Urgente Consideración (LUC) no puede transcurrir sólo por la literalidad del articulado, debe contemplar una lectura que permita desenredar su entramado ideológico. Esta ley se debe caracterizar como uno de los pilares de este gobierno, -de derecha, extrema derecha, con componentes fascistizantes- el cual aplica un ajuste ultraconservador y neoliberal, imponiendo un enorme retroceso en derechos históricamente conquistados. La LUC despliega sus tentáculos atacando aspectos vitales de la vida de nuestro pueblo.
La LUC se debe entender como un instrumento que busca consolidar un modelo de ajuste, presupuestal, donde se instala una lógica de Estado mínimo, cuyo principal objetivo es asegurar la tasa de ganancia de los sectores agroexportadores. De la misma se desprende una dimensión cultural, donde lo individual siempre prima sobre cualquier proceso de construcción colectivo y solidario. En síntesis, la LUC es un traje a medida que protege a los sectores más poderosos en la aplicación de su proyecto de ajuste neoliberal.
La LUC desde su génesis tiene un trayecto que comprende un claro arco de alianzas, que desnuda su carácter extremadamente regresivo y corporativo. Ese camino involucró una serie de acuerdos, el primero expresado en el documento “Compromiso por el País”, donde la coalición de gobierno expresa, en líneas generales, su programa de cara a la segunda vuelta de las elecciones nacionales. Allí se establecen líneas generales en diferentes áreas, en el capítulo 8 se desarrolla el eje Educación. El documento recibe el inmediato apoyo de las principales agremiaciones ruralistas y empresariales, Asociación Rural del Uruguay, Federación Rural, Un solo Uruguay y la Confederación de Cámaras Empresariales; a estos se pliegan los principales conglomerados de la educación privada.
Todos estos grupos de presión convergen luego en su apoyo irrestricto a la LUC. Específicamente en educación estos actores confluyen en el respaldo a los documentos emanados del think tank, Eduy21. Este think tank nutre al actual gobierno de la educación con sus principales cuadros en muchos cargos de confianza. Las dos principales direcciones en el gobierno de la educación, la Dirección Ejecutiva de Políticas Educativas y la Dirección Ejecutiva de Gestión Institucional, están bajo el mando de actores que provienen de Eduy21.
En esta lógica se establece una fuerte incidencia de los intereses corporativos privados sobre la elaboración de la política educativa pública. Estas dos unidades son las que se encargan de la elaboración de la política educativa, en lo pedagógico y metodológico, y de la gestión y ejecución del presupuesto educativo. En otras palabras, esta segunda unidad ejecuta el ajuste presupuestal en la Educación Pública que en el año 2022 superará largamente los 60 millones de dólares.
Se puede advertir que la incidencia del sector privado en la elaboración de las políticas públicas aumenta en forma sustancial y esa incidencia creciente se ve potenciada por la LUC.
En el debate público, se ha instalado una fuerte polémica respecto al carácter privatizador de la LUC en lo referente al campo educativo. El oficialismo traza una línea discursiva donde el debate transita tan solo por la literalidad del articulado, y afirma: “En ningún artículo de la LUC se plantea la privatización de la educación pública”. Está claro que la literalidad favorece esta lectura, lo que no se quiere debatir es que la LUC construye instrumentos legales e ideológicos que favorecen el proceso de privatización.
A través de estos instrumentos se advierte un proceso de creciente mercantilización del sistema, aumentando la incidencia de la lógica de mercado en la educación. Esto se traduce en el trasplante de la lógica empresarial al sistema educativo, subordinado la elaboración de la política educativa nacional a las demandas de las grandes corporaciones empresariales.
Se puede afirmar, -saliendo de la literalidad del articulado-, que la LUC favorece el proceso de privatización de la educación en dos formas conceptuales. La primera es la privatización de carácter endógeno, que implica la importación de métodos y prácticas empresariales hacia la educación, estableciendo un sistema cada vez más subordinado a las demandas de los empresarios, donde lo que prima es la productividad y la eficiencia (mano de obra dúctil y dócil) y no la formación integral de todas y todos. La segunda, es la privatización de carácter exógeno, que implica la apertura de los servicios educativos públicos al sector privado, debilitando el rol del Estado en la toma de decisiones y la construcción de la política educativa pública.
Dentro de los 135 artículos que se pretenden anular, 34 refieren a la educación. En ellos se aplican modificaciones que implican un cambio estructural en el sentido de la educación, atacando su papel transformador, formador y emancipador, conceptos esenciales para la búsqueda de una educación democrática y democratizante.
Un ejemplo contundente de esta afirmación, es la desaparición de la definición de “público” del Sistema Nacional de Educación. Esta eliminación del concepto de lo público trae como consecuencia la aparición de nuevos actores en los espacios de elaboración del sistema educativo. Entre otras modificaciones, se establece la presencia de un representante de la educación privada básica y otro de la universitaria, un representante de la educación militar y otro de la formación policial.
Otro elemento importante se puede aportar del análisis de dos artículos: el 163, apartado D, y el 193, apartados D Y F; en ellos se establecen una serie de disposiciones respecto al nuevo estatuto docente, que se creará, según la afirmación de algunas jerarquías en paralelo al ya existente.
En estos artículos quedan explícitos algunos elementos sumamente preocupantes. En primer lugar, en un pasaje se plantea el “compromiso con el proyecto de centro” como un elemento a evaluar. Inmediatamente surge la pregunta: ¿Cómo se pretende evaluar el grado de compromiso? Lo que queda implícito es el pedido de fidelidad ideológica al proyecto de centro, vulnerando de esta manera la libertad de cátedra del docente, que queda subsumido al rol de mero aplicador de un modelo (recetario) impuesto desde la jerarquía, aplicando una metodología de trabajo estandarizada.
De la fidelidad al modelo dependerá “el acceso o permanencia en el lugar de trabajo”. Como si esto fuera poco, se delega la permanencia o no en un lugar de trabajo en las direcciones liceales, violentando toda normativa de construcción técnica pedagógica de la carrera docente.
Estos artículos, y sus respectivos apartados, dejan al descubierto el trasplante de la lógica empresarial a los centros educativos.
Son un claro ejemplo de la citada privatización endógena, donde se importan métodos y prácticas del sistema empresarial al sistema público educativo.
Queda claro que, si se trasciende la literalidad del articulado de la LUC, en ella se encuentran elementos contundentes de avance de un modelo privatizador que se intenta instalar en el sistema educativo público de nuestro país.
A la pregunta que encabezaba este escrito: ¿La educación al servicio de quién?; la propia LUC la contesta en forma contundente. Bajo este marco normativo ideológico la educación queda a merced del bloque de poder, que tiene claro que quiere una educación de bajo impacto cultural para los sectores populares, dejando el acceso al conocimiento universal restringido a una élite que gobierne y dirija a su antojo.
Lo que nos jugamos el próximo 27 de marzo, es poner en jaque parte del proyecto hegemónico de este bloque; debemos avanzar en la elaboración de un programa, que plasme una educación autónoma y cogobernada, donde el acceso democrático al conocimiento y la formación integral sean ejes fundantes.
Emiliano Mandacen, Secretario general de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (FENAPES)
