La Iglesia española apenas ha reconocido la existencia de 506 casos de abusos a menores, un 40% de los reales.
Los datos disponibles indican que se tiene constancia de 1246 casos de diferentes tipos de abusos a menores, en los que la Iglesia resulta ser el máximo responsable.
El pasado viernes, consigna el portal informativo KaosenlaRed, el portavoz de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, obispo auxiliar de Valladolid, anunció en conferencia de prensa que, “tras conocerse la creación de una comisión de investigación parlamentaria, los obispos tienen que conocer la propuesta real que se nos haga”.
A pesar de estas declaraciones, añade el medio de prensa, la dirección de la Iglesia no parece dispuesta “a participar en una comisión de investigación, a pesar de que no tiene consecuencia penal alguna y donde, como está comprobado, se pueden mentir sin ningún problema”.
“A priori, nuestra inclinación (a participar) sería negativa “, declararon al ser consultados sobre su eventual participación en la investigadora.
En contraposición a ello, se denuncia, “han puesto en marcha una autoinvestigación”.
Con el objetivo de lavar la imagen de la organización, “el órgano de gobierno de la Iglesia ha elevado la cifra de víctimas de abusos a 506 (hasta ahora apenas reconocían 200) “a las que queremos ofrecer en el futuro reconocimiento y reparación”, declararon.
Del total de esos 506 casos reconocidos, “300 estarían prescritos civil y canónicamente por haber transcurrido un mínimo de 30 años desde que fueron cometidos”.
Mientras que, los 200 restantes, “podrían ser objeto de procesamiento judicial o eclesiástico y 103 casos serían denuncias de personas fallecidas”.
“Hay denuncias a clérigos, sacerdotes, religiosos, hermanos y a laicos con encomienda o trabajo en la Iglesia “, describió Argüello, quien afirmó que, por primera vez, se veían en “la necesidad de hacer un mapa” de la pederastia en España”, aunque sea un mapa, le critican, que se hace con apenas el 40% de los realmente denunciados.
Más allá de los anuncios episcopales para la apertura de archivos y documentos, se considera que “si se sometieran a una investigación judicial promovida por la fiscalía del Estado y desarrollada por un sistema judicial verdaderamente independiente”, habría al menos, la posibilidad de que los crímenes de los que se le acusan no quedaran impunes, pero ello “sería pedir mucho a una institución profundamente enraizada en el ADN del régimen político borbónico y de su ‘modélica’ transición democrática”, denuncia KaosenlaRed.
