La LUC enceguece a la fuerza policial: Resolución de INDDHH reafirma actuación ilegítima del Estado

La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) emitió la Resolución 850-2020, donde se señala “que existió actuación ilegítima del Estado, que implicó la violación de derechos humanos de las personas afectadas, a partir del uso ilegítimo de la fuerza letal y no letal por parte de la Policía Nacional”.
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Por Rolando Arbesún

La resolución publicada se refiere, a los hechos ocurridos A partir de un procedimiento policial realizado los días: 11, 12 y 13 de abril en el barrio “La Bombonera” de Malvín Norte.

La investigación desarrollada por el organismo contralor de los derechos humanos destaca, no sólo, violaciones de derechos durante la ejecución del procedimiento, sino que, incluye una serie de recomendaciones al Ministerio del Interior.

El documento de 8 páginas, comienza realizando una presentación de antecedentes que permiten contextualizar lo sucedido, luego de iniciado el procedimiento policial que tuvo varias etapas de desarrollo.

La investigación realizada por la Institución, señala la Resolución, fue notificada al ministerio del Interior mediante Oficio 259-2020.

En dicha oportunidad se solicitaba esa cartera, se informara, en un plazo de 10 días, los fundamentos del operativo policial y su extensión por tres días consecutivos, la eficacia del mismo y la cantidad de personas arrestadas y sometidas al accionar de la justicia penal.

El pedido solicitaba, se informara de las resoluciones judiciales alcanzadas, así como, el tipo de munición empleada por las fuerzas policiales, discriminando las mismas en municiones letales y no letales.

A ello se añadía, se justificara el uso de las mismas, de acuerdo a la normativa vigente en la Ley No. 18.335 (Ley de Procedimiento Policial).

El día 24 de abril, informa la Resolución, el ministerio del Interior respondió que el pedido había sido dirigido a la Dirección Nacional de Policía, la comunicación recibida por la INDDHH no especificaba el plazo que tendría la respuesta a lo solicitado en el Oficio No. 259-2020.

En atención a esta respuesta del ministerio del Interior, la INDDHH envió un nuevo Oficio a la cartera (No. 2616/2020) donde se señalaba que de acuerdo a los establecido en el artículo 21 de la Ley No. 18.446, “se confería un nuevo plazo de 5 días para la remisión de la información solicitada”, el Oficio agregaba, se informara “el término necesario, para dar cumplimiento al requerimiento”.

La Resolución del INDDHH, describe que el procedimiento policial en cuestión, había tenido como resultado inicial, la detención de tres personas por el presunto delito de “desacato”, algo que fuera desestimado por el Fiscal ya que “no había una prueba fehaciente de que los detenidos hubiesen cometido algún hecho ilícito contra los agentes”.

“La intervención policial arrojó un saldo de varias personas golpeadas y heridas con impactos de munición no letal, entre ellos varios menores de edad y una persona con discapacidad intelectual. Del relevamiento realizado por la INDDHH emerge como denominador común un temor generalizado en la comunidad respecto a futuras intervenciones policiales con características similares”, describe la INDDHH en su resolución.

El documento en cuestión, continúa reseñando varios elementos que fueron integrándose a la investigación realizada, todos ellos de carácter negativo, en lo que a custodia de los derechos humanos se refiere.

Recién el 24 de junio de 2020, es decir, casi dos meses después de lo solicitado en los Oficios anteriores, el ministerio del Interior responde que “la Policía Nacional ingresa de forma diaria a la zona en cuestión, no representando, en consecuencia, algo extraño a la ciudadanía”.

Con relación al día de los hechos, el 11 de abril, señala la respuesta del ministerio del Interior, “no existen novedades registradas en el Sistema de Seguridad de Gestión Pública en el lugar de referencia”.

A pesar de la inexistencia de “novedades”, la respuesta del ministerio del Interior al pedido de la INDDHH, incorpora una suerte de “relato” policial a lo sucedido, donde se reitera lo que ya había sido publicado por varios medios de prensa en el sentido de acciones producidas por ciudadanos contra los efectivos policiales.

En el relato se informa que el día 13 de abril, “se implementó para la zona, la Orden de Operaciones N 058/20, con la participación de 105 funcionarios de la Dirección de la Guardia Republicana”, en dicha oportunidad, agrega la comunicación ministerial, fue dañado un móvil policial y detenido un ciudadano “por provocar desorden y arrojar objetos contundentes”.

El ciudadano detenido, señala el reporte del ministerio del Interior, fue liberado por orden de la Fiscalía de Flagrancia de 9 turno.

“El tipo de cartuchos utilizados por la Policía”, agrega el informe de la Secretaría de Estado, “fueron calibre 12/70 MD posta de goma menos que letal y para el caso de cartuchería letal se utilizó el calibre 9×19 mm”.

La comunicación del ministerio del Interior, resaltaba que las actuaciones realizadas se ajustaban a la normativa vigente y respondían a acciones de prevención y disuasión de actividades delictivas.
La INDDHH en el numeral 13 de su Resolución 850/2020, destaca que “resulta totalmente insatisfactoria la respuesta brindada por parte del ministerio del Interior, que con la abundancia de evidencia (…) hay ciertos hechos que no son tomados en cuenta por parte del mismo”.

Se agrega que el relato policial no se sustenta con material de filmaciones, a pesar de contar la cartera con dichos recursos, se omiten de forma “alevosa”, partes relevantes de lo denunciado y no se emite una sola explicación del ataque alevoso del que fuera objeto una vivienda de la zona.

“Estos sucesos no deberían seguir ocurriendo”, enfatiza la Resolución de la INDDHH, “y en caso de acontecer las respuestas de las autoridades responsables de nuestra Seguridad Pública no deberían ser tan débiles y poco fundamentadas”.

La INDDHH, en sus consideraciones de lo sucedido, señala que “el presente caso se inscribe en un contexto de aumento significativo de denuncias referidas a maltrato y abuso por parte de funcionarios policiales recibidas en la INDDHH a partir de marzo de 2020”.

El documento describe que la Institución recibió y analizó videos aportados por vecinos de la zona, donde se constata que los efectivos policiales hicieron uso de armas de fuego “de forma desmesurada, tanto con escopetas calibre 12mm, como de pistolas automáticas”.

“En el caso de los efectivos que disparan sus armas de reglamento automáticas calibre 9 mm”, se agrega, “se advierte claramente en los videos analizados que los efectivos realizaron reiterados disparos apuntando en forma paralela al suelo”.

Los videos analizados, permiten constatar el accionar de un funcionario policial, quien luego de realizar, repetidos disparos de arma de fuego, guarda la misma y se retira hacia sus compañeros, una retirada realizada de tal forma, que evidencia la inexistencia de cualquier situación de supuesto peligro tanto para él como para el resto de los funcionarios policiales.

“El material probatorio analizado controvierte en forma eficaz la versión trasladada por el ministerio del Interior respecto a la utilización de munición letal”, se señala en la Resolución del INDDHH.

La comunicación de la Institución, subraya, entre otras cosas, que la actuación policial evidencia “una clara disparidad entre la magnitud de la intervención y los resultados alcanzados, extremo que da cuenta, además, de la ineficacia del operativo”.

En sus recomendaciones, el INDDHH, ratifica la existencia de violaciones a derechos humanos e insta al ministerio del Interior, para que inicie una investigación administrativa que permita identificar responsabilidades funcionales en las violaciones de derechos humanos constatadas.

De igual forma se recomienda, se proceda a modificar la práctica administrativa relativa a la solicitud generalizada e indiscriminada de identificación de los ciudadanos y que se implementen formas de control que aseguren que las fuerzas del orden cumplan con las normativas vigentes sobre el “uso de la fuerza”.

Forman parte de las recomendaciones, que se instrumenten mecanismos de rendición de cuentas y facilidades en los mecanismos existentes para asegurar a los que resulten afectados, la realización de las denuncias correspondientes, evitando con ello se utilicen formas de “intimidación y represalias”.

De acuerdo a la ley 18. 446, artículo 28, la secretaría de Estado dispone de 10 días hábiles “para que comunique a esta Institución su conformidad con estas recomendaciones o su discrepancia”.

El ministerio del Interior, tiene pues la palabra, resta preguntarse si como ha sido norma hasta el presente, volverán a desconocer el rol de la Institución o reconocerán que, denuncias como estas no sólo dañan la autoridad policial, sino que, impactan directamente en la “línea de flotación” de cualquier institución que se aprecie de respaldar la democracia y los derechos humanos de todas y todos los ciudadanos.

La fuerza policial, en sociedades democráticas, no puede andar por el mundo, esgrimiendo el ambiguo enunciado “de tu lado”, hechos como este demuestran que tal posicionamiento es, no sólo falaz, sino que, constituye un boomerang que al retornar hace posible se alimenten miedos y discrecionalidades varias.

Denunciar esto es defender la democracia, aún de aquellos que dicen son sus “garantes”.

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