Paola Beltrán
La muerte de diez adultos mayores en un incendio en un “residencial” en Treinta y Tres y el fallecimiento de una adolescente que se encontraba bajo el cuidado del INAU dejaron al descubierto serias negligencias por parte del Estado para garantizar los derechos de las personas con mayor nivel de vulnerabilidad. Ambas circunstancias son emergentes de una realidad sumamente compleja que habla de un modelo social y económico al que no le tiembla el pulso a la hora de dejar personas en el camino.
La tragedia
En la madrugada del domingo 6 de julio se produjo un incendio en un residencial para adultos mayores en el departamento de Treinta y Tres. En la tragedia fallecieron diez personas.
Las conocidas también como “casas de salud” no suelen ser edificaciones pensadas para estos cuidados sino más bien una casa grande con varias habitaciones en las que en algunos casos se realizan algunas reformas.
No es la primera vez que este tema y en particular el nivel de control por parte del MSP está en tela de juicio, pero esta vez la alarma sonó fuerte.
Nino Medina es Diputado de ese departamento por el Frente Amplio y consultado sobre este tema por EL POPULAR en Radio explicó que se trata “del hecho más grave que se produce en establecimientos de larga estadía, lo que conocemos como «residenciales», a nivel de todo el país, con la muerte de diez adultos mayores que es la totalidad de quiénes residían en este centro”.
“Claramente queda de manifiesto una enorme debilidad del Estado a nivel de los controles, a nivel del acompañamiento, apoyo y garantías para quienes viven en esos centros, para las familias que deciden que sus familiares vayan a estos centros residenciales y con una sociedad olimareña muy afectada por lo acontecido”, agregó.
Medina informó que “según lo que tenemos de información había solo una persona cuidando, quien es que sale con vida por una de las salidas laterales, un garaje. En un local que son casas de familia amplias que se alquilan para estos centros y que este, además, estaba cerrado con rejas desde fuera lo que hizo muy complejo el trabajo de bomberos que fueron quienes llegaron en primera instancia a intentar salvar a estas personas junto con los equipos de ASSE que llegaron luego”.
El diputado afirmó que existe una gran debilidad en los controles del Estado, en este caso a través de las dos instituciones regentes que son el MSP y en segundo lugar el MIDES. El primero realiza los controles vinculados a la salud y el segundo realiza la articulación social entre quienes viven en los residenciales y sus familias. La dificultad en los controles se agudiza en el interior del país.
Sobre la rápida salida del MSP declarando que el establecimiento estaba en buenas condiciones y en proceso de regularización, Medina señaló que le “parecieron increíbles” y “poco acertadas” teniendo en cuenta lo complejo de la situación.
Respuesta del FA
A raíz de esta situación la bancada de Diputados del Frente Amplio (FA) decidió realizar un pedido de información pública y dos pedidos de informe al MSP y al MIDES.
“Al mismo tiempo hemos decidido conformar un equipo técnico que ya está trabajando para seguir reuniendo elementos de cara a encontrarnos con los ministros en tres comisiones del Parlamento, al cual le hemos derivado este tema, no es un llamado a sala, definimos que la gravedad del tema implica un trabajo más serio y menos de debate político”, explicó.
Las Comisiones que estarán trabajando sobre el tema serán la Comisión de Salud, la Comisión de Derechos Humanos y la Comisión de Población y Territorio. En ellas se recibirá al MSP, al MIDES, a la Institución Nacional de Derechos Humanos y a varias organizaciones que se han expresado sobre este hecho puntual. El objetivo es “ir a más, queremos analizar el contexto, la realidad que tienen los residenciales, estos centros de larga estadía a lo largo y ancho de todo el país”.
Medina recordó que en el último gobierno de Tabaré Vázquez se impulsó, más allá de que no se logró el presupuesto acorde, un Sistema Nacional Integrado de Cuidados. Uruguay tiene un lento pero progresivo proceso de certificación de estos centros se avanzó en la formación de los cuidadores, etc. Sin embargo, este proceso está en pausa.
“Quién diga lo contrario lo invito o la invito a que pase por una oficina territorial del MIDES o del BPS y plantee que quiere cuidar o que tiene un familiar para ser cuidado y ahí escuche la respuesta que se le va a dar. A eso me refiero con un Sistema de Cuidados en pausa porque es la orientación que ha decidido este gobierno”, concluyó.
La desprotección de INAU
El 8 de mayo falleció una adolescente de 16 años tras una cesárea por un parto prematuro y se convirtió en la primera muerte materna del año. La adolescente estaba bajo el amparo del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) en un residencial de Rivera y fue víctima de explotación sexual en un contexto de salidas no acordadas.
Natalia Argencio, integrante del Directorio de INAU por el FA informó que, además, el expediente sobre este hecho se crea dos meses después, luego que solicitara información en el Directorio al respecto cuando el caso tomó luz pública tras un informe en Radio Sarandí.
No es un caso aislado y tiene que ver con lo que la propia Argencio viene denunciando sistemáticamente: el nivel de negligencia del INAU en el cumplimiento de su tarea de garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes (NNA).
A raíz de la gravedad de este hecho y de los antecedentes de la actual gestión de la Institución, la bancada del FA presentó una moción en el Parlamento este miércoles para promover una interpelación a INAU y MIDES.
En la conferencia de prensa del día martes se informaron los argumentos que sustentan dicha interpelación en la que la Senadora Silvia Nane será la encargada de ser la miembra interpelante.
Estado de situación
Nane señaló que “la situación de la niñez y la adolescencia en nuestro país es un tema que se ha complejizado”.
Explicó que si se toman en cuenta los datos del Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia (SIPIAV) “el incremento ha venido siendo realmente pavoroso”.
En 2020 se registran 4911 situaciones, en 2021 pasan a 7035, en 2022 a 7473 y el 2023 cerró con 8157. “Son situaciones, no denuncias, que tienen nombre, apellido, y cédula de identidad”, aclaró la senadora.
“Si nosotros sumamos a esto que estamos en una situación en donde 1 de cada 5 menores de 6 años en nuestro país es pobre con la desprotección material que la pobreza implica y que muchas veces los hogares no son capaces de sostener la crianza y la protección es bastante lógico el número que vemos después: el sistema de protección especial de INAU por causal pobreza se incrementó de 10,7% que era en el primer semestre al actual 20,4 % al segundo semestre del 2023”, informó.
“Todo esto se da en una situación de contexto que pone a los NNA en situaciones que nada tienen que ver con su vida propia sino más bien con un mundo que los termina vulnerando, ese mismo mundo hace también que cuando estas situaciones van al sistema de justicia, el sistema de justicia lo que determina es al amparo de INAU. Cuando estos gurises y gurisas ingresan en el servicio de protección de INAU muchas veces ingresan por los centros de breve estadía, muchas otras veces están en hogares de 24 hs y muchas otras veces a partir de episodios agudos, terminan en establecimientos de salud”, señaló.
Y afirmó que “todo este contexto vulnera en muchos sentidos por la forma en que está siendo gestionado el sistema de protección especial las trayectorias de vida de estos NNA. Hay muchísimos casos también con nombres y apellidos de vidas rotas. De vidas que en definitiva a todos nos competen pero que se están dando bajo lo que debiera ser la protección del Estado”.
“Hay otras tantas vidas rotas, tenemos varios informes de la INDDHH sobre algunos de los centros de breve estadía, sobre las clínicas de salud mental y hemos hecho a lo largo de este período legislativo varios llamados a Comisión, algunos de ellos a la Comisión de DDHH, varios pedidos de informe, varios pedidos de acceso a la información pública que han sido respondidos algunos a medias, otros apenas esbozadas respuestas que parecen más un balbuceo de las autoridades y una especie de justificación de lo que no se puede hacer que respuestas que tengan que ver con la protección de NNA”, aclaró.
“En todo ese contexto que les acabo de mencionar de vulneraciones duras, de vulneraciones de un Estado que no está pudiendo ejercer su rol en la protección de ejercicio del derecho a una vida libre de violencia es que vamos a enmarcar esta interpelación a las autoridades de INAU bajo la responsabilidad política del MIDES”. sostuvo.
Nane explicó que la interpelación se hace necesaria porque “es una situación muy grave la desprotección que están teniendo los NNA de nuestro país y entendemos que es una situación insostenible para una sociedad que no puede quedarse en la resignación que con esto no se puede hacer nada, pero es sobre todo insostenible para la vida de los gurises y gurisas que están viviendo hoy en la vulneración de sus derechos”, concluyó.
Foto
Residencia de ancianos. Foto: Pablo La Rosa / adhocFOTOS.
