La semana que culmina ha mostrado al gobierno de derecha, y al bloque de poder que expresa, en una situación de debilidad política creciente, y, a la vez, ha explicitado su decisión de fugar hacia adelante e intentar imponer su restauración conservadora y el ajuste neoliberal contra viento y marea, particularmente con la reforma jubilatoria, por ello la movilización convocada por la Intersocial, el PIT-CNT y ONAJPU para este 27 de diciembre adquiere enorme relevancia y centralidad.
Esto es así porque, en la etapa de acumulación de fuerzas en la que estamos, la movilización, el fortalecimiento del movimiento popular, el debate más amplio posible en la sociedad sobre los dos proyectos de país que están enfrentados, es y seguirá siendo el principal espacio a construir para que el bloque político y social de los cambios alcance un nuevo y necesario nivel en la disputa por la iniciativa con el bloque de poder, pase a la ofensiva y abra camino para la perspectiva popular.
Un presidente y un gobierno golpeados
Este editorial no aborda un balance del año, un principio de este lo realizamos en la edición de la semana pasada de EL POPULAR, incluso intentándolo reflejar en nuestras tapas, hoy nos vamos a referir a algunos de los elementos políticos que marcan el fin de año y que ratifican la caracterización que realizamos de este 2022: el año en que el bloque político y social de los cambios le disputó la iniciativa al bloque de poder y a su gobierno de coalición de derecha.
Hay una primera constatación que este final de 2022 muestra claramente: el bloque de poder, particularmente el gobierno de la coalición de derecha y muy especialmente el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, terminan el año en una situación de creciente debilidad política ante la opinión pública.
Esto es así por el impacto de los casos de corrupción, nos referimos al accionar de una banda criminal en Presidencia de la República, que tuvo como operador nada menos que al Jefe del Servicio de Seguridad Presidencial, Alejandro Astesiano y también al impresentable manejo de la situación que terminó con el otorgamiento de un pasaporte para que el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset pudiera recuperar la libertad y fugarse de Emiratos Árabes, donde estaba detenido por entrar con un pasaporte falso paraguayo. El presidente y el gobierno de derecha han quedado presos en la maraña de contradicciones, declaraciones apresuradas y mentiras directas que sobre ambos casos han dicho.
Esto es muy grave, estamos hablando de que el presidente y el gobierno le mintieron al Parlamento y a toda la población, y no una vez, varias.
En su recordada comparecencia pública apenas se conoció la detención de Astesiano, Lacalle Pou dijo que no tenía “indicios” sobre su accionar delictivo, que no conocía sus antecedentes y hasta lo calificó como “un funcionario ejemplar”. El presidente Lacalle Pou mintió. También mintieron en el Parlamento el ministro del Interior Luis Alberto Heber y el pro secretario de la Presidencia de la República, Rodrigo Ferrés, cuando intentaron negar que Astesiano era el Jefe del Servicio de Seguridad Presidencial y lo quisieron presentar como un simple guardaespaldas venal. Cada día que pasa queda más claro que Astesiano era parte de un esquema delictivo que funcionaba en Presidencia de la República, que otorgaba pasaportes irregularmente a ciudadanos rusos y ucranianos, que hacía tráfico de influencias, información sobre licitaciones, usaba información delicada, tecnología y recursos del Estado para beneficiar a particulares, cobraba coimas, espiaba a senadores y ahora también se sabe que espiaba y controlaba hasta a la propia ex esposa del presidente de la República. En el caso Marset también se le mintió al Parlamento y se dijo que no se sabía quién era cuando se le dio el pasaporte, ahora quedó claro que sí sabían quién era y aún así le dieron el pasaporte y hasta escribieron una carta para facilitarle la fuga.
A la renuncia de jerarcas policiales por el caso Astesiano, se sumó esta semana la de la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carolina Ache, por el caso Marset. No son hechos menores, pero estamos lejos de que el gobierno asuma la gravedad de la situación. No hay que abandonar la denuncia y reclamar, además de que se respete y permita la acción de la Justicia y que no se presione y se censure a la prensa, la realización de investigaciones a fondo en Presidencia, en el Ministerio del Interior, en Cancillería y la delimitación de responsabilidades. Estos casos muestran una degradación institucional muy grave. El gobierno tiene que dejar de mentir y hacerse cargo.
La reforma jubilatoria y el ajuste permanente
Pero, aunque el tema anterior sea sumamente grave, que lo es, y motive día tras día la atención de la ciudadanía y de los medios, está muy lejos de ser el único aspecto relevante que se dilucida en estos días.
El Senado culminará, los días 27, 28 y 29 de diciembre, la discusión, una vez más apresurada, de la denominada Reforma de la Seguridad Social, en realidad una reforma jubilatoria, y siendo más precisos la versión en la Seguridad Social del ajuste neoliberal, propuesta por el gobierno y la coalición de derecha que lo sostiene.
El PIT-CNT, la ONAJPU, toda la Intersocial y el Frente Amplio han expresado, con fundamento, su rechazo a esta reforma. En editoriales anteriores hemos abordado los argumentos extensamente.
Hoy queremos repasar solamente los centrales. Esta reforma no resuelve ninguno de los problemas de la Seguridad Social y menos que menos el que la derecha ha señalado como el principal: el del financiamiento del sistema. No hay ninguna medida que implique generar más recursos para la Seguridad Social, se mantienen los aportes del capital tal cual están, menores que los de las y los trabajadores, no se plantea ningún aporte extraordinario de los sectores que han ganado mucho dinero en estos años, nada, incluso el sistema de seguridad social tendrá menos recursos por los costos de la transición al nuevo marco previsto y en particular por el traslado de cientos de millones de dólares a las AFAP, que ahora serán de afiliación obligatoria.
La consecuencia principal de esta reforma es que las y los trabajadores tendrán que trabajar más años, ya que la edad jubilatoria se aumenta al barrer, tendrán que aportar más y cobrarán jubilaciones menores. Esta conclusión, respaldada por serios y documentados estudios, fue planteada por el PIT-CNT, el gobierno ha atacado políticamente a quienes la plantean, pero no la ha podido refutar. Los números de esta reforma, apurada, sin diálogo social real, parcial e injusta, no cierran.
En momentos en que la Organización Internacional del Trabajo, la CEPAL y hasta el FMI, advierten del aumento de la pobreza y la desigualdad en el mundo, y también del hambre, y recomiendan que se amplíe la cobertura de la seguridad social, el gobierno de derecha decide, contra viento y marea, ir en sentido contrario, recortar derechos y solamente favorecer el lucro. Es que ven la seguridad social como un espacio para los negocios, no como un instrumento para garantizar derechos y enfrentar la creciente desigualdad.
Uruguay termina el año con más desigualdad, con más concentración de la riqueza. El 2022 termina batiendo récord de exportaciones, con sectores económicos que están muy arriba de los niveles de antes de la pandemia, con los depósitos en el exterior creciendo en 10 mil millones de dólares, y, a la vez, con los salarios y las jubilaciones cayendo por tercer año consecutivo, la pobreza y el hambre creciendo, en particular entre las y los jóvenes y las y los niños.
La tan mentada y urgente reforma de la seguridad social del gobierno no tiene una sola respuesta para esto. Ni una. Al contrario, recorta derechos y cobertura y golpea a los sectores más vulnerables a los que, con esta reforma, les será casi imposible jubilarse.
En el Senado se dio una discusión importante, a la Comisión Especial creada fueron más de 90 organizaciones sociales, que no habían sido escuchadas por el gobierno. El 27, en el debate en general del proyecto del gobierno en el Senado, se dará una discusión y una batalla política central, que tiene impacto sobre la lucha general contra el ajuste neoliberal en marcha.
A pesar de que la derecha previó la votación entre Navidad y fin de año y apostó, hasta en eso, a dificultar la discusión ciudadana y la movilización, habrá respuesta popular. La convocatoria es el 27 de diciembre, a las 10 horas, a llenar las barras y expresar en el Parlamento el rechazo a este nuevo componente del ajuste neoliberal que genera desigualdad y concentración de la riqueza y el poder.
El año terminará como empezó, con la derecha, aún en situación de debilidad política, intentando imponer a marchas forzadas su ajuste y con el bloque político y social de los cambios respondiendo con argumentación y lucha.
Ese sigue siendo el camino: unidad, lucha y perspectiva. El 27 todas y todos al Parlamento.
Foto de portada:
Concentración de la Intersocial bajo la consigna «Contra el modelo de la desigualdad y su reforma jubilatoria» en la plaza 1ro de Mayo. Foto: Mauricio Zina / adhocFOTOS.
