En 1995 por medio de la ley N° 16.173 se aprobó una de las leyes más regresivas en cuanto a los derechos de los trabajadores a acogerse a una jubilación digna. En esta, se creó las administradoras de fondos de ahorro previsional (AFAP) y estableció una reforma estructural del sistema de jubilaciones y pensiones que cambió el sistema vigente a uno mixto, incorporando la participación de agentes privados y obligaciones de capitalización individual definidas por niveles de ingreso.
Este nuevo sistema aumentó las exigencias para acceder a los beneficios: se elevó la edad jubilatoria de la mujer (de 55 a 60 años en forma escalonada), modificó el período de cálculo del sueldo básico jubilatorio, rebajó las tasas de reemplazo (porcentajes de asignación jubilatoria basados en los aportes y los años de trabajo) y aumentó a 35 el mínimo de años de trabajo. Estableció, además, que parte de los aportes personales pasaran a financiar el sistema de ahorro individual.
La LUC crea la Comisión de Expertos en Seguridad Social, donde se le encarga una Reforma Estructural de la Seguridad Social del Uruguay. El anteproyecto, que consta de más de 300 artículos, propone ir nuevamente en perjuicio de los trabajadores: aumentan la edad de retiro de 60 a 65 años, reducen el salario básico jubilatorio (mediante la ampliación de la base de cálculo a los mejores 300 meses), sustituyen la tasa de reemplazo por una tasa de adquisición de derechos que será mucho menor y reducen las prestaciones por incapacidad laboral.
Se agudiza la ofensiva neoliberal contra los derechos de los trabajadores, se profundiza las políticas económicas de ajuste, donde van por los que menos tienen, nuevamente protegiendo a los “malla de Oro”. Nuevamente el presidente, como lo hizo con la promesa de no subir las tarifas públicas y los combustibles, en esta reforma también incumple su promesa de no aumentar la edad jubilatoria.
Según Marcelo Abdala, presidente del PIT-CNT, se trata de “un proyecto de reforma jubilatoria que recorta derechos”, centrado en los “egresos de la seguridad social en vez de en los ingresos”. “Esto significa que efectivamente no existe un solo planteo que ubique la mejora de los ingresos de la seguridad social, por ejemplo, gravando a la gran riqueza del país. Es un proyecto de recorte, mira las cuestiones de la financiación solamente desde el punto de vista de achicar, considera la seguridad social como un gasto innecesario, cuando sabemos que esto hace al pilar de la protección social de trabajadores”.
La baja natalidad y el aumento de la esperanza de vida, derivo en la deformación de la pirámide poblacional, con mayor envejecimiento y en consecuencia la reducción del ingreso por aportes y un aumento en las retribuciones por pasividades.
Esta reforma no puede solo suscribirse en la discusión en el ámbito político-partidario, es necesario que esta discusión se abra a todas las instituciones y organizaciones sociales y sindicales vinculadas a la seguridad social, sobre todo en defensa de la seguridad social pública, universal, solidaria, sin fines de lucro.
Gustavo Chiriff, PCU / Frente Amplio
Fuente: https://diariocambio.com.uy/2022/08/05/la-seguridad-social-en-debate/