Rodrigo Gorga (*)
El próximo 27 de octubre se disputan diferentes modelos económicos que se reflejan en las propuestas programáticas (ya discutidas en estas páginas), pero también quedan evidentes al examinar los resultados de las políticas aplicadas durante este período de gobierno. Estos resultados no fueron producto de fuerzas sobrenaturales, a menudo citadas como responsables de los magros indicadores en áreas sensibles, las crisis externas que el gobierno tuvo que afrontar. Sin embargo, un breve repaso de los últimos cuatro años demuestra que no hubo magia alguna; una vez más, fue la política.
En primer lugar, conviene analizar el crecimiento económico, uno de los indicadores clásicos para evaluar la situación macroeconómica del país. Este se mide mediante la variación del Producto Bruto Interno (PBI), que publica trimestralmente el Banco Central del Uruguay (BCU), y representa la suma de todos los bienes y servicios producidos en el país, expresados en su valor monetario. Tras una fuerte contracción en 2020, el PBI mostró una recuperación que en 2022 superó los niveles de 2019, cerrando 2023 un 2,8% por encima.
Antes de abordar las variables que relacionan este crecimiento con la calidad de vida de la población, es útil detenerse en otros indicadores macroeconómicos que fueron objeto de intensa discusión en la pasada campaña electoral. Uno de ellos fue el uso de los fondos públicos, en particular el déficit fiscal, que es la diferencia entre los gastos del Estado y sus ingresos por impuestos, calculado mensualmente por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). La coalición de derecha lo señalaba como insostenible en ese entonces. Sin embargo, los datos actuales muestran un déficit del 4,6% del PBI, muy similar al de 2019, apenas 0,2 puntos porcentuales por encima del dejado por la última administración del Frente Amplio.
Donde sí se observa una gran diferencia con respecto a 2019 es en el endeudamiento del Estado, y esta no es precisamente favorable al gobierno actual. Medido a través de la deuda neta como porcentaje del PBI, según datos del MEF y el BCU, la deuda neta aumentó del 45% al 55% del PBI.
Es pertinente recordar las promesas que se hicieron para conquistar el gobierno, pues han quedado incumplidas. Se afirmó que se ahorrarían 900 millones de dólares sin afectar salarios ni prestaciones sociales. El ajuste realizado en 2021 y 2022 no solo afectó jubilaciones y salarios, sino también importantes servicios sociales del Estado, cuyo deterioro se refleja en el empeoramiento de los indicadores sociales para los sectores más vulnerables.
La caricatura que se intentó dibujar sobre el Frente Amplio y los impuestos revela más promesas incumplidas. Ningún eslogan puede ocultar el aumento de impuestos que se llevó a cabo apenas asumido el gobierno, mediante la reducción de la quita del Impuesto al Valor Agregado (IVA) por pagos con tarjetas de débito. También se incrementaron los impuestos al reducir el mínimo no imponible y ajustar las franjas del IRPF y el IASS, cambiando la forma de cálculo de la Base de Prestaciones y Contribuciones (BPC). Aunque los últimos dos impuestos se redujeron al final del periodo, fue solo para el 25% y 30% de los mayores ingresos. Para los más desfavorecidos, nada.
Se insiste repetidamente en que este gobierno no ha dilapidado recursos públicos en proyectos «ruinosos». Seguramente no incluyan en ese balance la opacidad que ha cubierto diversas áreas de la actual gestión, que difícilmente algún historiador pueda calificar de transparente. Porque los favores a los amigos también son una forma de gestionar lo público, cuyo resultado es una mayor desigualdad. Parece que la obsesión con la «desidia y el poco apego» del pasado los distrajo de lo que sucedía bajo sus narices.
La inflación, medida a través del Índice de Precios al Consumo (IPC) que publica mensualmente el INE, quizás sea el indicador que más entusiasme a las autoridades actuales. Esta cayó del 7,88% en 2019 al 5,11% en 2023. Aunque la disminución es considerable, el descenso del valor del dólar, base de esta reducción, ha generado lo que algunos denominan el mayor «atraso cambiario» de la historia, con perjuicios para el tejido productivo y las zonas del país más expuestas a la competencia regional. Su sostenibilidad a largo plazo está en duda.
¿Cómo se traducen estos indicadores macroeconómicos en la calidad de vida de la población? Para que se refleje en mejoras para las mayorías, lo importante es la variación de los precios en relación con los ingresos de las personas, la capacidad del crecimiento económico para generar empleo de calidad y distribuir equitativamente la riqueza generada.
Llegamos así al punto de analizar cómo estos indicadores macroeconómicos afectan la vida cotidiana. Es aquí donde se manifiesta la peor cara de este modelo. El gobierno ha reivindicado la creación de 80.000 puestos de trabajo, aunque recientemente han surgido críticas desde la Universidad de la República cuestionando la metodología del INE para comparar 2023 con 2019.
Incluso dando por válida la cifra del INE, resulta desolador que, pese a tener una economía más grande y con más gente empleada, la pobreza haya alcanzado el 10,1% en 2023, comparado con el 8,8% en 2019. Aunque la situación parece haber mejorado en 2024, evidencia claramente el perfil distributivo de un modelo económico que incrementa los recursos pero los reparte de forma desigual.
Esto es consecuencia directa de la política salarial del gobierno. Es cierto que el salario real, que mide el poder adquisitivo promedio comparando el salario nominal con el índice de precios, finalizará el periodo por encima de su valor en 2019. Pero hubo pérdidas durante más de dos años, lo que representó un traspaso de más de 2.000 millones de dólares a las rentas del capital.
Más de 100.000 nuevos salarios sumergidos (menores a $25.000 mensuales) explican cómo el crecimiento económico fue compatible con el aumento de la pobreza. No hay políticas sociales que puedan contrarrestar una política económica favorable a los grandes empresarios. En las últimas dos rondas de los consejos de salarios, el gobierno votó 52 veces con las patronales y solo 6 con los trabajadores.
No hace falta disfrazarse para ser un payaso. Los indicadores económicos siempre permiten discusión y reinterpretación, ya que son construcciones imperfectas que intentan aproximar fenómenos sociales complejos. Pero en algunas ocasiones, la realidad es tan obstinada que no hay lente que distorsione la mirada.
La desigualdad es el gran espejo del gobierno, que nos devuelve la imagen sin maquillajes. Según un estudio del Instituto de Economía de la Universidad de la República, no solo el crecimiento no llegó a los hogares, cuyo ingreso cayó un 1,6% respecto a 2019, sino que solo el 5% más rico se benefició, a costa de todos los demás, especialmente del 20% más pobre.
No fue la mala suerte la responsable de estos resultados. Mientras América Latina muestra en la mayoría de los países una mejora en la desigualdad, alcanzando niveles similares a los de 2019, aquí «los nadies» siguen esperando. No habrá un día mágico en que les llueva la buena suerte. No será la suerte, será la política la que rompa el espejo.
(*) Economista.
