Por Moriana Alberro
SUTIGA cuenta con 2500 trabajadores, distribuidos entre los diferentes programas impartidos por el Mides: Programa Calle, Programa Uruguay Crece Contigo, Uruguay Trabaja, FOCAT e IMPULSA a nivel nacional.
Robaina sostuvo que el trabajo social “es mucho más que dar una canasta, es mucho más que cargar doble una tarjeta, el MIDES no es solo dar tarjetas, hacemos procesos de acompañamiento de muy largo plazo en el que tratamos de construir estrategias muy cercanas con la familia, de mucha confianza y contención, acercamos a las familias que están más sumergidas a la red de servicios sociales y asistenciales, es mucho más que lo que se ve en los medios”. A su vez, enfatizó que el objetivo es “valorizar nuestra tarea e ir en contra de ese discurso que nos desprofesionaliza, precariza y establece que somos prescindibles y sustituibles por cualquiera que tenga voluntad de ayudar a alguien”.
Robaina señaló que “hace mucho tiempo que el Ministerio contrata a sus trabajadores en forma tercerizada a través de organizaciones de la sociedad civil (OSC) y cooperativas” con una relación laboral durante el lapso de tiempo que establece el convenio. A su vez, indicó que las modificaciones en los términos del programa repercuten directamente en los convenios y contratos laborales.
Sobre la situación actual de los programas del MIDES, Robaina señaló que “las nuevas autoridades están revisando todos los programas y todos los convenios” y se plantea “una reestructura con algunos argumentos que esbozan en la prensa que refieren a no continuar con la intermediación de las organizaciones de la sociedad civil”.
“Las decisiones tienen que ver con precarizar el trabajo, se propone trabajar mediante unipersonales, un contrato aún más precario que realizar un convenio con una ONG. Hay algunos que se tendrían que haber renovado y quedaron sin efecto. En llamados que se realizaron el año pasado, las organizaciones se presentaron para gestionar y el nuevo gobierno los frenó”, relató Robaina.
Sobre las comunicaciones desde el gobierno, Robaina sostuvo que han sido “informales”, ya que, por ejemplo, las OSC que iban a gestionar el Programa Uruguay Trabaja por haber ganado las licitaciones que las autoridades entrantes no firmaron, “no han sido notificadas”. “Si soy organización, gané un convenio y no se me va a asignar, corresponde que las autoridades me avisen formalmente. Compañeros u organizaciones que ganaron tal llamado y quedó sin efecto, esa comunicación no se ha dado por los canales institucionales ni formales, están a la espera. Hay muchos trabajadores que se enteraron por la prensa que el programa no iba a seguir intermediando con las organizaciones”, explicó.
A su vez, Robaina sostuvo que desde el gobierno se quiere “intervenir en el proceso, cambiar los términos de las licitaciones, imponer su impronta política, económica e ideológica a lo que fue el Ministerio”, mediante “cambios en los objetivos de los programas”. A los trabajadores les “preocupa cuál es la mirada de las nuevas autoridades, porque un recorte presupuestal o la precarización de los programas no creen que sea la estrategia”.
Sobre las declaraciones de Mónica Bottero, responsable de Inmujeres, que plantea la flexibilización de los requisitos para quienes trabajan en los servicios, Robaina se preguntó si esto “implicaría desprofesionalizar la actividad y que trabajen allí personas que no están preparadas para trabajar el fenómeno, con la complejidad que implica”.
“Tenemos el discurso y la intencionalidad de las nuevas autoridades, hay un discurso de introducción al voluntariado, parece que cualquiera puede trabajar en esto, somos gente que tiene una larga trayectoria, con mucho conocimiento específico acumulado, sabemos que no son cosas que se resuelvan sencillamente, los discursos que circulan y las intenciones que se manifiestan no son buenas señales para trabajadores y usuarios de los servicios”, indicó Robaina.
Respecto de la continuidad de los servicios, Robaina indicó que “es relativo” que no se vayan a cortar los programas y servicios, ya que algunos están “interrumpidos”, a modo de ejemplo, Robaina expuso que en el Programa Cercanías, que acerca servicios de asistencia y salud a familias que están en situación vulnerable, “hay convenios que terminan el 31 de mayo y aún no se renovaron”. “Se hizo un llamado a unipersonales para cerrar el proceso a fin de año, pero esas personas que se presentarán en junio no necesariamente son las mismas que trabajan actualmente con las familias que se están atendiendo. Se van a presentar como unipersonales quienes puedan y les sirva, según sondeos, de los trabajadores que están en esos cargos, a la mayoría no les sirve presentarse como unipersonal”, explicó.
“No creemos que el camino sea reducir, recortar ni precarizar los contratos de quienes implementan las tareas, porque no es lo mismo tener un contrato estable y poder hacer un proceso de uno o dos años con una persona” o “contratos por seis meses, porque el impacto concreto en ese proceso de la población que se atiende al contratar no va a ser igual. Las políticas sociales tienen que ser políticas de Estado y si se quieren ver resultados reales se tienen que pensar en una perspectiva de largo plazo, no en contratos a término, porque sino va a pasar lo que ellos vienen criticando, que los resultados no se ven”, afirmó Robaina.
“Hay parte de la asistencia que tiene que brindar el Estado que tiene que ser una cuestión de derecho, no una cuestión dependiente del gobierno que esté. Si bien el discurso que circula es otro, en realidad, yendo a la interna hay cierto desmantelamiento, porque hay precarización de los contratos de quienes implementamos, hay un discurso de intención de reducir presupuesto”, expuso.
En el caso de los servicios de atención a víctimas de violencia de género, Robaina explicó que el convenio terminó el 1° de mayo, no se firmó la licitación que daba continuidad y se firmó una prórroga. “Después de esa prórroga nadie sabe lo que va a pasar. Es verdad, los servicios están atendiendo, no se suspendió la atención, pero no se sabe cómo se va a seguir”, sentenció.
¿Y después de la prórroga qué?, se preguntó. “Trabajamos con planificaciones anuales, acordamos con las familias que intervenís o las personas que atendés un proceso a determinado tiempo, hacés acuerdos, toda esa estabilidad después de interrumpir los procesos, atraviesa toda tu intervención, no es lo mismo hacer una planificación anual, acompañamos la vida de las personas, los procesos son mucho más complejos de lo que puede durar un convenio. Los dispositivos tienen un anclaje territorial en los sectores más vulnerables del país. Somos referentes para muchas instituciones, es un apoyo, uno de los que más se apoya en Cercanías, es el Poder Judicial, para hacer seguimientos judiciales”, explicó Robaina.
Cecilia Sena, responsable actual del programa, planteó a los trabajadores la posibilidad de una fusión con “Uruguay Crece Contigo”, pero según Robaina “no está clara la modalidad de contratación, el objetivo y la metodología. Tan poco claro está que afirman que va a ser un programa distinto”.
Desde SUTIGA el énfasis está en “defender a los trabajadores y las fuentes laborales” pero además, “estamos ética y profesionalmente comprometidos con la defensa de las políticas sociales”, planteó Robaina.
“Tenemos un desafío enorme, porque que el programa continúe no es suficiente para que los procesos estén garantizados. No queremos políticas pobres para pobres, la calidad de la política asistencial tiene que mejorar, podemos discutir cómo, pero no tiene que retroceder”, sostuvo Robaina.
Foto: Uruguay Trabaja, una de las decenas de planes del MIDES. Universidad de la República.
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