Por Gabriel Mazzarovich y Victoria Alfaro
La diputada de la 1001, Unidad para los Cambios y el Frente Amplio atendió a EL POPULAR luego de una larga jornada, comenzada a las 7 de la mañana, a las 23 horas del miércoles. Con voz cansada pero firme afirmó: “Este es un episodio que muestran cuales van a ser las pautas. Es parte de una campaña que viene de antes de la campaña electoral y durante la misma contra el MIDES. Siempre queriendo imponer la idea de corrupción, desorden y caos”.
“Aquí hay un achique del Estado planteado en la LUC, donde las ONG quedan en situación de sospecha en su gestión y simultáneamente se aprovecha a cortar los convenios. Es un tema que debe ponernos en alerta. Hay que decir basta a este tipo de actuaciones. Que se realicen lo antes posibles las auditorias, si hay que hacer las denuncias que se hagan, no tenemos nada que ocultar”, afirmó la diputada.
“Quiero decir algo para que quede claro. Ya lo dijo Juan Castillo en nombre del PCU y lo quiero reafirmar en forma personal, está claro que para estos temas no habrá fueros parlamentarios, iremos donde haya que ir, porque no hay nade que ocultar”, enfatizó
“Este episodio es para de la campaña con la idea que han machacado de que el MIDES generaba vagos, la estigmatización de la transferencia monetaria, de toda esa matriz de protección social que fuimos generando con todas las leyes implementadas y que en realidad hoy sustenta la batalla contra los impactos del coronavirus y eso que las medidas son insuficientes y no aprovechan todas las posibilidades”, explicó Olivera.
Sobre el titular del diario El País la ex subsecretaria de la cartera aclaró que dicha nota habla de resultados de auditorías. “Esta es la primera mentira ya que no hubo una auditoría, sino que se conformó una comisión, todavía no hay auditorias, que son un proceso largo, es una cosa seria. En la nota hacen como que ya se hubieran hecho y además adelantan los resultados que tendrían. Dicen, sin pruebas, que hubo desvíos de fondos en relación a las ONG vinculadas a los refugios. El ministro Bartol fue más allá, habla casi de una cosa orquestada, se tira un manto de dudas sobre la probidad, la gestión de parte de las ONG, de las autoridades e incluso de los trabajadores. El manto es global, lo plantean como si fuera una sorpresa enorme que se encontraron”, explicó.
“La realidad es muy distinta, dejamos un detalle sobre la situación de las ONG a pedido de las autoridades que asumían. Hicimos una presentación general en la transición y después un anexo con cada una de las direcciones. Eso fue pensado para una transición entre direcciones de un lado y del otro. Pero eso nunca ocurrió, la transición se realizó entre los ministros, subsecretarios y directores generales, entrantes y salientes”.
“Al ministro de Desarrollo Social, Pablo Bartol, le explicamos el tema porque nos dijo que le estaban comiendo la oreja sobre las ONG. Luego recibimos una solicitud expresa del estado de los convenios, y le mandamos la información de forma muy transparente, con documentos muy claros sobre los convenios con las ONG”, dijo.
“Todo esto está escrito allí en el correo electrónico, hay 9 millones de pesos que no van a ser recuperados de inmediato porque nosotros hicimos una denuncia penal a esta organización cuestionada. Ese dinero no era de alquileres solamente, sino que incluso no le pagó a los trabajadores. La investigación está en la fiscalía de Las Piedras. En esa información señalamos que hay cuatro instituciones intimadas que no han contestado”, aclaró Olivera.
Lo peor para la legisladora es que se generan dudas sobre todas las organizaciones sociales. “Estamos hablando de una enorme cantidad de instituciones y convenios con la sociedad civil organizada, en esta caso 196. Hicimos dos denuncias penales por incumplimiento, pero no son la mayoría de las ONG”.
“Luego se habla de otra denuncia que lesiona el carácter de la solidaridad. Hay muchas personas que dejan en su testamento dinero para las instituciones, en este caso para el Instituto de ciegos José Artigas. En el 2017 luego que cesa la personería jurídica de dicha institución culmina el proceso del pasaje de las propiedades al MIDES. En el 2018 recibimos un pedido de informes del Parlamento y allí se realizó un relevamiento lugar por lugar de los bienes que habían sido donados y quedó publicado en la página web del Mides. En la nota se habla de un terreno en el departamento de Lavalleja, que quién sabe a qué amigo se lo alquilamos. Sin embargo ese campo está alquilado desde el 2002, cuando no estaba el FA en el gobierno, a la misma persona. Este contrato se renovó en el 2014 y están los datos de colgados en la página del Mides, o sea transparencia absoluta”, acotó.
“Encima la nota de El País dice que ¡no se sabe el destino de esos dineros! Existen dos cuentas que no fueron tocadas, ahí están los dineros, la explicación está a la vista”, reclamó.
Sobre lo informado en cuanto a una deuda con el BPS, “tenemos una relación de trabajo en conjunto permanente en lo conceptual y en los procedimientos y dineros. A veces les debemos y a veces ellos nos deben, incluso nos ha pasado que le pasamos dinero y ellos lo tienen que devolver. Quedó una deuda de 4 millones de pesos por un atraso vinculado con el programa de Uruguay Trabaja. Seguramente se podría haber gestionado mejor para que no se produjera esa multa, pero aquí no hubo desvíos de fondos, ni falta de voluntad de pago porque las áreas financieras trabajan de forma permanente equilibrando las cuentas. El MIDES no acostumbra a deberle al BPS”, explicó.
“Creo que es bueno mirar el cuadro global donde se cuestionan los datos del INE, los resultados del trabajo vinculado con las personas en situación de pobreza. Donde aparece como una novedad el 25% de personas que trabajan de forma informal. Se va generando esta idea que se trató de instalar de forma permanente durante la campaña electoral, cuando estaban de moda las palabras crisis y fracaso. Eso se trata de seguir matrizando, en un momento donde la LUC plantea un achique del Estado. Así como otros temas conceptuales vinculados con los procesos de participación, a nivel de la enseñanza o de los consejos consultivos. Hay muchas cosas entrelazadas en todo esto”, explicó la legisladora.
“Se nota ese tinglado con lo que pasó este domingo y da pie para otras cosas. Se montó ese manto de dudas sobre todas las ONG, cuando no se continúa con los procesos licitatorios con las organizaciones vinculadas a los temas de violencia de género. Otro ejemplo el programa Cercanías, el 31 de mayo las organizaciones cesan sus tareas y hay incertidumbre no solo con los 200 profesionales que allí trabajan, sino también con las familias involucradas. Estamos hablando de 1600 personas”, agregó.
“Incluso el director de secretaría del Mides dijo que las ONG no van a cogobernar. Nosotros teníamos una comisión de enlace que no quiere decir que las ONG cogobernaran. Ahora si trabajan en el terreno con las situaciones que viven las familias, obviamente que pueden opinar sobre la construcción de las políticas públicas en ese terreno”, opinó.
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