Al cierre de nuestra edición culminó la movilización convocada por la Intersocial. Miles de personas se congregaron ante el estrado levantado en la rotonda del Palacio Legislativo.
En representación de las más de 60 organizaciones que conforman la Intersocial, leyó una proclama Amira Fagúndez, estudiante universitaria, dirigente de la FEUU.
Los principales centros planteados fueron el reclamo de respuestas a las propuestas elevadas al gobierno al inicio de la emergencia sanitaria, económica y social y reiteradas el pasado 30 de julio; la reafirmación de la defensa de la democracia, el reclamo de Verdad y Justicia y el apoyo al desafuero de Guido Manini Ríos; el rechazo de los recortes y la exigencia de un presupuesto que atienda a las grades mayorías y el rechazo a la Ley de Urgente Consideración.
En la proclama se convocó a la conformación de un Frente Social, para enfrentar la ofensiva neoliberal, defender los derechos conquistados y dar respuestas a las urgencias de la gente.
También, la Intersocial adhirió y convocó al Paro General del 17 de setiembre.
La proclama de la Intersocial
EL POPULAR reproduce íntegramente la proclama de la Intersocial en el acto de la noche del jueves, al cierre de nuestra edición.
“El 30 de julio del presente año realizamos a lo largo y ancho del país importantes movilizaciones de la Intersocial. Allí entregamos al Presidente de la República una nota, acompañada de una plataforma integral de propuestas para abordar las urgencias, las verdaderas urgencias de las grandes mayorías nacionales.
Para dar respuesta a las y los compatriotas que a lo largo y ancho de nuestro país se alimentaban y se siguen alimentando en ollas populares, en las cuales a través de la Coordinadora de Ollas se registran 48.605 personas que asisten a las 287 ollas solamente en la ciudad de Montevideo y debemos de sumar 60 merenderos a los que asisten 8.645 niñas y niños, y a las más de 10.000 personas que se alimentan en los comedores de INDA. A las mujeres que producto de la emergencia social sufren el agravamiento de la violencia machista.
A las personas que en el marco de la emergencia sanitaria quedaron sin ingresos. A las miles de trabajadoras y trabajadores que se ven en la obligación de acogerse al seguro de paro.
Dijimos entonces, y reafirmamos hoy: las respuestas que proponemos no son fórmulas cerradas, no son recetas infalibles, son propuestas que desde las más de 60 organizaciones que integramos la Intersocial acordamos para poner a consideración del gobierno. Desde aquel 30 de julio no hemos recibido respuesta por parte del Gobierno a un solo punto de nuestra plataforma.
Lo que no podíamos ver con indiferencia y lo que al día de hoy seguimos sin poder ver indiferentes es que ante estas situaciones que día a día generan dolor, incertidumbre, desesperación, en miles de familias uruguayas, el Estado no construya respuestas globales que las amparen.
Esa es la responsabilidad que como parte del movimiento social asumimos, movilizarnos para que los derechos de las personas se puedan ejercer, para que la dignidad no sea un privilegio, para que salgamos de esta situación sin que quede nadie por el camino. Seguimos esperando la respuesta del Presidente de la República ante nuestras propuestas, pero, sobre todo, ante estas situaciones tan dolorosas para nuestro pueblo. En momentos de pandemia es inadmisible que no se atiendan derechos fundamentales como la vivienda, salud, educación y trabajo genuino. La crisis actual la estamos pagando las y los trabajadores, también las pequeñas empresas, mientras el gran capital es al que ampara esta política desde el gobierno, bajo el esquema “que la palanca de crecimiento son las empresas”.
Lo reafirma CEPAL cuando señala que Uruguay sólo ha invertido el 0,7 del PBI a la hora de enfrentar las consecuencias sociales de la pandemia.
Nuestra preocupación es aún mayor cuando vemos que la estructura del presupuesto que presenta el Poder Ejecutivo no contempla la situación extraordinaria que vive nuestro país y el mundo.
El Presupuesto Nacional es la expresión programática de los planes de gobierno, el instrumento de política económica y social más relevante de un gobierno; y contrariamente a lo que muchos piensan, el objetivo más importante de un Presupuesto, es social, puesto que es la manera en cómo se distribuyen los recursos para hacer mejor el bienestar de la población.
A nuestro entender, este Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional se apoya en una idea central: la reducción del Déficit Fiscal. Desde esta perspectiva, es imposible no vincularlo con la recientemente aprobada Ley de Urgente Consideración (LUC). En ese sentido, la LUC se vuelve el “brazo ejecutor” necesario para la implementación efectiva del mismo.
La incorporación de una Regla Fiscal asociada al gasto, prevista en la LUC, limita la asignación presupuestal. La caracterización que se hace de las “bondades” del mercado y de las ventajas de la competencia como mecanismo para alcanzar mejores niveles de eficiencia, forman parte de una idea exclusivamente mercantilizadora de pensar el rol del Estado.
Privilegiar los aspectos económicos, por sobre la calidad de vida de las personas o el bienestar social, es propio de los gobiernos de corte neoliberal.
Lo que es aún peor, desconoce la historia económica de nuestro país, en tanto el resultado de estas “recetas” cuando fueron aplicadas, fue el desmantelamiento de la industria nacional, la pérdida de competitividad y el empeoramiento de las condiciones de vida.
No hay dudas respecto a la importancia de la reactivación de la economía y la generación de empleo. Pero no hay que confundir crecimiento con desarrollo.
El crecimiento económico no garantiza, el desarrollo. Crecer puede ser una condición necesaria, pero no suficiente para mejorar la calidad de vida de las personas. Lo más urgente para los sectores populares es el trabajo, que para nosotros se constituye en la verdadera fuerza que genera riqueza en el país.
Así como una malla de protección de social, una batería de políticas sociales que reviertan las desigualdades de base que enfrentan nuestros niños, niñas y jóvenes, las mujeres, nuestros jubilados y jubiladas, los colectivos de la diversidad, las personas afrodescendientes, las personas con discapacidad, en el acceso a la educación, a la salud, a la vivienda y a los cuidados.
Esta propuesta presupuestal, no solamente, se edifica sobre una idea economicista, como es, reducir el déficit fiscal; sino que se apoya también, sobre una falsa premisa, que es, que el Estado es un obstáculo para el desarrollo.
Un Presupuesto Nacional que faculta al Poder Ejecutivo a fijar ajustes salariales con pérdida en su poder de compra, a asignar recursos por debajo de las necesidades para el normal funcionamiento de los organismos, congelar las inversiones públicas, o poder realizar recortes para alcanzar una meta macroeconómica sin perjuicio de las necesidades reales de las personas: implica comulgar con una teoría ya desgastada, y una profunda falta de sensibilidad social.
Esta “apuesta” a que será exclusivamente a través del estímulo al sector privado que la economía se reactivará, no solo, desconoce la importancia que han tenido las políticas públicas para mejorar los ingresos; sino que no garantiza, mejoras en términos de empleo, ni en cantidad, ni en calidad.
En resumen, este Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional: Recorta salarios, recorta derechos, y pone en riesgo, lo alcanzado en materia social. Menos salarios son menos jubilaciones. Menos plata en la calle. Menos consumo.
Menos consumo es menos recaudación, es resentir los servicios públicos. Es menos educación, es menos salud, es menos seguridad social. Es desconocer que en tiempos en los que los motores del crecimiento económico se apagan, más aún, en tiempos de crisis, el mercado interno ha sido la respuesta necesaria para sostener la economía.
Es desconocer que sin educación pública no hay futuro, y nos afirma que el proyecto de país que pretende el actual gobierno, no es un país que logré desarrollarse con soberanía nacional, lo cual queda plasmado en el recorte en el presupuesto para la educación, la cual debería ser un derecho al que todas las hijas e hijos de trabajadoras puedan acceder y no un privilegio para quienes puedan pagarla, por eso sigue vigente el histórico reclamo de 6% para educación pública y 1% para investigación. Defender nuestra Universidad de la República, nuestro Hospital de Clínicas y la educación de calidad en todos los niveles es necesario para que las desigualdades no se sigan profundizando.
La respuesta a las problemáticas sociales es garantizando derechos y evitando cualquier tipo de desborde represivo. En los últimos días hemos visto con enorme preocupación intentos de responder a los justos reclamos populares recurriendo a mecanismos represivos. Los problemas sociales se resuelven con respuestas que garanticen el cumplimiento de derechos, no hay otra vía en sociedades democráticas.
Resulta inadmisible que el 52% de la población del país, las mujeres, no reciba respaldo del Estado a la hora de vivir una vida libre de violencia. ¿De cuál seguridad hablamos si el compromiso del Estado ante esta Emergencia Nacional es postergar el cumplimiento de la Ley 19.580, no brindando un sistema de respuesta integral y el acceso a la justicia que nos corresponde por derecho? La violencia hacia mujeres, niñas, niños y adolescentes, la violencia y abuso sexual que tanto repudiamos pero tan presente está en todos los sectores que integran la sociedad uruguaya, en estas condiciones presupuestales, suma perpetradores. El Estado y el sistema político son responsables, sostienen cada agresión con su negligencia y abandono.
También en los últimos días nuestro país se ha visto conmocionado por una revelación que ratifica una vez más la brutalidad, la atrocidad que vivimos las uruguayas y los uruguayos durante la última dictadura.
Los contenidos del acta de Tribunales de Honor a Gilberto Vázquez, explicitan por boca de uno de sus ejecutores, las políticas criminales del terrorismo de Estado ejecutadas a partir de decisiones institucionales de civiles y militares.
Tenemos la responsabilidad histórica como sociedad de erradicar de nuestra democracia los mecanismos que amparan la impunidad. No es posible edificar una democracia sobre la base de la mentira, el engaño, el ocultamiento. El sistema político, los distintos poderes estatales, las organizaciones sociales, la sociedad toda debe trabajar en la superación de la impunidad como una cultura, un andamiaje institucional y una estructura de poder, que sigue perpetuando la violación de los derechos humanos.
El desafuero solicitado por el Poder Judicial al senador Guido Manini Ríos es una exigencia de la democracia para evitar cualquier tipo de distorsión a los avances que permitan determinar la responsabilidad del Estado en la dictadura.
El Estado debe garantizar que nada impida ni obstaculice las investigaciones futuras de los hechos y la sanción de los responsables. También establecer y sancionar todas las conductas que hayan obstaculizado esas obligaciones.
Dentro de estas últimas, la conducta de los militares que, teniendo conocimiento de hechos delictivos, lo ocultaron. Los avances concretados en este sentido responden a la lucha permanente de las organizaciones sociales, especialmente de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, que han permitido que luego de años de impunidad, hayamos ingresado por primera vez a los cuarteles, recuperado los restos de compañeros desaparecidos, tímidos avances en la determinación de las responsabilidades civiles y militares en la violación de los derechos humanos.
La democracia uruguaya no admite más demoras. Es tiempo de VERDAD, JUSTICIA Y MEMORIA, nunca más terrorismo de Estado.
La Intersocial, organización que nuclea las más variadas expresiones de organizaciones populares, se moviliza hoy exigiendo, una vez más, respuestas ante la emergencia social. Reclamamos un presupuesto justo, que atienda las urgencias, las verdaderas urgencias de nuestro pueblo. Un presupuesto que priorice la deuda social, esa en la que se ingresa muy fácilmente, pero de la que salir lleva décadas, dolor, sufrimiento y postergaciones. Exigimos también verdad y justicia.
La Intersocial responde a las mejores tradiciones de nuestro pueblo, es expresión de la unidad histórica construida por generaciones de mujeres y hombres que han contribuido con su vida a construir lo mejor de nuestro país.
La estructuración social gestada por la Intersocial ampliada llegó para quedarse, es por ello que estamos convencidos y convencidas que a la gran ofensiva neoliberal hay que oponerle un gran Frente Social. Será un largo camino de maduración pero seguros que no existe otra forma de lucha que la unidad para la acción, con un plan de movilizaciones que no cesará hasta conquistar nuestros justos reclamos.
Es el resultado natural de un pueblo solidario, que ante la adversidad se abraza, se encuentra, se cuida. No vamos a esperar de brazos cruzados respuestas, las construimos a diario en cada lugar en el que nuestra sociedad genera respuestas ante la emergencia, ante la injusticia, ante el dolor de las personas.
Nos hermana la solidaridad, esa es la génesis de la Intersocial. Un espacio de encuentro, abierto a todas las personas que pretendemos construir en colectivo una sociedad más justa, un país en el que el dolor no nos sea indiferente, en el que la injusticia no sea el resultado de la desidia.
Nuestro país y el mundo enfrentan circunstancias complejas, nuestro compromiso es contribuir, desde el lugar que nos toca, a fortalecer la organización popular, las respuestas solidarias y el derecho a soñar con una sociedad en la que la injusticia no se transforme en normalidad.
Hoy nos concentramos acá, con el compromiso de seguir sumando fuerzas y en este marco convocamos a sumarnos al paro general activo del 17 de setiembre junto al movimiento sindical.
Por trabajo, salario, educación, salud y vivienda.
Violencia de Género: Emergencia Nacional.
Sin presupuesto es puro cuento”.
