El Gobierno de Estados Unidos emitió una orden secreta, solicitando a Google que identifique a “todas las personas que realizaron búsquedas en internet usando determinados términos”.
De acuerdo a la Agencia de noticias Sputnik, el interés del gobierno norteamericano se focaliza en aquellas personas que realicen búsquedas de informaciones personales de “una menor que ha sido secuestrada” y que “presuntamente” es “víctima de una agresión sexual”.
“Esta información”, describe la agencia de noticias, “incluye su nombre, la dirección donde reside y el nombre completo de su madre”.
A partir de esta orden, conocida como orden judicial sobre palabras claves, obligó a Google a proporcionar todos los datos (cuentas de Google y direcciones IP) de las personas que realizaron dichas búsquedas a lo largo de 16 días de 2019”, consignó el medio de prensa.
Los datos solicitados fueron entregados por la compañía a mediados del pasado año de acuerdo al reporte de la revista Forbes que cita Sputnik y se desconoce el número de usuarios implicados.
La mencionada orden, recuerda la agencia, no es la primera que se conoce, pero si es “la más amplia en cuanto a la cantidad de términos de búsqueda incluidos”.
La existencia de este tipo de órdenes judiciales ha desatado amplias discusiones sobre la legalidad de las mismas y en el caso actual lo más relevante es que ha tomado estado público.
“Solo ha habido dos casos más cuando este tipo de órdenes emitidas por las autoridades estadounidenses se han hecho públicas. La primera vez tuvo lugar en 2017, cuando un juez de Minnesota firmó una orden judicial exigiendo a Google información sobre toda persona que haya buscado el nombre de una víctima de fraude.
El segundo caso ocurrió más recientemente en 2020, cuando las autoridades estaban interesadas en los datos de cualquier persona que haya buscado la dirección de una víctima que era testigo clave bajo protección en un caso contra el cantante R. Kelly”.
Además de este tipo específico de orden, Google también responde a solicitudes de “barrera geográfica”, en las que “los investigadores piden que Google les proporcione los datos de todas las personas que estuvieron en un determinado lugar a una hora determinada”.
Con este caso actual, informó Forbes, se “demuestra que Google sigue cumpliendo con las controvertidas órdenes judiciales del Gobierno estadounidense a pesar de su dudosa legalidad”.
Sin considerar la numerosidad de posibles “falsos positivos”, “los expertos en privacidad están preocupados de que tales órdenes puedan servir de precedente y que podrían ir en contra a la Cuarta Enmienda de EEUU, que debería proteger contra la violación de una expectativa razonable de privacidad por parte de un funcionario del gobierno”, añadió Sputnik.
«El rastreo del historial de búsquedas en las bases de datos de Google le da a la Policía la posibilidad de identificar a gente basándose en lo que podrían haber pensado, sea la razón por la que sea, en algún momento del pasado», explicó Jennifer Granick, consejera en vigilancia y ciberseguridad de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles.
Aunque la actual orden debió mantenerse en secreto, ella fue accidentalmente revelada por el Departamento de Justicia el pasado mes de setiembre, oportunidad en que, antes de ser retirada, la revista Forbes accedió al estudio de la misma.
Rolando Arbesún
