Diversas organizaciones han comenzado a pasar por la comisión parlamentaria que trata la reforma llevando un enorme abanico de propuestas y problemas.
Pablo Silva Galván
Delegaciones de organizaciones sociales, del PIT-CNT, de representantes de pasivos y trabajadores en el Banco de Previsión Social (BPS), así como cooperativistas, sindicatos, asociaciones de ayuda de todo tipo, han comenzado a desfilar por la Comisión parlamentaria que estudia el proyecto de reforma previsional.
Para el movimiento popular la reforma que propone el Poder Ejecutivo adolece, entre otros defectos, de no ser hija del diálogo social. Sus bases fueron elaboradas por una “comisión de expertos” convocada a partir de la aprobación de la Ley de Urgente Consideración (LUC), en la que si bien estuvieron representados los partidos políticos y el PIT-CNT, no hubo un diálogo con las organizaciones representativas de la sociedad civil.
Ahora, en el tratamiento parlamentario, se reciben en la comisión a las diversas organizaciones, que van del PIT-CNT a la Asociación Down y de ONAJPU (jubilados y pensionistas), a las cooperativas de vivienda. Un amplio espectro en el que ya concurrieron el denominado Movimiento Nacional de Defensa de la Seguridad Social (Mondess), el Grupo de Cincuentones, FUCVAM, la Federación Ancap, la Asociación de Funcionarios de Aladi, la UNTMRA, la Asociación de Escribanos, Aldeas Infantiles, la Liga de Amas de Casa, la Mutual Uruguaya de Futbolistas, la Asociación Down del Uruguay y decenas de sindicatos. Cada organización dispone de 20 minutos para exponer sus puntos de vista, necesidades y realidades, un tiempo considerado insuficiente para la magnitud de los problemas que cada sector afronta.
PIT-CNT en comisión
En ese marco esta semana estuvo en el Parlamento una delegación del PIT-CNT que presentó un estudio de impacto del proyecto, en el que precisa que las personas no solo deberán retirarse más tarde, sino que en muchos casos accederán a una jubilación menor con relación a la que brinda el sistema vigente.
Indica el estudio que, si bien la tasa de reemplazo sigue siendo 45%, se modifica el Salario Básico Jubilatorio (SBJ), pasando a considerarse los mejores 25 años para su cálculo.
Sostuvo la delegación sindical que el gobierno debería aportar «ejemplos de cálculo jubilatorio correctos, que incorporen la licuación del suplemento solidario planteada en el proyecto de ley». Además, entendió que se debería incorporar en las proyecciones «la evolución del gasto y desequilibrio del sistema a partir de lo establecido en el proyecto de ley e incorporar el análisis de sensibilidad de las proyecciones frente a otros posibles criterios de ajuste de dichos parámetros».
Tras la reunión, el presidente de la central Marcelo Abdala, dijo que ha quedado demostrado que «otra reforma es posible, en tanto sea con diálogo social, sea integral y no eluda la necesidad de ver una financiación equitativa para sostener los derechos de la gente».
Posteriormente el PIT-CNT dio a conocer los fundamentos de su rechazo al proyecto, los que se pueden resumir en que las principales medidas propuestas “están centradas en contener el gasto, recortando derechos, beneficios y prestaciones de los actuales trabajadores una vez que se jubilen, haciendo recaer todo el costo o ajuste sobre sus espaldas. Estas medidas implicarán un retroceso importante en materia de cobertura y suficiencia para importantes sectores de la sociedad”.
Agrega que “al comparar las jubilaciones que paga el sistema vigente y el nuevo para alguien con 65 años y 30 de aporte, se observa que a 2043, el régimen propuesto otorga jubilaciones inferiores para todos los niveles salariales”.
Precisa que sus comparaciones “muestran que no es correcto lo afirmado por los impulsores de la reforma, cuando señalan que las personas deberán jubilarse más tarde pero que no percibirán jubilaciones más bajas a las que otorga en régimen vigente a edades más tempranas. El análisis muestra que alguien que bajo el régimen vigente se retira a los 60 años con $ 36.700, pasará a retirarse a los 65 años con unos $ 28.400, una diferencia superior a $ 8.000 que representa una caída de 23% en el haber jubilatorio mensual”.
Tiempo acotado
Para el economista Hugo Bai, quien integró la Comisión de Expertos en representación del Instituto Cuesta Duarte y forma parte del Equipo de Representación de los Trabajadores en el BPS (ERT-BPS), “el proyecto de reforma jubilatoria fue cuestionado políticamente en el Parlamento y se reclamó la instalación de un diálogo social, pero la realidad es que el gobierno no se mostró muy flexible en los planteos centrales que nosotros hicimos”.
En declaraciones al portal del PIT-CNT el profesional indicó que el tiempo de exposición que se tiene en el Parlamento “es acotado” pero aseguró que, de todos modos, “en las cuatro horas de reunión pudimos explicar los principales reparos y contestar las preguntas de los legisladores al proyecto tan amplio de reforma jubilatoria que elaboró el gobierno. Se debe tener en cuenta que contiene más de 300 artículos y abarcan una infinidad de temas vinculados al régimen de jubilaciones y pensiones”.
Desde el gobierno se ha insistido en que hubo diálogo social ya que la comisión de expertos trabajo durante meses considerando el diagnóstico y las propuestas. No obstante, el carácter de comisión de expertos hizo que la labor recayera sobre ellos y esa era la intención del gobierno, sin abrir un verdadero debate en la sociedad.
Foto de portada:
Movilización en contra de la reforma de la seguridad social de la ONAJPU a principios de noviembre. Foto: Mauricio Zina / adhocFOTOS.
