La intercepción y posterior detención por parte de la Armada Nacional de un barco pesquero chino que navegaba en la zona económica exclusiva de Uruguay ocupó en los primeros días de este mes las principales planas de los medios informativos nacionales.
Con bombos y platillo, el flamante ministro de Defensa, Javier García, no solo esperó personalmente a los funcionarios de la Armada a cargo del “operativo”, sino que aprovechó el episodio para, una vez más hacer una verborrágica exposición sobre la defensa de la “soberanía nacional”.
El hecho generó varias alarmas y el relato sobre una supuesta acción de pesca ilegal del buque chino, se fue desfondando según pasaron los días y mostraron las evidencias de una investigación que finalmente ha concluido que no hubo delito ordenándose el archivo de la causa.
El caso que fuera remitido a la justicia penal fue archivado el pasado martes por la fiscal actuante Silvia Naupp.
La resolución de la fiscal se basó, consignó el Programa En Perspectiva, “en un informe de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara), organismo competente en estos casos, que afirma que no puede concluir que existió pesca ilegal en aguas territoriales uruguayas”.
De igual forma se descartaron las afirmaciones de la Armada con relación a un supuesto desacato de la tripulación del buque en el momento de la detención, lo que se evidenció, señala la fiscal es que hubo “problemas de comprensión del idioma”.
Desde el comienzo del episodio, la Cámara de Agentes de Pesqueros Extranjeros había señalado su preocupación sobre el accionar de la Armada y la detención del buque.
Al conocerse la resolución de archivo, la Cámara de Agentes de Pesqueros Extranjeros hizo público un comunicado “en el que denuncia varias irregularidades de la Armada en el procedimiento”.
Respecto a la posición de la gremial empresarial con respecto a la pesca ilegal, el texto del comunicado subraya que la misma suscribe “los objetivos de combate a la pesca ilegal, no documentada y no regulada”.
Sin embargo, aclara que, para alcanzar estos objetivos, “la mejor forma de alcanzarlos es promover la operativa de estos buques en nuestro puerto, lo que además genera miles de empleos de mano de obra uruguaya y divisas por concepto de servicios y suministros”.
Por lo pronto no se conoce el posicionamiento del ministro de Defensa ante lo resuelto por la justicia, toda vez que lo que se planteó como una violación a la soberanía nacional no fue otra cosa que un banal tema idiomático.
