Fue presentado este lunes 25, el programa Libertad Segura, la iniciativa del Ejecutivo focaliza sus objetivos en “garantizar condiciones efectivas para la inclusión social de personas liberadas del sistema penitenciario con ayudas en materia laboral y de vivienda”.
Según informó el portal web de Presidencia, la iniciativa que tiene carácter de programa piloto, fue presentada en la sede del Ejecutivo y en la misma participaron las máximas autoridades del ministerio del Interior, Desarrollo Social, Trabajo y Seguridad Social y del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR).
El programa, está destinado a atender a 350 personas liberadas y “funciona para incrementar los apoyos a la totalidad de las población carcelaria, con la asistencia de instituciones públicas y privadas”, quienes “posibilitarán, a través de contratos de trabajo, insertarlas en la vida en sociedad, para que cuenten con un proyecto de vida”, explicó durante su presentación el secretario de la Presidencia Alejandro Sánchez.
El plan, de acuerdo a lo anunciado, dará comienzo a su primera etapa “en las próximas semanas, cuando los primeros seleccionados actualicen o accedan a su documentación básica, como la cédula de identidad, lo que les permitirá acceder a los servicios sanitarios, una Tarjeta Uruguay Social, cursos impartidos por el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop), construcción de sus perfiles laborales, boletos de transporte público y el acceso a un empleo protegido por un año”.
En dicha etapa, la Intendencia de Montevideo también aportará personal para el desarrollo inicial del proyecto.
“Si realmente queremos resolver el problema de convivencia y seguridad, si queremos romper el círculo vicioso de pobreza, violencia y delito, este es uno de los instrumentos que tenemos que llevar adelante”, aseguró el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez.
En su intervención, el jerarca recordó que la población carcelaria en el país se ha ido incrementando “desde hace 30 años sin interrupciones”.
“Hoy”, remarcó Sánchez, “encuentra a un gobierno, encabezado por Yamandú Orsi, que entiende que las respuestas a un problema complejo requieren respuestas audaces; no porque no se hayan hecho antes, sino porque tiene vocación para crear un plan piloto para 350 personas, que tiene intención de crecer y que busca involucrar a las instituciones públicas y privadas para que estas personas se reinserten (en la sociedad) por medio del trabajo”.
De acuerdo al director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim, la iniciativa procura dos objetivos, “evitar la reincidencia para mejorar la convivencia, debido a que tres de cada diez liberados vuelve a delinquir antes de los seis meses y dos terceras partes antes de los tres años” y “afirmar el derecho de las personas de construir un proyecto de vida en libertad”.
Al hacer uso de la palabra, el ministro del Interior (MI), Carlos Negro, subrayó “que ninguna política de seguridad resulta sostenible sin el correlato de condiciones reales para el reingreso social saludable”.
En ese sentido señaló que el actual “ Plan Nacional de Seguridad Pública integra programas laborales y educativos, soluciones habitacionales transicionales y dispositivos de gestión integrada del egreso carcelario”.
“La reinserción social”, enfatizó, “no es una responsabilidad exclusiva del MI, es una política pública de seguridad integral que requiere la coordinación de los sectores públicos y privados”.
“Donde el Estado no acompaña”, remarcó, “esa transición aumenta la probabilidad de reincidencia, exclusión y reproducción de la violencia; por eso, este programa apuesta a una lógica distinta, se trata de construir trayectorias integrales de reingreso que comiencen intramuros y continúen después de la liberación, con acompañamiento, acceso a servicios y oportunidades de reinserción laboral y social”.
Por su parte la directora del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Ana Juanche, resaltó “que el programa prioriza la dimensión de género”, refiriendo que “la población femenina” que “representa solo el 10% del total de población carcelaria, tiene necesidades específicas”.
Por el ministerio de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, explicó que la secretaría de Estado que dirige tendrá “un rol preponderante desde la labor de los equipos técnicos de la Dirección Nacional del Liberado (Dinali)”.
Desde el ministerio de Trabajo y Seguridad Social, su titular Juan Castillo, recordó “que el trabajo no es solo un ingreso económico”, sino que además, “organiza la vida cotidiana, organiza vínculos, genera autonomía y permite construir proyectos de vida”.
“Para facilitar el acceso a ello”, enfatizó, “el rol del ministerio en este programa será el apoyo desde el preegreso de cárceles, con capacitación y construcción de perfiles laborales” y con posterioridad “a la salida de prisión, primero, con empleo protegido y, luego, con apoyo hacia el empleo privado formal”, recordando además, “los beneficios fiscales incluidos en el proyecto de Ley de Empleo Integral que está bajo estudio parlamentario”.
El intendente de Montevideo, Mario Bergara, presente en el lanzamiento del Programa, informó que desde la comuna capitalina “participarán 300 varones y 50 mujeres en los planes de empleo protegido por un año” y consideró que el programa presentado constituye “una respuesta política a una demanda de la sociedad que compromete un esfuerzo que vale la pena”.
