El exlegislador se encuentra en prisión preventiva tras ser imputado de 22 delitos.
Pablo Silva Galván
Veintidós delitos le fueron imputados a Gustavo Penadés quién pasó de ser “el más respetado” de los senadores del Partido Nacional a repudiado por sus pares. La jueza Marcela Vargas dispuso la prisión preventiva hasta que la Fiscalía presente los cargos. Está alojado en la misma cárcel, en Florida, en que se encuentra el exjefe de la seguridad presidencial, Alejandro Astesiano. Además, se le impuso un embargo por $ 25 millones y la inhabilitación para ejercer cargos públicos o privados donde tenga contacto con menores. Junto al exlegislador fue imputado, pero por siete delitos, Sebastián Mauvezin, profesor de Historia en el Liceo Militar, sindicado como quién hacía los contactos para los encuentros.
Al exsenador se le imputó la “presunta comisión de once delitos de retribución a la explotación sexual de menores de edad, cuatro delitos de abuso sexual especialmente agravados, tres delitos de abuso sexual agravado, agravados por un delito de violación, un delito de desacato, un delito de corrupción de menores y un delito de atentado violento al pudor. Todo en régimen de reiteración real, en calidad de autor”, señala el comunicado dado a conocer por la Fiscalía una vez terminada la audiencia del pasado martes.
El caso derivó en cuestionamientos a la actuación del Ministerio del Interior y de su ministro Luis Alberto Heber. Este lo había acompañado en la conferencia de prensa en la que negó los cargos y lo defendió ante cualquier micrófono que se le pusiera adelante. Finalmente se supo que funcionarios policiales montaron una trama para respaldar a Penadés, apretaron testigos y manejaron información confidencial. Por eso fue detenido el director del Comcar, Carlos Taroco, quién también se desempeñaba como titular de la Oficina de Información Táctica del Instituto Nacional de Rehabilitación. La trama era clara y derivó en lo que la Fiscalía definió como una estafa procesal. Por estos motivos es que el Frente Amplio (FA) reclamó la renuncia de Heber a su cargo. Este fue respaldado por la mayoría oficialista en ambas cámaras y por el propio Presidente de la República.
Todo comenzó meses atrás cuando la militante nacionalista Romina Celeste Papasso comenzó a denunciar en redes sociales que un dirigente de su colectividad había abusado de ella cuando adolescente. Finalmente acusó a Penadés de haberla seducido en un momento de flaqueza y abusado de ella. Fue el primer caso.
De inmediato Penadés convocó a una conferencia de prensa, la que se realizó en el Palacio Legislativo, en la que negó todas las acusaciones. Dijo que se lo atacaba por su orientación sexual y que iba a demostrar que las denuncias eran falsas. Luego aparecieron más denuncias hasta completar 11 en total. El caso fue derivado a la Fiscalía de Delitos sexuales a cargo de Alicia Ghione.
Todo esto llevó al pedido de licencia a la Cámara el que fue votado por unanimidad. Fue el comienzo de un ciclo marcado por el tironeo constante entre la defensa y la Fiscalía por la identidad de los denunciantes. Los abogados querían saber a toda costa su identidad cuestión que fue finalmente saldada manteniéndola en reserva por su condición de menores durante los hechos. Sin embargo, algunos de ellos fueron amenazados. La información, ahora está claro, salió de la propia Policía.
En torno a Penadés se fue tejiendo una red de respaldo que tuvo a su frente al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, quién amparado en el hecho de ser amigo dijo creerle. El ministro Heber no le fue en zaga. Más abajo hubo funcionarios que se movieron para apuntalar esta trama con información. El presidente del Instituto del Niño y el Adolescente (INAU), Pablo Abdala, nada menos, también le dio su respaldo.
Sin embargo, la labor del Consultorio Jurídico de la Universidad de la República (Udelar) logró que las víctimas sean protegidas en sus declaraciones y terminó llevando a Penadés ante la Justicia. El mismo consultorio al que el miércoles y de forma intempestiva el Ministerio del Interior le rescindió el contrato del local donde funciona. Allí también se encuentra la Asociación de Familiares Víctimas de la Delincuencia.
Sobre Penadés pesaba la sombra de la sospecha desde tiempo antes, incluso con un sonado caso en el puerto de Punta del Este, a mediados de 2013. Si bien en ese caso no se trató de un menor, el acoso debió haber llamado la atención de quienes salieron en su defensa. Para Andrea Tuana, directora de la ONG El Paso, entrevistada en M24, que el exlegislador “explotaba sexualmente gurises, era un secreto a voces. No es la primera vez que el ministro Heber o el presidente Lacalle deben haber escuchado esto. Es un rumor que corría por todos lados”.
Ahora la Fiscalía cuenta con hasta un año para presentar las pruebas, lo que seguramente se hará en menos tiempo dado el impacto que el caso ha tenido en la opinión pública.
Pasado el impacto de la imputación a Penadés vienen ahora las consecuencias políticas. El gobierno ha pretendido minimizarlas, pero todo indica que es un vano intento. Tanto el presidente como el ministro del Interior trataron de defender su gestión y a la Policía. Sin embargo, la información en poder de la fiscal Ghione, de la que trascendió tan solo una parte, da cuenta de una trama en la que participaron funcionarios policiales para proteger al exlegislador. No se descarta que además de Taroco otros funcionarios pasen por los juzgados. No fue la Policía la que descubrió en el celular de Penadés la maniobra, como dijo Heber, fue la fiscal quién ordenó la pericia del teléfono lo que permitió descubrir la maniobra. La historia todavía no termina.
Foto de portada
Gustavo Penadés tras la audiencia de formalización en el Juzgado. Foto: Mauricio Zina / adhocFOTOS.
