Paola Beltrán
El Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (SUNCA) organizó un panel, en el Paraninfo de la Universidad de la República, al cumplirse once años de la aprobación de la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial.
Expusieron el Rector de la Universidad de la República Álvaro Mombrú, el secretario nacional de Seguridad e Higiene del SUNCA Héctor Abad, el Inspector General del Trabajo Luis Puig, el Diputado Daniel Diverio, la Abogada Lorena De León y el secretario general del SUNCA Javier Díaz.
Hubo coincidencias en la necesidad de construir herramientas que fortalezcan la Ley, una fiscalía especializada en siniestros laborales, mayor presupuesto, formación para actores judiciales, el aumento de los siniestros laborales en estos últimos cinco años y el cumplimiento del artículo 2 de la Ley que establece el procedimiento de la denuncia penal.
Poner el tema en la agenda
Héctor Abad, secretario de Seguridad e Higiene del sindicato, en su exposición, realizó un recorrido histórico sobre las condiciones de los trabajadores antes de promulgada la Ley en 2014. “Todos acá tenemos conocimiento de que antes de 2014 era bastante compleja la siniestralidad en este país donde apenas había 900 mil trabajadores registrados en el BPS y donde morían 50 trabajadores por año, como así también más de 50 mil trabajadores y trabajadoras que iban al Banco de Seguros del Estado (BSE)”, recordó.
La aprobación de la Ley, “generó mayor conciencia de la situación de los trabajadores y trabajadoras, del gobierno en su momento y también en las empresas”.
Sumado a esto, se estableció nueva normativa en materia de salud y seguridad laboral lo que generó una baja importante en la siniestralidad laboral. Sin embargo, resaltó Abad, “en los últimos años hemos constatado que esto cambió, que hemos retrocedido”.
Como resultado, informó, los últimos datos del BPS registrados dan cuenta de que hubo un aumento de los accidentes de trabajo entre el 2022 y el 2023 del 7,4% en la construcción, 120 trabajadores sufrieron una discapacidad de por lo menos el 10% que es el mínimo requerido para tener una prestación.
No alcanzó
“Más allá de construir la Ley no alcanzó porque estos cinco años para atrás que tuvimos, la verdad ha sido un retroceso en los avances que habíamos tenido con las condiciones de trabajo” señaló Abad.
Para revertir y evitar, en el futuro, volver a retroceder, es necesaria una Fiscalía especializada en siniestros laborales, explicó el dirigente sindical, agregando que estaban dadas las condiciones, las “piezas” para avanzar en esta propuesta.
Señaló también que “hay voluntad de los fiscales, pero lo cierto es que los recursos no están” por lo que reclamó que en este nuevo presupuesto estén previstos los recursos para la creación de la Fiscalía, así como para la formación de los fiscales y jueces.
Abad reconoció que “lamentablemente” los fiscales y jueces desconocen la normativa de trabajo lo que “indudablemente nos pone en un paso muy atrás».
Otro punto central que se quiere colocar en la discusión refiere al artículo 2 de la Ley que reforma el artículo 7 de la Ley del BSE estableciendo que si se constata dolo o culpa grave del empleador en el accidente de trabajo o la enfermedad profesional deberá notificar a la Inspección Nacional del Trabajo la cual deberá analizar el caso y hacer la denuncia pertinente en Fiscalía. Abad afirmó que “no se ha sabido de que los funcionarios de BSE y el propio inspector de turno hayan hecho una denuncia frente a la justicia penal por falta grave”.
“Continuidad histórica”
El Inspector Nacional de Trabajo, Luis Puig, comenzó señalando la relevancia de que la actividad se lleve adelante en el Paraninfo de la Udelar reflejo de “lo que es el movimiento sindical uruguayo, que nunca fue un movimiento sindical corporativo, sino que fue portavoz de transformación social y de vínculo con el conjunto de los sectores de la sociedad”.
Recordó que cuando se comenzó a impulsar la Ley hubo muchos obstáculos, planteos que acusaban de querer “penalizar lo no penalizable” con el objetivo de que “fueran patrones presos”.
“Nosotros reivindicamos que cuando se expone en peligro grave y concreto la vida de un trabajador tiene que existir una responsabilidad penal, pero no con el objetivo de aumentar el aspecto punitivo”, sino con el objetivo de bajar la siniestralidad y las muertes.
Asumir la responsabilidad
Puig aseguró que estarán dadas “todas las garantías” en relación al cumplimiento del artículo 2 de la Ley. “No se van a hacer aventuras de estar diciendo, prejuzgando, sino que cuando se analice en cada uno de los siniestros laborales las responsabilidades, cuando se haga un exhaustivo análisis, no se va a rehuir esa responsabilidad porque está consagrado en la Ley”.
Sobre la creación de la Fiscalía especializada en siniestros laborales remitió a la creación de la Fiscalía especializada en crímenes de lesa humanidad. “(…) resulta muy claro que la Fiscalía logró construir los mecanismos para analizar concretamente los aspectos del terrorismo de Estado, se especializó en ello. Una Fiscalía especializada en el análisis de los accidentes laborales, de su responsabilidad, genera una conciencia en el conjunto de la población; porque solo el debate pone arriba de la mesa, en el orden del día, aspectos que son cruciales”.
También destacó que mientras se avanza se continúe con la tarea de capacitación y en ese marco destacó el Compromiso Nacional por la Vida, la Salud y la Seguridad en el Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) que recorrerá todo el país “planteando la posibilidad de capacitar a los actores sociales, a los trabajadores, a los empleadores”.
“Seguramente le va a llegar, en primera instancia, a los trabajadores de la caña de azúcar que hace unos cuantos años que no ha habido inspecciones, no ha habido mecanismos de seguridad, para empezar a dar el mensaje que faltan recursos, faltan inspectores, tenemos muchas dificultades, pero lo que no va a faltar es la voluntad política de proteger la vida, la salud y la integridad de los trabajadores”, concluyó.
Daniel Diverio
El diputado Diverio inició comentando que desde su nuevo “andamio” en la Cámara de Representantes y en particular en la Comisión de Legislación y Trabajo, puede ver la realidad en que se encuentran miles de trabajadores y trabajadoras. “Nos vamos encontrando en nuestro país el aumento de la precarización del empleo, que no solamente genera la cantidad de trabajadores ganando menos de 25 mil pesos, sino también de que las condiciones sanitarias, de salud y también de seguridad del conjunto de los trabajadores son mucho más graves”.
Hubo un tiempo
“Hace once años atrás, cuando en Uruguay había un volumen importante de nuevas inversiones, de nuevos proyectos laborales que generaban mucho empleo, desde la construcción saludábamos con alegría, en un momento más de 70 mil trabajadores en la industria. Está claro que eso no era acompañado de mayores inversiones (…) en mejores condiciones laborales, recordó. Está claro, dijo, que el principal interés del que invierte es recuperar su inversión y que, por tanto, “si lo trabajadores organizados no empujamos para que también acompañada de esa inversión estén las condiciones de trabajo, puede pasar, que había un volumen importante de empleo y sin embargo los niveles de siniestralidad avanzaban”.
En 2013 Diverio señaló que se producían 7500 siniestros al año “quizás eran caída de altura y te doblabas el tobillo” y al discutir qué alternativas había, partiendo de que ninguna sustituye a la organización de los trabajadores y trabajadoras, surgió la propuesta de trabajar en la Ley de Responsabilidad penal empresarial.
Se tomaron en cuenta algunas experiencias como las de Perú y España, se elaboró una propuesta y se golpearon las puertas de todos los despachos del Parlamento para generar una “opinión mayoritaria para resolver”.
Reconoció el trabajo de Puig, actual Inspector General de Trabajo que en ese momento integraba la Comisión parlamentaria que hoy integra Diverio. Pero fundamentalmente destacó “una participación colectiva del conjunto de los trabajadores y trabajadoras de todo el país; desde Bella Unión para abajo había actividades con participación; permanente discusiones de la necesidad, no solamente de la generación de empleo y mejorar el salario sino, fundamentalmente, asegurar que nunca más tuviéramos que ir a avisarle a una familia que un compañero nuestro se había muerto. Ese era el objetivo central. (…) Cuando se vota una Ley en esas condiciones, tiene una espalda tal que permite, justamente, avanzar en su aplicación”.
“En ese marco nosotros creemos que la Ley tuvo un papel fundamental en la generación de nuevas condiciones, pero hay que seguir aggiornándola, rodeándola de herramientas que permitan mejor cumplimiento de nuestro objetivo central de que nunca más exista un siniestro laboral en ninguna industria. El 99% de ellos son evitables en la medida que se cumple con la normativa”, aseguró.
Fiscalía y coordinación
Diverio respaldó la necesidad de una Fiscalía especializada en siniestros laborales además de una mayor coordinación con la responsabilidad que tiene el BSE y el Ministerio de Trabajo responsables de llevar adelante esas denuncias, el seguimiento y después el cumplimiento de las resoluciones que se tomen allí.
Reconociendo la necesidad de presupuesto se preguntó qué precio tiene la vida de un trabajador, una trabajadora y hasta dónde “tiramos la cuerda” de la necesidad de un presupuesto que asegure eso.
“Eso debe ser un compromiso, un énfasis que debe ubicarse hoy cuando se empieza a discutir lo que es el nuevo Presupuesto para que en este quinquenio esté el presupuesto para que se cree la nueva Fiscalía especializada en siniestros laborales”.
También propuso la creación de un registro de empresas infractoras “donde aquellas empresas que permanentemente incumplen tengan mayores dificultades para acceder, no solamente a una obra pública, sino también obras en cualquier otro tipo de industrias” y darle “mayor beneficio para aquellas empresas que hacen esfuerzo para cumplir con sus obligaciones”.
Sobre su trabajo en la Comisión de Legislación y Trabajo de Diputados, aseguró que trabajará para “corregir algunas realidades que vivimos estos últimos años”, entre ellas el tema de la ultraactividad que está vinculada a los temas de seguridad e higiene laboral, entre otros elementos.
“Fenómeno social”
La abogada Lorena De León comentó que fue parte de un proceso de investigación que estudiaba los mecanismos o la calidad legislativa de las distintas leyes y que una de las constataciones fue el desprendimiento que había después que la ley se aprobaba; sobre los efectos.
Sin embargo, para el caso de esta Ley pasó todo lo contrario. “Es un ejemplo porque el propio movimiento sindical, concretamente el SUNCA, pero todo el movimiento sindical promueve un proyecto de ley para garantizar un derecho fundamental, derecho a la vida, a la integridad física, pero no solo eso, sino que lo hace con un proyecto integral porque establece las responsabilidades, asume el potencial riesgo de ser cuestionada en su constitucionalidad en primer lugar. Luego se encuentra revisando por sí y ante sí qué cosas se pueden reformar. Es bastante inusual en comparación con nuestro país” y agregó “es un fenómeno social riquísimo, que no sé si todos somos conscientes del orgullo que deberíamos sentir”.
Disponibilidad para avanzar
De León apuntó a la aprobación de una Ley referida al trabajo en plataformas al final del último período de gobierno que, a su entender, expone a los trabajadores a la siniestralidad vial, en absoluta informalidad. En ese sentido, entiende que muchos sectores están “dispuestos” a trabajar en la creación de una Fiscalía especializada o con la necesidad de contar con un mayor número de cuerpos inspectores. Sobre la falta de recursos retomó la pregunta de Diverio en relación al “costo y el precio”. “El presupuesto nacional se aprueba en el seno del Parlamento, que tiene determinadas reglas, pero que en materia de derechos económicos, sociales y fundamentales hay ciertas obligaciones y en este sentido creo que habría que empezar a plantear la discusión o abrir la discusión en esos términos”, dijo.
Javier Díaz
El secretario general del SUNCA Javier Díaz, fue el último expositor. Comenzó recordando las condiciones laborales en la industria de la construcción en los años 90´; la precarización, desregulación, los niveles de siniestralidad.
“Hemos naturalizado en el correr de los años que siempre cualquiera que no conozca la industria de la construcción se va a encontrar con que cualquier plataforma de los trabajadores y trabajadoras sea a nivel general o sea en un centro de trabajo, siempre va a estar los planteos vinculados los temas de la seguridad y la salud laboral”, reconoció.
“Por eso es que también nosotros discutimos tanto la necesidad de estar organizados y en definitiva afiliarse al sindicato y de sindicalizarse porque tiene que ver con seguir luchando”, agregó.
Expectativa
Ante un nuevo cambio de gobierno, Díaz señaló que “así como una buena parte del pueblo uruguayo, también los trabajadores de este país y los trabajadores y trabajadoras de la construcción, tenemos mucha expectativa en el nuevo gobierno que acaba de asumir donde le hemos reclamado con mucha claridad que para nosotros debe tener una sensibilidad distinta ante los planteos que realizamos los trabajadores y trabajadoras. Creo que hoy y en las primeras acciones que se tomaron en el Ministerio de Trabajo, marcan un buen rumbo en ese sentido”. Aunque alertó acerca de quienes añoran los 90´. “Otra vez y no por casualidad, dicen lo que piensan (…) no todos, pero queda una parte del sector empresarial que añoran los años 90′, cuando se planteaba la desregulación laboral en Uruguay y les importa más el valor de la bolsa de portland que la vida de un trabajador”, dijo.
“Por eso nosotros hemos decidido luchar a brazo partido por reducir la siniestralidad. Y la Ley de Responsabilidad es eso, una Ley que aporta en esa dirección porque hoy, a la luz de los once años, todos podemos afirmar que se bajaron los niveles de siniestralidad y ese era el objetivo principal. Ya no le cabe a nadie duda de que es constitucional, a nadie le cabe duda que se han rebajado los siniestros no solo en la industria de la construcción sino en el mundo del trabajo y los tercero, que también ha generado buena parte las cosas que planteábamos en ese momento, que se duplicara la contratación de técnicos prevencionistas, de que se generaran protocolo y procedimiento por parte de las empresas en materia de seguridad y salud laboral, que se realizaran más consultas y denuncias al Ministerio de Trabajo”, aseguró.
Además, señaló la relevancia del Consejo Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo (CONASSAT) que cumplirá treinta años en 2025, integrada por el Banco de Seguros del Estado (BSE), el MTSS, el BPS, las Cámaras Empresariales y el PIT-CNT y que sea capaz de “triangular con el nuevo parlamento y poder elaborar proyectos, leyes y normas que puedan ser discutidos y aprobados en el nuevo Parlamento nacional”.
Reiteró que, desde el SUNCA, entienden que en este período de gobierno “se tienen que recoger algunos de los planteos que estamos realizando los trabajadores”. Mencionó la Ley de Seguridad y Salud Laboral, se parte de la discusión del Presupuesto Nacional, que el Ministerio de trabajo no solo atienda las situaciones de conflictividad en el día y día, sino que también promueva proyectos a partir de acuerdos en el marco del Diálogo social en materia de seguridad y salud laboral y que se destinen los recursos para la creación de la Fiscalía especializada en los temas de seguridad y salud laboral.
Lucha nacional e internacional
“Nosotros nos encontramos en un momento donde nuestras luchas son nacionales por nuestra forma, pero son internacionales por nuestros contenidos”, manifestó Díaz. Los trabajadores de la construcción “a lo largo y ancho del continente” están luchando por pasar la carga de la bolsa de portland de 50 a 25 kg. Uruguay es el único país en que las cargas no superan los 25 kg lo que generó cambios importantes en la vida y la salud de los trabajadores “porque al otro día ciento de miles de trabajadores dejamos de pasar por el BSE porque lo que implicaba las cargas de las bolsas de portland de 50kg es que terminas de bajar las bolsas del camión y tenías que ir a hacer cola en el BSE para atenderte”.
Resaltó lo importante que sería que desde el MTSS y la Dirección Nacional de Trabajo se promoviera un estudio de los resultados concretos “de esa lucha que dieron los trabajadores de la construcción”, elaborando estadísticas, así como en su momento, para la elaboración de la propuesta de la Ley de Responsabilidad Empresarial, como lo había señalado antes el Diputado Diverio, se consultaron experiencias de Perú y España.
El SUNCA se propone un segundo Seminario Internacional sobre la materia y la construcción de un Observatorio tomando referencias estadísticas nacionales e internacionales para construir datos en materia de siniestralidad. “En nuestro continente porque buena parte de lo que nos estamos planteando los trabajadores y trabajadoras de la construcción para el futuro tiene que ver con que hoy, en este momento donde el mundo es más desigual, no por casualidad sino por las políticas que se llevan a delante, se hace mucho más que necesario que la lucha de los trabajadores y trabajadoras de nuestro continente y el mundo se entrelacen”.
