Pablo Da Rocha (*)
Como era de esperar -apenas horas del vencimiento del plazo constitucional- ingresó al Parlamento, el Proyecto de Ley de Rendición de Cuentas correspondiente al Ejercicio 2022.
Como hemos señalado en columnas anteriores, esta Rendición es la última con posibilidades de alcanzar mejoras incrementales respecto a lo asignado por la Ley de Presupuesto, en virtud, de las limitaciones legales que imponen la proximidad de las elecciones nacionales. De acuerdo con lo presentado por las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), esta Rendición de Cuentas propone un incremento para el año 2024, de aproximadamente 2.860 millones de pesos (aproximadamente U$S 70 millones).
Como cualquier instrumento de política económica –el cómo, está precedido del por qué-. El presidente ha manifestado en varias ocasiones que priorizará los problemas de salud mental y las adicciones, restaba constatar que lo que se anuncia, se expresa asignando recursos, incluso, la “importancia” que se le otorga se puede condensar en la cantidad de recursos que se destina a dicha política.
En este sentido, puede ser útil para comprender dos elementos claves de esta “Rendición”: en primer lugar, identificar las prioridades del gobierno en función de la asignación de recursos, y cuáles no lo son; en segundo lugar, poder indagar en los motivos detrás de dicha asignación.
Por ejemplo, la llegada de la pandemia reveló, más bien dejó en evidencia aún más, los serios problemas mentales que afectan a la población, y particularmente la poca atención que ha recibido a lo largo de los años, que, sin lugar a duda, se agudizó con la llegada del COVID-19. En esto hay amplio consenso, es un grave problema que afecta a nuestro país, y requiere cada vez más atención, políticas y, por ende, recursos.
Lamentablemente –aunque peor es nada- se asignan en esta Rendición algo de recursos para enfrentar este tema, y el de las adicciones. Pero si empleamos el mismo cristal, para analizar otros “problemas” que afectan a nuestra sociedad, y que, por cierto, se han colocado como prioridades, el tema Educación no se queda atrás en términos de importancia; sin embargo, no recibe absolutamente ningún recurso adicional, es dable pensar, que no es una prioridad, no es importante.
En materia de Educación el gobierno “desestimó” los pedidos de refuerzos de recursos solicitados por las autoridades de ANEP y la Universidad (UdelaR), con el objetivo de dar continuidad y mejora al proceso de “transformación educativa” y de poder dar respuesta al aumento de la matrícula y la oferta educativa (incluso, becas) de los centros universitarios en el país.
Como se expresa en la Exposición de Motivos que acompaña al articulado, el gobierno para esta oportunidad ha priorizado el tema de la salud mental y el cuidado de las adicciones, para el cual asigna un total de 800 millones de pesos (U$S 20 millones) para la “prevención, promoción, tratamiento, inclusión y rehabilitación”, en el marco del Plan Integral de Salud Mental y Adicciones. Estos “créditos” se distribuyen entre distintos organismos: ASSE (360 millones de pesos), MIDES (240 millones de pesos), MSP (120 millones de pesos), y el restante, para la Junta Nacional de Drogas (80 millones de pesos).
Asignaciones Incrementales
(en millones de pesos)
Como se puede apreciar, llama la atención la ausencia de recursos adicionales para la Educación, como puede observarse en el cuadro, por segundo año consecutivo, ningún organismo de la Educación recibe crédito, a pesar de que todos los organismos elevaron –como mencionamos anteriormente- a las autoridades un pedido (ANEP en el orden de los 2.500 millones de dólares y la Universidad aproximadamente 6.000 millones de pesos).
Resulta preocupante que, aunque el gobierno lo calificó como una de sus prioridades, la respuesta, ante una solicitud de ANEP y de la Universidad, sea, la de no otorgarle nada, ni siquiera un peso adicional de cara a los próximos años, además de ser una “supuesta” prioridad para el gobierno, la ausencia de recursos se desarrolla bajo un escenario macroeconómico de crecimiento del producto.
El gobierno estima para los próximos años un escenario de crecimiento sostenido del producto (PIB) que totalizaría hasta el año 2025, 8,1%. Así pues, resulta evidentemente claro, que en la medida que el Producto Interno Bruto (PIB) continúe creciendo, y en tanto, se “congele” el presupuesto de la Enseñanza, se irá cada vez más, alejándose de la aspiración de alcanzar 6 punto del PIB para la Educación.
Hoy los recursos que se destinan a la Educación (por todo concepto) se ubican en el orden de 4,3% en términos del producto, sin embargo, si consideramos exclusivamente los recursos que se destinan a ANEP, UdelaR y UTEC, apenas llega a 3,8%.
Lo otro destacado, en el Proyecto de Ley es el intento por parte de las autoridades de la oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC) de llevar adelante una especie de “Reforma en el Estado”, nuevamente un intento por transformar la forma de funcionamiento en el sector público.
En la sección II (funcionarios) desde el artículo 4 hasta el 45, se promueve una especie de transformación o reforma en el Estado (eso será, dependiendo del grado de profundización del debate en términos de fines y cometidos). En efecto, se pretende llevar a cabo una nueva discusión en torno a lo qué se hace y cómo se hace (incluso medirlo y valorarlo) y, por supuesto de los nuevos perfiles de cargo que se requieren, es decir, se da cuenta, de una especie de nuevo sistema de retribuciones y perfiles (un nuevo “SIRO”) que intenta dotar de nuevas especificidades en el marco de las funciones a desempeñar, de acuerdo su categoría laboral (categoría, referida a cargo, un cargo asociado a un escalafón).
Si bien, la propuesta que se pretende empiece a ser implementada en el año 2024 –bajo un plan piloto- también incluye una escala retributiva –imponiendo niveles mínimos salariales a la hora de ingresar a la función pública, como así también, máximos; no cuenta con el consenso de todas las partes, en tanto, aún no ha formado parte de las distintas negociaciones con los gremios públicos.
Ahora bien, si echamos una mirada más amplia –que incorpore la trayectoria de los años de este gobierno, se puede observar que, expresado en dólares -y descontando el efecto de los precios- es decir, transformando todo a valores de 2022 y tomando en cuenta el promedio del dólar del año vigente, se verifica una caída acumulada a lo largo del período en el entorno de 730 millones de dólares entre 2019 y 2022.
Dicha caída, se explica fundamentalmente por el significativo “recorte” en los organismos del 220 (U$S -562 millones) y, en segundo término, por la Administración Central (U$S -158 millones). Dicho de otro modo, los recursos que se destinaron en el Presupuesto Nacional y las sucesivas Rendiciones de Cuentas no fueron suficientes para igualar los niveles pre-pandemia.
Es más, si, por otro lado, comparamos la variación “punta a punta” entre 2019 y 2022 observamos que si bien, se registra un incremento real en el orden de 93 millones de dólares, hay un recorte de la misma magnitud en el Gasto Público Social.
En efecto, se aprecia una fuerte caída de casi U$S 90 millones de dólares en los recursos destinados a la Educación, lo que en forma acumulada a lo largo de dicho período supone una reducción de más de U$S 300 millones. Algo similar, experimento Vivienda, que registra una caída de casi U$S 30 millones (lo que acumula en el período, un total de más de U$S 100 millones).
Por su parte, Salud da cuenta de un incremento en términos reales fundamentalmente a raíz de los recursos destinados al combate del COVID-19, no obstante, ello, durante el período ASSE pierde de “punta a punta” 10 millones de dólares, lo que implica una reducción acumulada del orden de US$ 100 millones respecto al año 2019. Las cifras son elocuentes, respecto a por dónde se llevó a cabo principalmente el recorte que permitió mejorar los resultados fiscales y, por ende, obtener, mejores calificaciones por parte de las consultoras privadas. El ajuste lo pagaron los trabajadores y los beneficiarios de las políticas sociales, lo cargó la sociedad. Este gobierno priorizó los objetivos económicos, por encima de lo sociales, los indicadores son elocuentes, hay más pobres y menos ingresos que previo a la pandemia, pero eso sí, tenemos una mejor calificación por parte de Standard & Poor’s y Rating & Investment.
(*) Economista.
Foto de portada:
La ministra de Economía, Azucena Arbeleche en la entrega de Rendición de Cuentas y presupuesto del MEF al Poder Legislativo en Montevideo. Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS.
