El Colegio de Abogados del Uruguay rechazó vía un comunicado “toda actitud que pueda ser entendida como una injerencia de cualquier poder del Estado sobre otro, y más aún, cualquier intento de incidencia sobre las decisiones de los jueces y juezas del Poder Judicial”.
Se trata de la segunda organización del ámbito judicial, que lanza una alerta sobre las situaciones que se han ido configurando en el país y que revelan, en unos casos, intentos de deslegitimación del accionar del poder judicial y en otros directamente un ataque y acciones de amedrentamiento.
En su comunicado el Colegio destaca que su declaración “no puede entenderse en forma alguna como manifestación en relación al juicio penal en curso” y ratifican que “la separación de poderes es un principio fundamental de nuestro estado de derecho” que debe defenderse con firmeza por lo que instan “a los poderes del Estado a manejarse con cautela, sobriedad y mesura en aquellos temas que pueden poner en duda la violación de este principio constitucional”.
“Todos los involucrados que cumplen función pública deben entender la responsabilidad que implica cada una de sus palabras y manifestaciones ya que se trata de señales que, al final del día, pueden generar confusión y división en la ciudadanía frente a cuestiones que son tan básicas que no deberían ser objeto de debate”, señala el comunicado.
El texto no pone en duda “el derecho de todo ciudadano e incluso de las autoridades del gobierno de manifestarse sobre un determinado procedimiento judicial, pero sí actitudes como, por ejemplo, la presencia multitudinaria o intimidante ante sedes judiciales en las que puedan caer tanto jerarcas públicos como sindicatos, partidos políticos u otros actores individuales o colectivos de la sociedad”.
Para los letrados, estos “son hechos que suelen ser reiterados y que obligan, en muchos casos, a los abogados a no poder circular libremente a la salida de los juzgados ni a las partes del juicio, a las que se les aplica el principio de inocencia hasta que haya sentencia en contrario. Reivindicamos el derecho de los colegas de trabajar en un ambiente respetuoso y sin presiones. Asimismo, remarcamos que la independencia no solo es un derecho del juez, sino una obligación que debe cumplir a consciencia”.
En la comunicación, se invita a no extraer del planteo que realizan “consideraciones de naturaleza política alguna que no hacen honor a la tradición cívica del país”.
Esta es la segunda declaración que se produce desde el ámbito judicial, luego que el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, fuera a Durazno para, según sus dichos, “respaldar” a policías imputados por la muerte de joven de 20 años.
