El viernes se encendieron las luces de alerta cuando se conoció una carta que el flamante director del Servicio de Comunicación Audiovisual (SECAN), Gerardo Sotelo, envió a los coordinadores de los servicios informativos de los medios públicos de radio y televisión conminándolos a que sometieran “todos los contenidos informativos y periodísticos” a la aprobación de un funcionario de su confianza política. La carta fue interpretada como lo que es: un mecanismo de censura previa.
La carta firmada por Sotelo, flamante director del SECAN, creado por una Ley que no fue votada ni por su partido, ni por los restantes de la coalición de derecha en el gobierno, ordena a los periodistas al frente de los servicios informativos de la televisión y las radios públicas que “en atención a la necesidad de establecer principios y criterios profesionales e institucionales comunes (tales como servir al interés público, balancear las opiniones, reflejar todos los puntos de vista relevantes para la comprensión de los hechos y presentarlos de forma imparcial) a partir de la fecha todos los contenidos informativos y periodísticos, deben ser consultados con el coordinador periodístico del SECAN, Jorge Gatti, antes de iniciarse el proceso de producción”.
Al conocerse la carta las reacciones de rechazo fueron inmediatas, el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAInfo), de reconocida trayectoria en la defensa de la libertad de expresión, emitió un comunicado alertando “las posibles consecuencias negativas que una decisión de este tipo puede tener para la libertad de expresión de los periodistas que trabajan en los medios públicos”.
Agregan que “además de constituir un enlentecimiento en el proceso de producción que requiere prontitud y pertinencia, puede derivar en un mecanismo de intimidación, de autocensura o incluso de censura previa”.
CAinfo también indica que esta situación se agrava porque Sotelo, asume la coordinación de todos los medios públicos, siendo candidato por la coalición de gobierno en las elecciones municipales de Montevideo.
En el comunicado se establecen un conjunto de recomendaciones para los medios públicos de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que no se cumplirían, tanto por la designación de Sotelo, como por su actitud comunicada en la carta.
En el mismo sentido se pronunció el Frente Amplio, que en un comunicado público expresó su rechazo a la “designación y actuación” de Sotelo.
El FA señala también la condición de candidato a la comuna capitalina de Sotelo y rechaza lo que califica como un mecanismo de censura.
El FA exhorta al presidente de la República y al ministro de Educación y Cultura a enmendar lo que considera un yerro de Sotelo
El comunicado de CAinfo
Este miércoles 29 de abril se conoció el contenido de una carta enviada por el nuevo director del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional (Secan), Gerardo Sotelo, a los coordinadores de los servicios informativos de los medios públicos de radio y televisión.
En dicha comunicación, Sotelo anuncia la decisión de someter la difusión de “todos los contenidos informativos y periodísticos” al escrutinio previo de un coordinador dependiente de la dirección, con la intención de “establecer principios y criterios profesionales e institucionales comunes”. Además, se advierte que la consulta deberá ser anterior al inicio del proceso de producción de cada uno de dichos contenidos.
El Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública alerta ante las posibles consecuencias negativas que una decisión de este tipo puede tener para la libertad de expresión de los periodistas que trabajan en los medios públicos de radio y televisión que integran el Secan.
Sin perjuicio de la lógica discusión de criterios periodísticos o editoriales que caben a la dirección de todos los medios (públicos o privados), la imposición de un escrutinio previo a la elaboración de los contenidos, que proclama la intención de “balancear las opiniones” o “reflejar todos los puntos de vista relevantes para la comprensión de los hechos y presentarlos de forma imparcial”, además de constituir un enlentecimiento en el proceso de producción que requiere prontitud y pertinencia, puede derivar en un mecanismo de intimidación, de autocensura o incluso de censura previa.
Este riesgo se agrava por el hecho de que Sotelo mantiene una actividad político-electoral como candidato suplente de una de las postulantes a la Intendencia de Montevideo en las próximas elecciones de octubre por la coalición gobernante.
En este sentido, CAinfo considera pertinente recordar las recomendaciones para el funcionamiento de los medios públicos contenidas en el documento “Estándares de libertad de expresión para una radiodifusión libre e incluyente”, publicado en 2010 por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Para asegurar la autonomía de los medios públicos se debería establecer por ley la independencia de su línea editorial o informativa”, señala el informe, que recomienda además que “todos los medios de radiodifusión gestionados por el Estado estén supervisados por una autoridad independiente, cuyos integrantes sean elegidos mediante un procedimiento transparente y competitivo en función de la idoneidad profesional y ética”.
La RELE agrega que la legislación “debería contemplar un régimen severo de inhabilidades, incompatibilidades y conflicto de interés”, así como “requisitos y procedimientos de designación y remoción objetivos y transparentes para los directivos de cada uno de los medios de públicos de comunicación que no deberían ser de libre nombramiento y remoción del Poder Ejecutivo Nacional”.
El comunicado del FA
El Frente Amplio expresa:
1.- Su rechazo por la designación y actuación del nuevo presidente del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional (SECAN).
2.- La designación para dirigir los medios públicos (SECAN) de un candidato en carrera electoral constituye un hecho grave y lesivo para las instituciones y la democracia.
3.- El jerarca ordenó por escrito, en forma inmediata a su designación, la prohibición de producir y emitir material periodístico en los medios públicos sin previa autorización de un funcionario de su confianza política. Este proceder atenta contra la libertad de expresión según está suscrito en el artículo 13 de la CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS (Pacto de San José).
4.- Exhortamos al Presidente de la República y al Ministro de Educación y Cultura, a corregir este yerro y a cuidar nuestra democracia, la cual en los últimos años ha sido evaluada como de las de mayor calidad en el mundo.
Frente Amplio
30 de abril de 2020
