Desde este lunes la Corte Internacional de Justicia (CIJ) dará comienzo a una revisión “sobre la legalidad de la ocupación israelí en los territorios palestinos”, informó la agencia de noticias Prensa Latina (PL).
Las audiencias a realizarse forman parte de un proceso que fuera solicitado por la Asamblea General de Naciones Unidas al tribunal internacional.
Durante el proceso se analizará, reseñó la agencia de noticias, “las consecuencias” de la ocupación sionista en territorios palestinos.
El proceso que se inicia es independiente al caso ya presentado por Sudáfrica en el que se califica al accionar israelí como genocida.
En el correr de la semana el tribunal de Naciones Unidas, llevará adelante el análisis de varias “pruebas presentadas por medio centenar de países”, así como por varios organismos internacionales, sobre las consecuencias de las operaciones militares en la Franja de Gaza.
El objetivo de esas instancias, explica PL, es aumentar la presión internacional para “detener las operaciones militares en el enclave”, luego de los ataques de Hamas el pasado 7 de octubre.
El pedido presentado al máximo tribunal por la Asamblea General “incluye el examen de las consecuencias jurídicas de la continua violación por parte de Israel del derecho del pueblo palestino a la autodeterminación» así como la «ocupación prolongada, asentamiento y anexión del territorio palestino ocupado desde 1967».
En ese mismo sentido, se estudiarán las medidas que Israel ha puesto en marcha para “alterar la composición demográfica, el carácter y el estatus de la Ciudad Santa de Jerusalén y las consecuencias de la adopción” por el estado sionista “de legislación y medidas discriminatorias”.
Junto a ello la Corte, deberá asesorar a la Asamblea General “sobre cómo las acciones de Israel afectan el estatus legal de la ocupación junto a las consecuencias para la ONU y otros países”.
Este lunes, explica el medio de prensa, los representantes palestinos realizaron su presentación y a partir de la misma “51 países y tres organizaciones internacionales intervendrán en el caso”.
Más allá del pedido realizado por la Asamblea General, el veredicto final del máximo tribunal podría tardar varios meses.
