Bruno Giometti (*)
En las siguientes líneas intentaremos esbozar un balance económico de los últimos tres años. En nuestra opinión, el gobierno no tiene ni ha llevado adelante un proyecto de desarrollo nacional, en el sentido profundo del concepto. Carece de una estrategia de desarrollo donde quepamos todas y todos. No tiene una visión integral de país, de su inserción internacional, su matriz productiva, de cómo implementar un proceso de avance en el trabajo de calidad de los uruguayos. Se parte del convencimiento ideológico de que los mercados por sí solos asignan los recursos de manera eficiente y que los “malla oro” movidos por el afán de lucro van a generar inversión y crecimiento económico; el derrame llegará naturalmente cuando tenga que llegar. El gobierno ha dejado de lado una visión del Estado muy arraigada en el pensamiento nacional, como escudo de los débiles y como agente de cambio económico, para pasar a concebir al Estado principalmente como un costo, que por lo tanto debe ser achicado.
Durante la pandemia, se produjo una importante caída del Producto Bruno Interno de la economía, así como del empleo y los salarios. Si bien el impacto fue heterogéneo, el panorama general entre la llegada del COVID 19 y mediados del año 2021 fue de empeoramiento de las condiciones materiales de vida de los uruguayos. En este período nuestro principal énfasis fue que, si bien el gobierno hizo acciones de política económica y social, las mismas fueron absolutamente insuficientes, lo que queda demostrado cuando se ven las consecuencias que hubo en términos de aumento de la pobreza, multiplicación de las ollas populares como forma de resolver la alimentación, pérdida de puestos de trabajo y deterioro del tejido productivo. Simultáneamente, por la vía del presupuesto nacional se procesó un ajuste regresivo, con disminución de los salarios públicos, jubilaciones e inversión pública; al tiempo que se incrementaron impuestos de manera velada pero indiscutible, como por ejemplo en marzo de 2020, por la vía de la reducción del descuento de IVA en las compras con tarjeta. A los sectores con mayor espalda económica, grandes capitalistas y propietarios, el gobierno no les pidió la más mínima contribución excepcional, ni siquiera a los que en los peores momentos de la pandemia siguieron acumulando ganancias.
En el período transcurrido entre mediados de 2021 y fines del 2022 la economía tuvo una reactivación importante, de tal modo que en 2022 el Producto Bruto Interno fue más de 3% superior al de 2019. Esta trayectoria se explicó fundamentalmente por el formidable desempeño de las exportaciones de bienes, que marcaron récords históricos en 2021 y 2022, así como algunas grandes inversiones privadas. El Índice de Excedente Bruto Unitario de la Industria Exportadora, que elabora el Banco Central, en 2021 y 2022 se ubicó 12% por encima de su nivel de 2019, lo cual muestra la fuerte recomposición de la rentabilidad que tuvieron las cadenas productivas más fuertes de la economía nacional. Los depósitos de uruguayos en el exterior y en las cuentas de más de U$S 250.000 en la plaza local se incrementaron en U$S 10.000 millones, por encima de los saldos que ya tenían a fines de 2019.
Los salarios y jubilaciones fueron quedando rezagados. En el promedio de 2022 el salario real medio se ubicó 3,7% por debajo de 2019. La masa salarial total también se ubicó por debajo de esa referencia, lo que quiere decir que el aumento en la cantidad de ocupados no alcanzó a compensar la caída del salario medio. Las propias proyecciones del gobierno ilustran una imagen objetivo de concentración del ingreso: entre 2019 y 2024 el PBI estaría acumulando un crecimiento en torno al 8% o 9% mientras que el empleo aumentaría en un 4% y el salario real en el mejor de los casos recuperaría el nivel de partida.
Los ganadores de este período de tres años son los grandes capitales ubicados en los núcleos de las cadenas agroindustriales de inserción exportadora: cárnica, forestal, láctea, soja, molinos. A pesar del aumento de costos como los combustibles y otros insumos, fueron ampliamente favorecidos por la suba de precios internacionales y la contención del costo laboral. El pequeño y mediano capital orientado al mercado interno tiene un panorama mucho más complicado, porque depende de la demanda interna que viene más rezagada.
Sumado a todo lo anterior, el gobierno presenta un proyecto de reforma jubilatoria para que el ajuste contra las grandes mayorías persista durante décadas. El proyecto ya votado por mayoría en el senado consiste básicamente en incrementar los años de trabajo, reducir el monto de la mayor parte de las jubilaciones, recortar beneficios de sectores vulnerables como viudas de trabajadores fallecidos y personas en situación de discapacidad, al tiempo que se mantienen privilegios injustificables como los de la caja militar y ni se considera incrementar los aportes de los sectores económicamente más poderosos.
En estos tres años el Uruguay ha retrocedido en términos de soberanía económica. No ha existido una política industrial que vaya en el sentido de diversificar la matriz productiva. Al contrario, se ha profundizado la dependencia de un puñado de productos de base primaria. Se recortaron las inversiones en investigación y desarrollo, junto a una ofensiva presupuestal muy fuerte en perjuicio de la UDELAR, con lo cual se va deteriorando la posibilidad de fortalecer las capacidades nacionales. Se han mercantilizado las empresas públicas y se redujeron las inversiones en UTE, ANCAP, ANTEL y OSE en más de 220 millones de dólares si se comparan los primeros 34 meses del actual gobierno con los primeros 34 meses del gobierno anterior.
La política de inserción comercial ha sido errática, por decir lo menos. Se anunciaron grandes tratados nunca concretados, al tiempo que se tuvo una actitud de confrontación con los países vecinos, importantes en el plano puramente comercial pero además potenciales socios estratégicos si se piensa en un proyecto de desarrollo con complementariedad productiva regional.
En síntesis, el Uruguay termina el año 2022 siendo más desigual e injusto que hace tres años, con la soberanía lesionada, donde se nos intenta imponer trabajar más años para cobrar una peor jubilación. Un país a la medida de un puñado de malla oro y donde las grandes mayorías viven peor.
El año 2023 tiene que ser el año del protagonismo popular, hacia la construcción de un programa de las grandes mayorías nacionales, para un desarrollo nacional duradero, de producción de riqueza y distribución justa de sus frutos, ambientalmente sostenible, con solidaridad y participación.
(*) Economista.
Foto de portada:
La ministra de Economía Azucena Arbeleche, el presidente Luis Lacalle Pou y el director de la OPP Isaac Alfie en conferencia de prensa. Foto: Daniel Rodriguez /adhocFOTOS.
