Por segunda vez ha tomado estado público, aunque sin mucho impacto en los medios más afines al gobierno, los datos referidos a los antecedentes de algunos de los miembros de la custodia presidencial.
Por Rolando Arbesún
La primera vez que esta información circuló fue a partir de una nota del periodista Víctor Carrato, quien publicara en la revista Caras y Caretas (https://www.carasycaretas.com.uy/seguridad-presidencial-dudas/), toda la información disponible sobre los antecedentes de Alejandro Astesiano, quien de acuerdo a lo ahora publicado por Radio Sarandí es “un civil de 50 años equiparado a policía que es el jefe de la custodia personal del mandatario”.
La nota de Carrato en la revista Caras y Caretas data del 30 de agosto de 2020 y en ella, además del profuso prontuario de Asteciano, documentado con información del Sistema de Gestión de Seguridad Pública (SGSP), se señala que el diputado comunista Gerardo Núñez había cursado un pedido de informes sobre esta situación.
El pedido de informes del diputado Núñez fue realizado el 14 de abril de 2020 y en él se solicitaba:
“1) La nómina de funcionarios dependientes de esa Secretaría de Estado que se desempeñan en el Servicio de Seguridad Presidencial desde el 1° de marzo pasado indicando grado, procedencia o unidad de origen de los mismos.
2) La nómina de funcionarios dependientes del Ministerio del Interior que fueran asignados a la jefatura, coordinadores y asesores del SSP, acompañando el texto del legado funcional correspondiente en cada caso”.
Este pedido de informes, señaló Núñez a nuestro portal de noticias, fue reiterado en varias oportunidades, incluso la reiteración de la respuesta al mismo fue solicitada personalmente, nos confirma Núñez, a quien entonces ocupaba el cargo de ministro del Interior, el doctor Jorge Larrañaga.
Luego del fallecimiento del doctor Larrañaga, se volvió a solicitar respuesta al pedido de abril del pasado año, esta vez con el acuerdo de toda la bancada parlamentaria del Frente Amplio.
Hasta el momento, nos ratifica el diputado Gerardo Núñez, el pedido de informes sigue sin respuesta.
En la nota del periodista Carrato de agosto de 2020, este señalaba, además de los antecedentes, debidamente documentados, la normativa que rige al Servicio de Seguridad Presidencial (SGP).
“El reglamento del SSP”, escribía entonces Carrato, “está regido por el decreto Nº 16/006 de 16/01/2006, artículo 1”, allí se aclaraba que, el “Servicio de Seguridad Presidencial SSP es una dependencia de la Presidencia de la República, subordinada directamente a la Prosecretaría de la Presidencia, es decir, al Dr. Rodrigo Ferré en la actualidad” y que, “el personal asignado al Servicio de Seguridad Presidencial podrá tener estado policial o ser de carácter civil. En uno y otro caso, sus integrantes serán designados directamente por el Presidente de la República, debiendo reunir en todos los casos las condiciones que se establezcan para el desempeño de esa función”.
La nota agregaba que, de acuerdo a la información disponible, “el actual jefe del SSP sería Alejando Andrés Astesiano Severgnini, de 48 años de edad, uruguayo, casado, con fecha de nacimiento 24 de julio de 1971” y para ilustrarlo se adjuntaba la tarjeta que este empleaba para presentarse como tal.
De todo esto pueden extraerse, como mínimo, tres observaciones:
Atendiendo al reglamento que establece que, “en uno y otro caso, sus integrantes serán designados directamente por el Presidente de la República, debiendo reunir en todos los casos las condiciones que se establezcan para el desempeño de esa función.
¿Cuáles son las condiciones que el mandatario destaca, para el caso de Asteciano, habida cuenta de su extenso prontuario?
Atendiendo al silencio que rodea, institucionalmente, la solicitud del diputado frenteamplista: ¿por qué el ministerio del Interior no ha emitido ninguna respuesta sobre lo solicitado en el pedido de informes del 14 de abril de 2020 y reiterado en diversas ocasiones?
¿Qué explicaría que semejante “escándalo informativo” que involucra al círculo íntimo de la Seguridad Presidencial y que, de alguna forma se relaciona con las sospechas de comportamientos y acciones de corrupción en el ministerio del Interior, no sea tratado en los medios que, un día sí y otro también, hacen posible el “blindaje mediático” del gobierno, al tiempo que rastrean cualquier minucia comportamental de los miembros de la oposición?
Como dijera el periodista Carrato, en su nota de agosto de 2020, el tema “asume mayor relevancia cuando tanto el presidente de la República y su subsecretario, que es el responsable del servicio SSP, deberían tener conocimiento de estos datos”.
A lo que agregaba, “resulta poco transparente el hecho de que el Ministerio del Interior no haya respondido al pedido de informes realizado”.
En los próximos días, el ministro del Interior será interpelado en el Parlamento, es esperable que además de todos los asuntos vinculados a su cartera y que, en los últimos días, ha tomado cierto vuelo informativo, incorpore esta cuestión, que como se observa ya es de larga data.
Hay que recordar, como lo hizo Carrato en su nota, que como decía William Shakespeare: “El temer lo peor es con frecuencia el mejor medio de remediarlo”.
