Este jueves, en marco el del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, se realizó una manifestación artística feminista y la entrega de un documento al Parlamento.
El 28 de mayo es, desde 1987, el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, una fecha de lucha del movimiento feminista y de mujeres.
Este 28 de mayo, tan particular por la pandemia, convocada por Mujeres y Salud en Uruguay (MYSU), se realizó una intervención artística ante el Parlamento y luego se entregó una carta con denuncias y 9 demandas concretas.
La intervención, realizada en el marco de la movilización, que contó con el respaldo de varias artistas y de otros colectivos feministas, se basó en un paralelismo entre el “Cuento de la Criada”, un novela de Margaret Atwood luego popularizada por una serie de TV en 2017 y algunos planteos del gobierno de la coalición de derecha.
En el documento, que fue entregado al Poder Legislativo, se explica por qué. Comienza señalando que en el mundo que se narra en la novela “la tasa mundial de natalidad se ha desplomado como resultado de las infecciones de transmisión sexual y de la contaminación ambiental. En ese contexto surge una fuerza teocrática, totalitaria y religiosa liderada por comandantes varones que crean un nuevo orden social y fundan la «República de Gilead»”.
En esa sociedad las mujeres “no tienen derecho a trabajar ni a leer, no pueden escribir ni controlar su dinero ni tener propiedades. La infertilidad mundial ha llevado al reclutamiento de las mujeres fértiles que, llamadas criadas, pasan a ser vestidas y tratadas en base a la interpretación más extremista de un versículo de la Biblia. En su período fértil la criada es forzada en un acto ritual de violación procurando que se embarace para darles hijos a las élites poderosas. En esa realidad distópica de la ficción de Atwood todos los mecanismos de dominación patriarcal hacia las mujeres, disidencias de género y diversidades sexuales, se restauran arrasando rápidamente los derechos conquistados en la lucha emancipatoria de los feminismos. Las mujeres vuelven a convertirse en objetos de explotación y control reproductivo al servicio de los intereses mezquinos y ambiciosos de hombres poderosos”.
MYSU señala que “cuando un gobierno se define “pro-vida” y defensor de los “derechos de los no-nacidos”, las mujeres y disidencias estamos en riesgo y el peligro de que nuestros derechos sean violados, es enorme”.
Cuestiona que ante la emergencia sanitaria y el confinamiento familiar “no se tomó en cuenta los niveles de violencia de género que impactan sobre niños, niñas, mujeres y disidencias, en esos ámbitos”.
La inexistencia de “subsidios a las tareas de cuidado sabiendo la sobrecarga que siempre significó la doble y triple jornada de trabajo para las mujeres y que se vio agudizada por la pandemia”.
Denuncia que “las mujeres son las más afectadas por el desempleo representando el mayor porcentaje del trabajo informal y sin seguridad social pero las medidas adoptadas hasta la fecha para mitigar los impactos no tienen perspectiva de género ni buscan reducir las brechas de desigualdad”.
“Cuando es de dominio público que en la explotación sexual de adolescentes y jóvenes están involucrados hombres vinculados al poder político, económico y jurídico, es evidente la vulneración constante a la que estamos expuestas.
¿Qué tan lejana queda entonces la distopía de Margaret Atwood viviendo en estas condiciones?”, se preguntan en el documento entregado al Parlamento.
Los reclamos de este 28 de Mayo
El 28 de Mayo, es desde 1987, el Día de Acción Internacional por la Salud de las Mujeres, decisión impulsada por las organizaciones sociales que participaron del V Encuentro Mundial por la salud de las Mujeres.
El documento de MYSU lo define como “un día de reivindicación feminista que denuncia la morbilidad y mortalidad de mujeres y personas con capacidad de gestar, vinculadas a condiciones evitables de riesgo durante el embarazo, parto, puerperio y aborto, que demuestran los niveles de injusticia social, económica y de género”.
El documento entregado al Poder Legislativo reclama “el respeto irrestricto a nuestra condición de sujetos de derechos y ciudadanas plenas con capacidad ética y moral de tomar nuestras propias decisiones”.
Destaca “la necesidad urgente de que el aborto, la anticoncepción y todo servicio relativo a la vida sexual y reproductiva de las personas sean declarados como esenciales y garantizados desde el Sistema Nacional Integrado de Salud, sin postergación ni restricciones”.
“El Estado uruguayo debe cumplir con los compromisos asumidos ante el sistema internacional de Naciones Unidas que lo ubican entre los países de avanzada en la región al respetar la laicidad de sus marcos normativos y políticos, el derecho de niños, niñas, adolescentes y jóvenes como población prioritaria en los esfuerzos para asegurar igualdad de oportunidades para su desarrollo, sin exclusiones. El acceso a la educación, incluida la educación sexual basada en evidencia, como parte fundamental de los procesos de socialización, que debe garantizarse en todas las etapas de la vida y niveles educativos. Avanzar sobre los logros alcanzados en el proceso de incorporar a la agenda de derechos a amplios sectores de la población históricamente vulnerados y relegados en sus derechos. Erradicar toda forma de violencia y discriminación incluida la basada en género”, resume el documento de MYSU.
En el mismo se plantean 9 demandas que el Parlamento “debería garantizar”: 1. Tendremos acceso sin restricciones a los servicios que nos ampara la ley. 2. Se asignarán los recursos humanos y presupuestales necesarios para el acceso universal e insumos para todas las prestaciones requeridas en el campo de los DSR. 3. Se promoverá la difusión de los servicios para que toda la población conozca sus derechos y los ejerza, sin discriminaciones. 4. Se asegurará la convivencia pacífica de la diversidad de creencias y no se impondrá ninguna desde las acciones de gobierno. 5. Se fortalecerán los sistemas de denuncias cuando los derechos son vulnerados y se generarán mecanismos de reparación a las víctimas. 6. Se superarán las barreras detectadas en el funcionamiento de los servicios legales de aborto como los altos niveles de objeción de conciencia por parte de los profesionales de la ginecología. 7. Se incorporará a la población migrantes a todas las prestaciones requeridas para el ejercicio de la salud, incluyendo la interrupción voluntaria del embarazo. 8. Se atenderán integralmente las situaciones de violencia de género procurando erradicar las causas que la generan. 9. Se perseguirá toda forma de explotación, incluida la explotación sexual particularmente la que involucra a niños, niñas y adolescentes.
“Cuerpos libres, estados laicos, democracias plenas”, culmina señalando el documento de MYSU.
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