El Informe Anual de 2021 de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), describe que, en Uruguay, a pesar de presentar tradicionalmente “índices altos de respeto al derecho a la libertad de expresión y a la institucionalidad democrática”, se han recibido por parte de la Relatoría denuncias que describen un aumento de los hostigamientos y acusaciones contra periodistas y medios críticos al gobierno.
El Informe fue presentado la pasada jornada y reseña que los casos de hostigamiento y acusaciones referidos a periodistas y medios de prensa de Uruguay se han presentado con mayor frecuencia en redes sociales y teniendo como presuntos protagonistas a personas con vínculos y/o posiciones oficiales.
Lo anterior, es valorado como una evidencia de que se constriñen “garantías para la libertad de expresión y el espacio informativo”.
“Luego del estallido de la pandemia”, señala el texto, “organizaciones de la sociedad civil y periodistas han denunciado un presunto retroceso en las garantías de transparencia gubernamental y un ambiente restrictivo al acceso a información de relevancia pública”, que cita además casos específicos de sucesos acontecidos el pasado año 2021.
En ese sentido se señala que “en 2021 se habría observado un creciente clima de hostigamientos y acusaciones contra periodistas y medios críticos, especialmente en redes sociales y presuntamente por parte de voces oficiales”.
Uno de los casos reseñados es el del periodista Aldo Silva quien fuera objeto de “mensajes agresivos en redes sociales luego de que cuestionara al presidente” mientras se producía un debate “junto a otros periodistas sobre las cifras de personas fallecidas por covid-19 en Uruguay”.
El reporte describe como ejemplo de voceros oficiales que tienen posturas de hostigamiento a periodistas y medios, el caso de la senadora del partido Nacional, Graciela Bianchi.
“Una senadora del partido oficialista señaló en sus redes sociales que la pandemia tiene algunas cosas positivas: desenmascara ‘periodistas’ que posaban de profesionales independientes (…) Los uruguayos tenemos más memoria de lo que los mediocres piensan y no perdonaremos a los miserables”, se lee en el informe, que agrega los dichos de la misma senadora cuando tildó de “traición a la patria” el reportaje realizado para CNN por el periodista Darío Klein, cuando Uruguay registraba el mayor número de fallecidos por Covid-19.
Otro de los ejemplos dados en el Informe es el de la reacción que produjo en filas oficialistas, el informe crítico sobre el país, realizado por la cadena alemana Deutsche Welle, que dio lugar a una insólita declaración de rechazo por parte del Parlamento.
“Esta Oficina ha sido informada acerca de una alegada tendencia creciente de demandas judiciales -o amenazas de demandas- contra periodistas por parte de personas funcionarias públicas, empresarias, dirigentes políticos y sindicalistas. En esta línea, la organización CAinfo reportó al menos siete casos de activación de mecanismos judiciales, en su mayoría demandas penales por difamación e injurias, entre los meses de julio y septiembre, lo que a su juicio se trataría de un número inusual en un lapso tan breve”, agrega el reporte, que incluye otros ejemplos nacionales que documentan las preocupaciones sobre la libertad de expresión, prensa y trabajo periodístico en el país.
