Los fiscales bolivianos a cargode la acusación e la expresidenta de facto Jeanine Áñez (2019-2020) imputron formalmente a la misma or lo que la posible condena de Áñez puede llegar a ser de 30 años.
La imputación que se le hizo contempla los delitos de “terrorismo, asesinato y asesinato en grado de tentativa”, tal y como surge del expediente penal denominado Masacre de Sacaba
“Los suscritos fiscales (…) imputan formalmente a: Jeanine Áñez Chávez por la comisión del delito de asesinato con relación a las 10 personas fallecidas, (…) y asesinato en grado de tentativa con relación a los 90 heridos”, consigna Prensa Latina.
Además de los delitos anteriores, se la imputa del delito de genocidio previsto en el artículo 138 del Código Penal, en este caso el accionar de Áñez ha sido calificado de “autor de los hechos”.
Para la Fiscalía, reseña la agencia de prensa, “en noviembre de 2019 se consolidó una estructura de poder orientada a ejercer una represión violenta, a sabiendas de que esto causaría la muerte de personas y lesiones en otras, ante protestas que demandaban en Sacaba respeto a su derecho al voto, a la wiphala y a la mujer de pollera”.
Para los fiscales Áñez contó con la “complicidad” de los exministros de Gobierno Arturo Murillo, y Defensa, Fernando López” quien “emitió el Decreto Supremo 4078 (conocido como de la muerte)”.
Un decreto por el “que exoneraba de responsabilidad penal a policías y militares en la represión contra quienes reclamaban el restablecimiento del orden constitucional”.
Todas las operaciones, afirmaron desde el ministerio público, fueron coordinadas entre la exgobernante de facto y ss cómplices.
En las mismas, se añade por la Fiscalía, “determinaban implícitamente el uso de armas de fuego, puesto que exoneraba de responsabilidad penal a las Fuerzas Armadas”.
Para el Ministerio Público el país se encuentra ante un caso de “relevancia social, que requiere una atención prioritaria en el sentido de que se enfrente con celeridad desde el punto de vista de fijar fecha y hora para la audiencia cautelar en la cual se demandará formalmente que la imputada sea detenida preventivamente por seis meses en la cárcel de Miraflores”.
La exgobernante cumple actualmente en dicho penal “una sentencia en primera instancia de 10 años por el caso Golpe de Estado II, juicio que analizó la vía inconstitucional que utilizó para colocarse a la cabeza del Senado y posteriormente del Estado”, recuerda PL.
En el expediente denominado Golpe de Estado I, la ususpadora aparece “imputada por las masacres de Senkata, en El Alto, y la de Sacaba, en Cochabamba”.
En amabos casos el saldo del accionar provocó “cerca de 40 muertes, cientos de heridos y miles de encarcelados y torturados”.
