Pablo Da Rocha (*)
Si bien, estrictamente, no es la última Rendición de Cuentas de esta Administración -pues resta aún la de los años finales de gobierno- se sobreentiende lo es, en la medida, que es la última que prevé la posibilidad de incremento adicional de recursos, en tanto, la próxima será “espejo” de ésta, es decir, no permite incrementos por encima de lo que esta establezca.
Restan horas para que venza el plazo previsto en el artículo 217 de la Constitución de la República, para la presentación al Parlamento, del Proyecto de Ley de Rendición de Cuentas y el Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente al ejercicio 2022.
El Proyecto ingresará seguramente por Cámara de Diputados, los que tendrán 45 días para su discusión, antes de que llegue a Senadores –quienes contarán con el mismo plazo para su consideración. Así pues, que en la medida que no existan modificaciones al original, a principios de octubre estaría siendo aprobado o rechazado. Un dato adicional es que, no se podrán enviar “mensajes complementarios o sustitutivos” que alteren las asignaciones originales, pues son exclusivos del Proyecto de Presupuesto Nacional, sin embargo, pueden existir –como mencionamos anteriormente- posibilidades de incrementos adicionales por última vez.
El Presupuesto Nacional es el instrumento de política económica y social más importante de un gobierno. Contrario a lo que muchos piensan, el objetivo más importante de un Presupuesto es social puesto que es la manera en cómo se distribuyen los recursos para el bien común. Un presupuesto sano debe considerar los problemas sociales y económicos del país y el entorno en que se desenvuelve. Es el plan de acción del gobierno, donde se establecen cuáles serán los gastos que enfrentará y cuáles son los recursos con que se contará para hacerlo.
La Ley de Presupuesto Nacional contiene el total de los ingresos y gastos contemplados para el correspondiente ejercicio fiscal. Su importancia radica que en ella se van concretando los principales objetivos que el gobierno pretende alcanzar en un período determinado, así como los recursos que se requieren para financiar el gasto del cumplimiento de estos objetivos.
Por lo tanto, un Presupuesto Nacional debiera reflejar los objetivos estratégicos propuestos por el gobierno de turno. En algún sentido, materializar las “promesas” electorales que los llevó a alcanzar la gestión del país, en otro sentido, plasmar en medidas concretas, la “hoja de ruta” que se propusieron y que el pueblo apoyó.
Conviene repasar lo que fue aprobado por el Parlamento en el Presupuesto Nacional: de acuerdo a la Exposición de Motivos –una suerte de fuente argumental o de justificación de lo propuesto- se apoyó en lo que denominan “líneas estratégicas”, que se supone sirvieron de orientación general para la acción: (a) ser responsables, (b) ser ecuánime, (c) ser dinamizador, (d) ser coherente, y (d) ser transparente.
Indudablemente, será el Parlamento en principio quién juzgue esas “líneas” pero resulta relevante para el lector, saber de qué hablamos cuando nos referimos a estas cuestiones, de modo de, en primer término, entender, y en un segundo término validar (o no). Pues en definitiva un plan o medida resulta ser la síntesis de un intento por interpretar y transformar la realidad concreta. En todo caso, analizar la efectividad de la acción propuesta.
La Rendición de Cuentas (RC) no es otra cosa que eso. Podríamos entonces dedicar, abundantes líneas de análisis exhaustivos de los numerosos artículos que la componen, para dar cuenta de las propuestas y su posible impacto, pero lo más relevante, en función además de las posibles futuras modificaciones, es referirnos a la orientación general del Proyecto y de su consistencia en torno a los ejes estratégicos en los que se dice se apoya.
Lo que resulta indudable y absolutamente relevante es que el año 2020 estuvo profundamente signado por la llegada de la pandemia a nuestro país. Esto nos interpela a varios niveles, pero uno más que significativo para nuestro análisis es cuánto influyó sobre el Presupuesto Nacional y consecuentemente sobre la RC. A nuestro entender operó tan a nivel objetivo, es decir, en lo concreto; pero también a nivel subjetivo, es decir, operó políticamente como alienante, o sea, alterando el foco real de la discusión.
En ese sentido, el Presupuesto Nacional estuvo fuertemente basado en una idea central, de inspiración liberal que es la mercantilización de la política pública, es decir, priorizar lo económico por encima de lo social, bajo una idea torpe y falaz de creer que puede existir “derrame”. Lo concreto es que se preocuparon más en reducir el déficit fiscal, que en mantener el bienestar social. Una suerte de “fetichización” del asunto, es decir, sobrevalorar el fenómeno, de manera de ocultar los verdaderos problemas –incluso como que no tuvieran nada que ver el tema-.
A la luz también de los datos oficiales no resultan tampoco consistentes con la realidad de ser ecuánime y dinamizador. Con lo primero se buscaba que las políticas públicas alcanzaran a toda la sociedad, teniendo especialmente en cuenta a los más vulnerables: el dato de contar, aún hoy (2022) con aproximadamente 60 mil nuevos pobres es revelador, como así también, la caída de los ingresos. Es evidente, por cierto, que no hay señales genuinas “dinamizadoras” de la economía como se sostiene, sino coyunturales, por tanto, débiles y con mucha incertidumbre. Para reactivar la economía se requiere de inversión –tanto pública como privada- generadora de puestos de trabajo, solo han existido anuncios, o proyectos que provienen de otras gestiones anteriores.
Por otro lado, se habla de coherencia y transparencia. No hay mucho que agregar al respecto en aras de la situación actual. Nuevamente se convoca al Consejo Superior de Negociación colectiva del Sector Público –donde se establece la obligatoriedad de dar a conocer el Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional y de RC antes de su ingreso al parlamento- y no hubo nada para negociar, pues no se presentó ninguna información. Se habló de “problemas de diseño” que hay que solucionar en el futuro (¿?).
Lo cierto es, que, a pocos días de su plazo constitucional, los trabajadores, ni la sociedad en su conjunto, tiene conocimiento de los contenidos de la “última” Rendición de Cuentas de este gobierno.
Posiblemente se puede admitir que han sido coherentes con la idea de que al priorizar el déficit fiscal y condicionar el resto de las políticas a este objetivo –incluso una política salarial de pérdida del poder de compra y recorte en las asignaciones presupuestales (de las que se admite caída en esta RC en términos reales respecto a 2019)- coherentes con ponderar más los resultados económicos que sociales; pero muy lejos de lo que debiera ser coherente para una Presupuesto Nacional que dijimos debe ser por sobre todas las cosas social.
Incluso, tan es así la falta de conducción estratégica, que, en la medida de no contar con fuentes genuinas de dinamización de la economía, la política de “recorte” está acotada, en consecuencia, se produce un empeoramiento del resultado fiscal. El gobierno no cumplirá –a pesar de la regla fiscal creada con la LUC- con sus metas. Para colmo de males, la prolongación de la sequía y la falta de visión en la gestión de recursos puso en jaque al gobierno, de modo, que su impacto, está enlenteciendo el ritmo de crecimiento de la economía, otro punto en contra.
Lo cierto es que muy poco se sabe de lo que será presentado –a más tardar hoy- en el Parlamento, apenas unos pocos millones para la problemática de salud mental, un gran debe a la sociedad, lo que no se compadece son los recursos que se supone serán asignados (U$S 20 millones) para un problema serio y extendido. Pero luego, no se prevé nada adicional para otras políticas públicas, o áreas sensibles como Salud, Educación y Vivienda, que como hemos venido denunciando, se ubican en términos reales por debajo de la línea base (2019), fruto del brutal recorte sufrido. Es más, como es sabido, la recuperación salarial (que no será completa) será gradual y en algunos casos condicionada.
Preocupa, sin embargo, los anuncios realizados por la ministra Arbeleche –a partir de la declaración de emergencia (crisis) hídrica, pues, podríamos suponer, que se destinaran (desviarán) recursos hacia ese Fondo creado, o bien, se requieran otra serie de medidas adicionales. Esperemos, que, de ser necesarios recursos, se opte por aquellos sectores de muy altos ingresos que fueron beneficiados durante la pandemia (y que colocaron sus depósitos en el exterior en niveles récord), en lugar de recurrir como de costumbre a la clase trabajadora de nuestro país.
El escenario macro no es alentador, en primer lugar, si bien la economía crece, se ha desacelerado –fruto de la sequía que afecta desde hace algunos años al país- lo que nos lleva a estimar, que no se cumplirán tampoco, con las metas de crecimiento del PBI previstas en ediciones anteriores. Asimismo, esta noticia, trae aparejada otras, en función de su correlación con otras variables, por ejemplo, las metas fiscales. En definitiva, este escenario macroeconómico, hace suponer que el llamado “espacio fiscal” sea menor al previsto.
En segundo lugar, esta situación de posibles menores recursos implica, por un lado, una restricción en cuanto a posibilidades de asignación incremental adicional; y por otro, la obligación a (re) priorizar los destinos de los recursos, más allá de lo previsto. Por ejemplo, el anuncio del Presidente de la República, en lo que puede sintetizarse en “no pidan, ejecuten” refiere a ambas de algún modo.
(*) Economista.
Foto de portada
Azucena Arbeleche en la antesala del Senado tras presentar la Rendición de Cuentas en el Palacio Legislativo en el año 2021. Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS.
