A esta altura son innumerables las editoriales donde hemos criticado duramente el acuerdo entre el Estado uruguayo y la empresa Katoen Natie, por el que se le entregó el monopolio en el manejo de los contenedores hasta el año 2081. Seguir escribiendo sobre este tema confirma la existencia de nuevos perjuicios que demuestran con claridad todo lo que anunciamos en su momento.
Un día sí y otro también venimos sufriendo las consecuencias negativas de este vergonzoso acuerdo que entregó la soberanía portuaria y regulatoria de nuestro país al servicio de una multinacional.
Empecemos por el aumento de tarifas
Desde hace tiempo, se escuchan las voces de las gremiales empresariales reclamando por los elevados costos que tiene la empresa TCP-Katoen Natie y cómo esto encarece toda la logística portuaria. Un reclamo que no es nuevo, pero ante la nueva realidad —donde prácticamente la empresa acapara casi la totalidad del negocio—, se torna un problema grave y preocupante, que amenaza la competitividad de nuestro principal puerto.
Luego de eso, trascendió una noticia que ni siquiera los jerarcas del gobierno estaban enterados: Katoen Natie iba a aumentar unilateralmente las tarifas en un 24%. Entre idas y venidas y la «aparente sorpresa» del ministro de Transporte y Obras Públicas, Falero, todo quedó en suspenso. Sin embargo, en el día de ayer, se anunció que el aumento será de un 17%, lo que sigue igualmente encareciendo los ya inaccesibles costos de la logística portuaria.
Más allá de la imposición unilateral de la empresa en cuanto a las tarifas, persisten las dudas sobre la legalidad de la medida. ¿Acaso por el artículo 51 de la Constitución de la República las tarifas públicas no deben ser homologadas por el Poder Ejecutivo?[1] Más allá de lo que diga el acuerdo en cuanto a la fijación de tarifas ¿Puede este llegar al punto de vulnerar nuestra Constitución? Entendemos que no y por eso defenderemos hasta el cansancio el derecho soberano de nuestro país de homologar las tarifas.
Como Estado debemos hacer valer nuestra normativa y nuestra voluntad soberana para homologar las tarifas, como mandata el artículo 51 de la Constitución de la República. Pero los hechos son los que marcaron la firma del acuerdo con la empresa Katoen Natie, —donde además de entregar el negocio de los contenedores— se le liberó el derecho a fijar las tarifas y nuevos precios. Llegamos al 2023 para constatar -de primera mano- las duras consecuencias que anunciamos en su momento.
Los balances de TCP y un nuevo pedido de acceso a la información pública presentado por senadores del Frente Amplio
De la misma forma que ocultaron el acuerdo y lo negociaron en la intimidad de los gabinetes, los balances de TCP-Katoen Natie se ocultan sistemáticamente a la sociedad uruguaya. Este punto resulta fundamental porque algo a lo que debe apostar nuestro país es a la seriedad y transparencia. Existe, en nuestro ordenamiento jurídico, una ley que dice que las sociedades en las que tenga participación el Estado tienen la obligación de entregar al Banco Central del Uruguay información contable para ser publicada. La realidad es que TCP – Katoen Natie debía entregar el balance antes del 30 de abril de este año, sin embargo, eso no ha sucedido o no ha sido publicado. Si uno analiza lo que sucedió en años anteriores, los balances se publicaban sin problemas. Llamativamente, eso no está sucediendo en este momento. Un momento -además- donde la suspicacia está a la orden del día, ya que las acciones del Gobierno y sus socios no han sido del todo transparentes. Todo parece indicar que podrían estar modificando dicha información. Esto no solo sería lamentable, sino que podríamos estar ante una nueva irregularidad en la gestión del Gobierno.
Para terminar con el secretismo, desde la bancada de senadores del Frente Amplio presentamos un pedido de acceso a la información pública para acceder a los balances de la empresa. Lamentamos volver a recurrir a este mecanismo, pero la falta de transparencia nos obliga a ello.
A modo de conclusión
Siguen siendo muchas las preguntas y pocas las respuestas. A esta altura parece que cada vez que el Gobierno queda expuesto —ante la constatación de nuevas irregularidades— opta por ocultarse, mentir, y no brindar la información requerida. Es notorio el retroceso que ha sufrido nuestro país en materia de transparencia y seriedad en cuanto a los procedimientos en el manejo de la cosa pública.
Hace un tiempo, hablando de estos asuntos, un conocido me decía que a partir de este gobierno herrerista sentía que vivía en una «República Bananera». Nunca me gustó ese término por considerarlo peyorativo, pero, sin duda, si queremos llamar a las cosas por su nombre debemos hacer notar algunas cosas: La degradación institucional que hemos sufrido y los retrocesos en materia de soberanía.
Aunque si algo caracteriza a una colonia, es su absoluta pérdida de soberanía, donde muchas veces las decisiones no la toman siquiera los gobiernos extranjeros, sino un grupo de empresarios reunidos en algún lugar del mundo.
[1] Artículo 51 El Estado o los Gobiernos Departamentales, en su caso, condicionarán a su homologación, el establecimiento y la vigencia de las tarifas de servicios públicos a cargo de empresas concesionarias.
Las concesiones a que se refiere este artículo no podrán darse a perpetuidad en ningún caso.
Dr. Charles Carrera Leal
Senador de la República
MPP – Espacio 609 | Frente Amplio
