El nivel de recolección de datos que realizan múltiples aplicaciones sobre niños y adolescentes ha convertido a toda una generación como la más vigilada.
Según documenta Juliana Vaz, traductora literaria y periodista brasileña, en nota aparecida en la revista digital Humboldt, los niños y adolescentes son actualmente “objeto de un intenso direccionamiento de contenido publicitario específico”, que llega a ser “una intromisión que puede causar riesgos y perjuicios en sus vidas offline”.
Este tipo de vigilancia,señala la periodista, más allá de ser una realidad global, “se esparce por el mundo de manera desigual” ya que “los niños y adolescentes de Europa disfrutan de niveles más altos de privacidad y protección de datos que aquellos que viven en el llamado Sur Global”.
De acuerdo a datos que emergen de una investigación realizada en 2021 por el Centro Regional de Desarrollo de la Sociedad de Información (Cetic.br), en Brasil, “el 93% de los niños y adolescentes entre 9 y 17 años tiene acceso a Internet”.
La organización que trabaja en colaboración con la Unesco, señala que ello significa que 22,3 millones de pequeños usuarios (…) están detrás de las pantallas”.
De ese gran total, describe el estudio, “el 78% usa redes sociales, el 62% tiene un perfil en Instagram y el 58% participa de TikTok”, son los denominados “nativos digitales”, afirma Vaz que agrega que ellos han visto crecer su vida en modo conectado, teniendo “desde los primeros años de vida (…) interacciones mediadas por las nuevas tecnologías”, lo que hace que “la identidad y la autoestima de esos niños están moldeadas en el ambiente virtual”,al tiempo que “toda su actividad en la red produce datos valiosos en la era del capitalismo de la vigilancia”.
Para el caso estadounidense, señala la especialista, “un niño de 13 años ya ha producido 72 millones de puntos de datos recogidos por empresas de ad-tech.
En opinión de Fernanda Bruno, profesora de Comunicación y coordinadora del MediaLab de la Universidad Federal de Rio de Janeiro, se trata de “un capitalismo que se alimenta de datos, del monitoreo continuo y de la vigilancia ininterrumpida de todo lo que hacemos online y extrae valor de esa vigilancia, y así prevé nuestro comportamiento e influye en él”.
“El objetivo”, añade Bruno, “es producir compromiso y más datos, pues eso es lo que genera valor en las plataformas. En ese universo, el niño es, de modo intenso, blanco de la extracción de datos, del direccionamiento de contenido y de la propaganda”.
Aunque no se conocen los efectos de esta “recolección intensiva de información” para el futuro de dicha generación, lo cierto es que “su privacidad está amenazada”, tal y como lo evidenció el estudio realizado en 2021 por Human Rights Watch (HRW).
Para esa fecha, la organización reveló “entre marzo y agosto de 2021, en plena pandemia de Covid-19, niños y adolescentes de todo el mundo fueron vigilados sistemáticamente mientras asistían a a clases online por medio de aplicaciones pedagógicas”.
No solo “la privacidad de los niños quedó en riesgo o fue directamente violada en 49 países”, denunció el informe de la organización en base al estudio de 145 de las 163 plataformas de aprendizaje investigadas.
Dichas plataformas tenían capacidad de recolección informativa “sobre la identidad de los niños, sobre su lugar de residencia, su actividad en las clases y sobre su familia”, llegando además, gracias a las tecnologías de rastreo instaladas “seguir a los alumnos fuera del horario de clases”.
“Esa recolección excesiva de datos es preocupante, en primer lugar, por una cuestión de seguridad. Algunas de esas aplicaciones extrajeron la dirección de IP del alumno, que puede determinar su localización en el radio de un kilómetro. Si esa información se filtra, puede exponer a los niños a peligros offline, a algún ataque real”, alertó Marina Meira, abogada y coordinadora de proyectos de Data Privacy Brasil.
El estudio de Human Rights Watch mostró “que las aplicaciones enviaron datos o permitieron el acceso a datos de menores a empresas de publicidad, la mayoría de las veces en secreto o sin el consentimiento de los padres”.
No solo los niños se vieron afectados por el “cambio brusco de la enseñanza presencial a la enseñanza remota”, afirma la periodista brasileña, sino que, “también los docentes se adaptaron a las nuevas herramientas digitales como pudieron, muchas veces ignorando los riesgos y los beneficios que tenían las aplicaciones”.
De acuerdo a la investigación “TIC Educação”, desarrollada por Cetic.br en 2021, “los docentes no suelen escoger una herramienta de su preferencia para usar en las clases virtuales”.
La adopción de dichas plataformas reveladas como “abusivas”, destacó Tel Amiel, profesor de Educación de la Universidad de Brasilia, “fue una solución paliativa, de emergencia, resultado de años de desatención de la infraestructura de la educación básica en Brasil”.
En sus apreciaciones del fenómeno, Amiel criticó lo que denunció como “la falta de transparencia de los contratos entre las redes de enseñanza y las empresas que desarrollan las plataformas”. Se trata de contratos realizados “sin audiencia pública, tanto en la enseñanza primaria y secundaria como en la enseñanza superior”.
“Había una infinidad de plataformas alternativas completamente viables, plataformas importantes, por ejemplo, Moodle, usado por casi todas las universidades públicas, o Conferência Web, de videos, que funcionan perfectamente y son softwares libres”, dijo el activista y defensor de recursos pedagógicos abiertos.
Como ejemplo de la extracción y distribución de datos para fines alejados de la educación, la especialista Fernanda Bruno señaló a “la aplicación Descomplica”, que “podía monitorear los clics y movimientos del mouse de cada alumno en la plataforma”.
Esta aplicación compartió los datos con la empresa Hotjar, dedicada a investigar “el comportamiento de los usuarios en determinada página para mantenerlos conectados a ese sitio web”.
“Es decir, es una empresa claramente orientada a la influencia del comportamiento online y en el caso del público infantil y adolescente eso es muy grave”, enfatizó Amiel.
Uno de los modos de hacer ilegibles las políticas de transparencia de las plataformas, se denuncia, es transferir “a los padres la responsabilidad de buscar información y de protegerse de los eventuales riesgos en el uso de las aplicativos”, algo que no todos los padres pueden hacer ya bien sea por ausencia de capacidad o de tiempo para descifrar “documentos oscuros y difíciles de descifrar”.
“Las políticas de privacidad”, enfatizó la representante de Data Privacy Brasil, resultan “ilegibles e incomprensibles para la mayoría de las personas. Es muy difícil que alguien se detenga a leer la letra chica, pero a la vez eso es una señal de que no existe una preocupación general en relación con la protección de datos”.
Adjudicar la carga a las familias, añadió Meira, es “injusto”, en su lugar, agregó debe exigirse al “Estado y las empresas que dominan el mundo digital una actitud más activa, para que los derechos de los niños y adolescentes se respeten de modo efectivo y se creen productos que ofrezcan protección en el mundo digital”.
La vigilancia, derivada de estas acciones, denuncian los especialistas, “resulta asimétrica y aprovecha las debilidades de los países del Sur Global”, algo que se agrava cuando se trata de poblaciones pobres que ven disminuidas sus posibilidades “de elegir la plataforma adecuada para la protección de los datos personales”.
A fin de cuentas, sentencia Meira, “la gente utiliza la primer aplicación que le aparece. Ya las condiciones mismas de elección están más limitadas” en unos países respecto a otros.
