El diputado por la 1001-FA, Gabriel Mazzarovich, intervino en la Cámara de Representantes, en contra de la Ley de Medios que quieren imponer desde el Poder Ejecutivo. Compartimos su intervención del martes antes que se pospusiera la sesión:
Derechos fundamentales
Estamos ante una discusión muy importante, tiene que ver con derechos fundamentales, como el Derecho a la Información, a la Libertad de Expresión, al acceso a internet, y también tiene que ver con el poder, con la forma en que este se ejerce.
Lo primero es que, una vez más, tenemos que decir que, al contrario de lo que sostiene el gobierno, no hay ninguna urgencia para tratar este proyecto de ley. Las y los uruguayos no estamos ante ninguna crisis en la que nos vayamos a quedar sin señal de radio o de televisión o sin servicio de internet. La única urgencia es de un reducido grupo de empresarios que, legítimamente quieren hacer negocios. Pero el Parlamento no tiene la culpa de esa urgencia y la sociedad menos.
La intención de la coalición de gobierno de derogar la Ley 19.307 de Servicios de Comunicación Audiovisual vigente, es pública y notoria, enviaron el primer proyecto en abril de 2020, junto con la LUC, tanto era el apuro. También lo es que esa intención, tiene razones ideológicas, pero la urgencia para aprobar esta nueva ley responde a un insistente reclamo de sectores empresariales históricamente de mucho poder.
Plan de negocios
Cuando esta iniciativa se discutió y aprobó en Diputados, el Frente Amplio, importantes organizaciones de la academia y expertos en libertad de expresión, dijimos que era más un plan de negocios que un proyecto de ley que regulara los servicios de comunicación audiovisual. El entonces ministro de Industria, hoy canciller, Paganini, explicitó con claridad el objetivo del nuevo proyecto de ley: “El negocio está en jaque y hay que ayudarlo”.
Esto no impidió que reconociéramos el trabajo de la Comisión de la Cámara de Diputados que logró mejorar el proyecto que había enviado el Poder Ejecutivo en 2020 que era peor.
Ahora tenemos que decir que el proyecto que viene del Senado es mucho peor que el que salió de aquí, que ya era malo. Hubo más de 10 cambios en el Senado, se hicieron sin discusión, sin conocerse en el momento de votar el texto ni siquiera, todos ellos empeoraron el proyecto que se había votado en Diputados.
Es aún peor
Vamos a fundamentar, con respeto, las razones por las cuales creemos que esta Cámara debe rechazar este proyecto de ley.
Este proyecto de ley es regresivo y tiene contenidos antidemocráticos. Permite una mayor concentración de la propiedad de los medios; habilita la extranjerización; golpea a ANTEL; cristaliza la situación actual de privilegios extendiendo las licencias vigentes, automáticamente, por 15 años más; elimina las instancias de participación de la sociedad en las adjudicaciones de licencias volviendo a una discrecionalidad casi absoluta del Poder Ejecutivo; elimina la obligación de pagar un canon anual a los grandes medios y desfinancia el Fondo de Promoción de la Producción Audiovisual Nacional; golpea a los medios públicos. Y como si todo esto fuera poco, ataca la libertad de expresión y de prensa introduciendo un mecanismo de censura previa en el artículo 72, incorporado con los votos de la coalición de gobierno en el Senado.
Por todo ello, insistimos, la aprobación de este proyecto de ley sería un gran retroceso y nos llevaría a un sistema de medios menos plural, más concentrado y extranjerizado, por lo tanto, menos democrático. Vamos a concentrarnos en tres aspectos, de los muchos que se podrían abordar, para fundamentar nuestro rechazo a este proyecto de ley.
El primero es el artículo 72. Cuando discutimos el proyecto de ley en Diputados desde el FA dijimos que debería estar enfocado en garantizar el Derecho a la Información y la libertad de expresión, que son derechos individuales y colectivos de toda la ciudadanía. Criticamos la casi total ausencia de referencias a estos derechos en el proyecto de ley. Específicamente cuestionamos la derogación de un artículo que prohibía, a título expreso, la censura previa. Se nos contestó que eso era irrelevante, que estaba garantizada en la Constitución, etc., etc. ¿Qué ocurrió? En el Senado la coalición de gobierno empeoró muchísimo las cosas. Ahora no solo se deroga la prohibición de la censura previa, se instaura la censura expresamente por ley. Esto es muy grave.
El artículo 72 incorporado en el Senado es, inequívocamente, un mecanismo de censura. Ha generado alarma y rechazo a nivel nacional e internacional. La Comisión de Derechos Humanos de la ONU y la Unesco; la Relatoría de Libertad de Expresión de la CIDH; Reporteros Sin Fronteras; la Federación Internacional de Periodistas; la Federación de Periodistas de América Latina y El Caribe; la Alianza Regional por la libertad de expresión e información y hasta la Sociedad Interamericana de Prensa, la SIP, lo calificaron de censura y pidieron que este proyecto de ley no se apruebe.
Censura pura y dura
En nuestro país una gran cantidad de periodistas se pronunciaron en contra, lo propio hicieron la Institución Nacional de DDHH; el claustro de la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República; la Organización de la Prensa del Interior; el PIT-CNT; APU; Observacom; Cainfo y la Coalición por una Comunicación Democrática.
Como periodista quiero agregar que este artículo 72, además de instaurar la censura hace impracticable el periodismo de investigación, en realidad, reduce el periodismo a la tarea de entrevistar voceros políticos y a que den su posición. Es un disparate.
Lo grave es el fondo del asunto, pero la forma también expone a sus defensores. En estos días hemos escuchado a dos partidos de la coalición de gobierno que han dicho que votan el proyecto de ley por “convicción”, cosa muy respetable. Pero unos dicen que votan porque tienen la convicción de que el presidente Lacalle Pou va a vetar el artículo 72 y otros que lo hacen con la convicción de que no lo vetará. Son expectativas que se excluyen, es imposible que las dos sean contempladas.
Solo por este artículo 72 el proyecto de ley debería ser rechazado. No es de recibo que se hable de votar un proyecto de ley para que el presidente vete un artículo. El Parlamento no puede aprobar un mecanismo de censura previa a la prensa. Eso es lo que estamos discutiendo. Es la Cámara de Diputados la que tiene que defender la democracia, el derecho de información y la libertad de expresión y no lavarse las manos y delegar esa potestad en el Poder Ejecutivo. Hay que votar hoy y aquí en contra de la censura.
El segundo punto de nuestra fundamentación es que este proyecto de ley promueve la concentración y la extranjerización de la propiedad de los medios. Muchas de las organizaciones internacionales y nacionales que reclaman que no se apruebe este proyecto de ley no critican solo el artículo 72, también cuestionan la derogación de medidas anti concentración y la pérdida de transparencia y controles en la adjudicación de frecuencias.
Este proyecto de ley no defiende el derecho a la información ni la libertad de expresión, es un plan de negocios. Habla mucho más de paquetes accionarios, licencias societarias, titularidades y transferencias de acciones que de derechos ciudadanos.
El proyecto aprobado aquí en Diputados facilitaba la concentración. Con los votos de la coalición de gobierno en el Senado se empeoró y se habilita, directa e indirectamente, una concentración todavía mayor. Se da una discrecionalidad casi absoluta al Poder Ejecutivo para la adjudicación de las frecuencias, se eliminan los controles sociales y se limitan los de la URSEC.
Concentración salvaje
En el artículo 16, que establece la cantidad de licencias que se pueden tener para radio y televisión abierta, el proyecto votado en Diputados aumentaba de los 3, que permite la ley actual, a 4 en la zona metropolitana y 6 para el resto del país. El Senado insólitamente lo aumentó a 5, se ve que algún grupo económico hizo un negocio en estos meses o piensa hacerlo y se quedaba afuera, no hay otra explicación posible. Para los cables el límite es de 8. Es decir que casi se duplica la cantidad de frecuencias de radio y televisión abierta que se pueden tener en la Zona Metropolitana y casi se triplica la cantidad de canales por abonados que se puede tener, a los que, además se les autoriza a vender internet. Lo más grave es que esto favorece a los grandes grupos nacionales y extranjeros, pero también avala o permite que una sola persona sea propietaria, de una u otra manera, de todos los medios de un departamento, ¿cómo se puede afirmar que eso puede ser positivo?
Además, hay disposiciones que dejan entrever que esos límites solo serían un saludo a la bandera, que en realidad la idea es dejar que el dinero sea el único límite real para la concentración del poder en los medios. El Senado suprimió la definición de grupo económico en el artículo 12, eso deja la puerta abierta para que la concentración sea todavía mayor. En el artículo 18 se elimina la potestad de la URSEC de controlar el cumplimiento de las normas anti concentración. El control queda en manos de una Comisión del Ministerio de Economía y Finanzas, solamente. Pero la concentración y el control de los medios no se da solo por la titularidad de las frecuencias, se hace a través de paquetes de programación, derechos de transmisión y otros mecanismos, que ahora, al no controlarlos la URSEC no los va a controlar nadie.
Se eliminan todas las instancias con participación ciudadana para controlar la aplicación de la ley y la adjudicación de las licencias y su transferencia. Lo real es que la mayoría de las decisiones las tomará el Poder Ejecutivo y serán aprobadas fíctamente. Esto hace mucho menos transparente la adjudicación de frecuencias y su transferencia. Esa es otra manera indirecta de facilitar la concentración.
No atribuimos intenciones malvadas. Solamente establecemos hechos y sus consecuencias, actuales y futuras.
Por eso es importante reiterar que esto no es un hecho aislado. El gobierno ha realizado un conjunto de acciones que van en la misma dirección.
Matar ANTEL
Hablamos de habilitar a los canales cable a vender internet golpeando a ANTEL en una Rendición de Cuentas; al pago por ANTEL de 9 millones de dólares para tener la señal de los Canales 4, 10 y 12 en Antel TV, que se demostró un mal negocio para la telefónica estatal; asegurarles a los grandes grupos empresariales mediáticos por decreto no pagar el canon establecido en la vigente Ley 19.307; y otorgarles, cambiando los términos del llamado en el medio del proceso, la totalidad de los recursos del Fondo de Apoyo a la Producción Audiovisual Nacional Sustentable (FAPANS) a los tres canales privados de Montevideo.
Para intentar resumirlo, fruto de prácticas históricas, políticas y empresariales, Uruguay tiene un sistema de medios privado, comercial, concentrado y extranjerizado. La ley 19.307 fue un intento de empezar a revertir esas características y avanzar en su democratización. Este proyecto de ley revierte ese comienzo de democratización, vuelve a prácticas opacas y discrecionales y empeora la concentración y extranjerización del sistema de medios.
Por eso votamos contra este proyecto de ley, que concentra el poder en los medios de comunicación, que ya está muy concentrado, facilita su extranjerización y eso es malo para la democracia y para las y los ciudadanos.
El tercer punto que queremos abordar es fundamental: este proyecto de ley, en varias disposiciones, promueve la privatización de la transmisión de datos de internet y golpea a ANTEL. Se dijo aquí en sala que este proyecto de ley no trata de telecomunicaciones, y es verdad, con una sola y singular excepción, golpea a ANTEL de varias maneras y favorece a las grandes empresas privadas y a las trasnacionales privatizando las transmisión de datos.
En el artículo 49, se habilita a las empresas que tengan licencias de televisión por cable a vender internet y en el artículo 17, modificado por el Senado, se habilita también a las empresas que tengan licencia de televisión por abonados satelital. En el primer caso se autoriza a las grandes empresas que constituyen un verdadero oligopolio a vender internet, pero, como si esto fuera poco, ahora también se autoriza a tres grandes grupos trasnacionales, DirecTV y Grupo Clarín a vender internet y también a Claro que solicitó muy previsoramente una licencia para vender televisión por abonados satelital y que, aunque no está brindando el servicio, ya la tiene.
Pero, además, y esto se dice menos, al mismo tiempo que se habilita a estas grandes empresas a competir con ANTEL vendiendo internet, se limita a ANTEL para competir con ellas, prohibiendo que pueda acceder a licencias para comercializar contenidos audiovisuales, tanto en asociaciones con privados como en el sistema público, en los artículos 3 y 73.
A esto hay que agregarle el impacto de llevar a 8, casi triplicarlo, el número de licencias para televisión por cable que una persona o grupo puede tener y además que su propiedad sea 100% de extranjeros. Es decir, que los grandes grupos económicos, nacionales y sobre todo extranjeros, incrementen su potencia y le compitan todavía más a una ANTEL maniatada.
Y además hay que agregar el recorte en inversiones en ANTEL de este quinquenio de gobierno de derecha.
Me voy a permitir poner un ejemplo, esto es como llevar a ANTEL a un ring y ponerle en frente un boxeador de peso mayor, que además puede ser auxiliado por otros boxeadores más pesados, incluso extranjeros, pero además decirle a ANTEL que los otros pueden pegarle con las dos manos, pero ANTEL no, solo puede usar una mano. Y después se habla de facilitar la competencia. Perdón lo esquemático, pero es que es exactamente esto lo que están haciendo.
Es una declaración de guerra contra ANTEL, equivocada e injusta. Todo esto se hace en un país, que tiene una penetración de internet de las mejores del mundo, casi 97% de los hogares y un servicio de gran calidad. Hay que leer la presentación de Directv en la Comisión del Senado donde reconoce que la penetración de internet de Uruguay es de las mejores del mundo, que ANTEL es una empresa exitosa y muy querida por los uruguayos. Por supuesto luego dicen que hay que aprovechar toda esa infraestructura y dejarlos hacer negocios a ellos. Pero ni los que quieren quedarse con la parte del león del rubro de mayor desarrollo de ANTEL, que es la venta de transmisión de datos, que está alcanzando los 500 millones de dólares anuales, ni esos se atreven a hablar mal de ANTEL.
Tenemos una de las mejores coberturas de fibra óptica de la región y del mundo, tenemos el Data Center José Luis Massera, tenemos el cable submarino que potencia todavía más esa red pública, tenemos políticas públicas de acceso a internet como el Universal Hogares y otras. Todas estas políticas han permitido que en Uruguay se haya reducido la brecha digital, que es enormemente desigual en el mundo. Eso es lo principal, porque hace a una sociedad con proyección hacia el futuro, a la calidad de vida de las y los uruguayos, a la igualdad. Pero, además, y para quienes todo lo miden en términos de rentabilidad, todo esto lo hizo una empresa pública, altamente productiva, rentable, que aporta a rentas generales millones de dólares al año.
¿Por qué razón cambiaríamos algo que ha sido tan exitoso? Puede haber razones ideológicas, porque hay un axioma de que todo lo público es malo e ineficiente. Pero en este caso es el reclamo de que se habilite a un grupo de grandes empresarios, nacionales y extranjeros, el acceso a una parte grande de las ganancias de un sector económico en crecimiento.
Porque esta privatización de la transmisión de datos no hará avanzar la cobertura, ni siquiera va a desarrollar grandes inversiones. Lo dijo Directv en esa comparecencia en la Comisión del Senado, no van a desarrollar grandes redes propias, quieren usar la infraestructura de ANTEL y hacer negocios utilizándola.
La ley tiene nombre y apellido
Por si faltaba algo, este 17 de julio el presidente de la República, Lacalle Pou, autorizó con su firma la creación de un consorcio para que los tres canales cable de Montevideo, propiedad de los Canales 4, 10 y 12, actúen como una sola empresa para la venta del servicio de televisión por abonados y de internet, es decir para que le compitan a ANTEL.
Lacalle Pou, una vez más, accedió a un reclamo expreso de grupos empresariales poderosos para mejorar su negocio. La conformación de este consorcio no implicará ningún beneficio para las y los montevideanos, ni en mejora de la oferta de programación, ni del precio del servicio; ni en la cobertura de internet. Esto solo servirá para que los Canales 4, 10 y 12 aumenten sus ganancias. Esta medida también implicará un duro golpe a ANTEL que se expone a perder clientes en el área de mayor concentración de población y en el rubro de mayor desarrollo actual y hacia el futuro, la transmisión de datos.
La autorización de Lacalle Pou es altamente inconveniente, pero además es ilegal, porque incumple con las disposiciones anti monopolio y anti oligopolio, contenidas en los artículos 11, 51 y 68, de la ley 19.307, que sigue vigente.
Es imposible sostener que la conformación de un consorcio que acaparará el 60% del mercado de televisión cable de la capital no contradice estas disposiciones.
Pero, además, la decisión previa de habilitar el Consorcio de la URSEC violenta una resolución de la propia URSEC. Hablamos de la Resolución 244 de 2010, que también está vigente, sobre definición de Mercado Relevante, que establece criterios y la necesidad de estudios muy precisos, para abordar un posible caso de conformación de prácticas monopólicas u oligopólicas que, todo parece indicar, no se cumplieron en este caso.
Esta decisión doblemente ilegal tiene la virtud de mostrarnos el futuro que nos espera. Lamentablemente los hechos nos dieron la razón, el FA y SUTEL lo dijimos: Esta habilitación para que los canales cable vendan internet va a ser para beneficiar a los grandes grupos oligopólicos nacionales y a las trasnacionales. Todavía no se aprobó la ley y ya se ve por donde vienen los tiros.
Esta privatización y extranjerización de la transmisión de datos solo va a hacer perder recursos a la sociedad y a traer más desigualdad en el acceso a internet, eso es lo que pasa en el mundo.
Por eso hoy hay que votar contra este proyecto de ley defendiendo a ANTEL, a la soberanía en un rubro estratégico para el desarrollo productivo futuro, a la mejor red pública del continente y una de las mejores del mundo y a la igualdad del acceso a internet.
No puedo terminar este punto, sin hacer un reconocimiento al compromiso y la lucidez de las y los trabajadores de ANTEL. Sin su esfuerzo ninguno de todos los avances que hemos destacado habría sido posible. Sin su lucha, hace más de 30 años que ANTEL habría sido privatizada y hoy no tendríamos nada que defender.
Agregado a todo lo anterior, este proyecto de ley es además inconstitucional en varios aspectos particulares.
Por eso votamos contra este proyecto de ley, porque votamos contra la censura, contra la concentración del poder y la riqueza en los medios de comunicación y las telecomunicaciones, porque queremos defender a ANTEL.
No se trata de negar el papel de las empresas privadas. Pero no se puede construir políticas públicas de comunicación tomando solamente en cuenta el interés empresarial. Y menos cuando se privilegia a un reducido grupo de empresas y de empresarios. El derecho a la información, la libertad de expresión y el derecho al acceso a internet, no son mercancías, son derechos, de las y los ciudadanos y de la sociedad toda. Este proyecto de ley es un retroceso en cada uno de esos derechos.
Foto
Gabriel Mazzarovich en la Cámara de Diputados. Foto: Javier Calvelo /adhocFOTOS.
