Tras la decisión del gobierno de rescindir el contrato se plantean dos pre investigadoras en el parlamento.
El 13 de febrero, el presidente Yamandú Orsi, en conferencia de prensa, anunció la rescisión del contrato con el astillero español Cardama para la construcción de dos buques patrulleros oceánicos destinados a la Armada Nacional. Esta definición generó acciones parlamentarias. Por un lado la bancada del FA promovió una pre investigadora a nivel del senado para analizar el proceso que lleva a la firma del contrato con Cardama y por otro, la oposición hizo lo propio en diputados, pero en este caso con la intención de que se investigue desde 2005 en adelante.
El presidente Orsi señaló, al momento de informar sobre la rescisión del contrato que, a pesar de que la propia empresa admitió que “la garantía de fiel cumplimiento era inexistente” decidieron “darle todas las garantías a la empresa porque quizás hubiera cosas que se pudieran solucionar más allá de la gravedad del asunto”.
Desde presidencia y el MDN continuaron “recopilando pruebas” y luego encontraron que la otra garantía que se conoce como “garantía de anticipo financiero o de reembolso” no cumplía con lo establecido en el contrato. Habiéndose presentado a la empresa “la oportunidad de resolver y poder caminar juntos”, dijo Orsi, resolvió tomar cuatro medidas: rescindir el contrato de suministro por incumplimientos graves contractuales e iniciar acciones por daños y perjuicios; iniciar acciones para recuperar el patrimonio del Estado uruguayo; definir responsabilidades institucionales e individuales y tomar las medidas que haya que tomar para ello y por último, procurar la adquisición de la patrulleras oceánicas “tan necesarias para la defensa de la soberanía nacional”.
A pesar de la evidencia, el senador nacionalista Javier García sostuvo que la decisión del gobierno de rescindir el contrato con la empresa Cardama e iniciar acciones por daños y perjuicios tiene una razón política porque «el objetivo es destruir lo que venga del gobierno de Lacalle Pou». Cabe recordar que el ahora senador fue el Ministro de Defensa y por tanto tenía responsabilidad directa en este contrato que ahora el Estado define rescindir.
De hecho, García aseguró en la conferencia de prensa de 16 de diciembre del 2021 junto al entonces presidente de la República, Luis Lacalle Pou, con motivo del anuncio de la compra de estas OPV que el plazo para la entrega de la primera patrulla era junio del 2024 “y después, en virtud del compromiso de entrega de la segunda, también en el pliego se establecen cierto tipo de condiciones, se estimula a que la entrega sea lo más juntas posibles, pero la primera tiene que estar indefectiblemente entregada en esa fecha porque se empieza a construir después que se firma el contrato”.
Sin embargo, esto nunca sucedió. De hecho, tal como se desprende de la auditoría elaborada por la empresa Bureau Veritas, con fecha del 16 de enero del 2026, solicitada por el MDN sobre el avance de la construcción in situ, “no nos constan cronogramas definitivos actualizados para ninguna de las dos construcciones”, lo que dificulta validar con precisión el avance real y las fechas de entrega.
La ministra Sandra Lazo, al ser interpelada en la comisión permanente, en diciembre del 2025 señaló: «El Poder Ejecutivo, ante el escándalo mayúsculo derivado de gravísimos indicios de irregularidades, únicamente dispuso lo que por derecho está obligado a hacer: dar noticia al sistema judicial penal e iniciar todas las acciones para proteger y resarcir a la República Oriental del Uruguay» y agregó “ «Nada de lo dispuesto por el Poder Ejecutivo atenta contra el Estado de derecho, ni contra la seguridad jurídica. Al contrario: es lo que un Estado serio tiene que hacer cuando lo intentan estafar».
Cinco años después de que Javier García calificara de “histórico” este proceso de compra de las tan necesarias OPV, los resultados saltan a la vista. Resta que se establezcan responsabilidades y que el Estado logre superar este conflicto legal con el menor daño posible para los intereses del país.
