Paola Beltrán
El subsecretario del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), Federico Graña, analizó para EL POPULAR los principales aspectos de la Estrategia Nacional para las Personas en Situación de Calle que presentó el ministerio junto a Presidencia de la República. Graña destacó el cambio de modelo, la apuesta a la prevención, en particular referida a las personas privadas de libertad, el trabajo y la vivienda como elementos estructurantes y la articulación para el abordaje de los problemas de salud mental y adicciones.
Nunca se paró
Graña comenzó aclarando que la Estrategia es un proceso y que “entre ese proceso de discusión también se hicieron cosas; no es que el gobierno o el MIDES estuvieron frenados o parados discutiendo sobre una Estrategia sino que se generaron respuestas concretas para esta situación y para este período”.
Puso como ejemplo la ampliación de plazas. En 2024 había 4.950 plazas en MIDES en los distintos mecanismos que tiene el sistema de protección social que le daban respuesta a esta situación. En el 2025 aumentaron a 5.823 plazas y hoy el MIDES cuenta con 8.094 plazas. “La comparación de la foto del 2024 al 2026 muestra un notorio aumento del sistema de protección social para atender esta situación. Aumento que como vemos, y por eso es la discusión de la Estrategia, no alcanza para responder el tamaño de la situación a la que nos enfrentamos”, reconoció.
Sobre los elementos centrales de la Estrategia, subrayó que hay que observar “varios componentes”. Por un lado la acción que se despliega hoy y por otro las acciones a mediano plazo y largo plazo.
“Para largo plazo lo que tenemos que tratar es que las situaciones que generan que muchas personas estén en situación de calle disminuyan o sean atendidas a mejor tiempo. Estamos hablando de los casos de personas liberadas, personas con problemas de salud mental o con adicciones. Ahí hay un trabajo que tiene que ver con una línea de prevención y la Estrategia tiene respuesta para eso”, explicó Graña.
Mencionó, como ejemplo, el aumento de 300 cupos para personas liberadas que tengan, al momento de su salida del sistema carcelario, una posibilidad de vivienda y de trabajo y que puedan desarrollar “una inserción en la sociedad, con acompañamiento real y que no queden a la deriva”.
Para el caso de las acciones en el hoy destacó las vinculadas con el tratamiento de adicciones. “Ahí ya no estamos hablando de prevención, estamos hablando de la situación actual. Ya el ministerio ha dado respuesta, hoy hay más de 600 plazas en distintas comunidades terapéuticas donde las personas están pasando un proceso de tratamiento durante las 24 horas, eso ya existe”, informó.
En este caso, la modificación tiene que ver con la articulación y la escala. Destacó el trabajo en conjunto con la Secretaría Nacional de Drogas, que tendrá también su propia estrategia en el marco del Plan de la Junta Nacional de Drogas.
Como informó el ministro Civila, en la conferencia de presentación de la Estrategia, se elimina la diversidad de puertas de entrada para solicitar tratamiento pasando a una única. De esta forma “cualquier puerta de entrada puede generar el acceso al tratamiento, eso es un cambio en la metodología de trabajo que va a impactar mucho”.
A esto se suma el aumento de plazas y el trabajo necesario “para la captación de más personas en calle que estén bajo esta situación y el acompañamiento de estas personas a través de duplas que recorren los territorios; hay varias acciones que se dirigen a esta población y lo mismo podríamos decir con salud mental”, informó.
Otra modificación que Graña destacó como “central” es la vinculada a cambiar los dispositivos de alojamiento de las personas. “Hasta ahora la trayectoria mayoritaria era a través de refugios. Hay modelos internacionales, no porque seamos novedosos, como el Housing First que funciona muy bien en Finlandia y otros países donde hay mucha disponibilidad de vivienda social. En Uruguay tenemos un déficit de vivienda general, que además de la situación más extrema que es la situación de calle, también afecta, cuando pensamos por ejemplo en asentamientos, a muchos uruguayos y uruguayas”, explicó.
Teniendo en cuenta las características de nuestro país, se plantea una adaptación de este modelo a una lógica de “vivienda comunitaria” en la que conviven hasta cuatro personas a diferencia de la escala de los refugios que conviven entre 20 y 60 personas según el caso.
“Esto nos permite, sobre todo, atacar distintos perfiles porque no es la misma realidad la de quién recién está ingresando a la situación de calle, de las que están «cronificadas», por decirlo de alguna manera o las que la trayectoria en situación de calle es muy larga”, dijo.
Para Graña se trata de un trabajo que implica “reconvertir” la misma inversión que hoy tiene el Estado, “reconvertirlo y hacerlo distinto”. Se trata, señaló, de generar más cupos “de los que tenemos hoy” con personas “insertas en la comunidad y no solo en un refugio con todo lo que implica hasta para la identificación de las personas”.
“Ahí tenemos otro eje que es una novedad, no porque sea una novedad la política, porque ya se hace y se hacía desde gobierno frenteamplista, se continuó en el gobierno de la coalición, lo que va a generar el impacto es la escala, es muchísimo más grande. Antes eran un piloto y ahora el horizonte es tratar de transformar el sistema mayoritariamente hacia ese lugar”, subrayó.
Ya finalizando, retomó el concepto central de la Estrategia Nacional que define que “la calle no es un lugar para vivir”.
“La calle no es un lugar que pueda organizar una vida. Uno de los mayores organizadores es el trabajo. Nosotros creemos que es esencial profundizar en este tema. Pretendemos superar, en el 2028, los 2.000 puestos de trabajo dirigidos a personas en situación de calle; esto no quiere decir que vamos a esperar al 2028 sino que vamos a empezar un proceso que nos ponga en 2028 con esa meta cumplida”.
Asumiendo que no todas las personas que hoy están en situación de calle tienen las mismas características es claro, y así está previsto, que muchos de estos puestos de trabajo “tienen que ser acompañados para poder lograr que se sostengan y obviamente las ofertas son distintas; algunas serán con instituciones del Estado, otras con empresas privadas, teniendo claro el perfil de las personas y la exigencia que tienen las instituciones y también las empresas en sostener este trabajo”, concluyó.
