Coincidiendo con la visita realizada por el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva a la Casa Blanca, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció un nuevo paquete de sanciones contra instituciones de la Isla.
Las nuevas sanciones tienen como objetivo central al Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), una empresa que, al decir estadounidense, está vinculada a las Fuerzas Armadas cubanas y “que controla aproximadamente el 40% de la economía” del país caribeño.
Las sanciones anunciadas implican una nueva escalada de la presión económica desplegada por la administración Trump contra el gobierno cubano y se “enmarca en la implementación de la Orden Ejecutiva 14404, firmada por el presidente Donald Trump el 1 de mayo”.
“Las designaciones”, detalló la agencia MercoPress, “alcanzan a tres objetivos principales. El propio holding GAESA (…) señalado por el Departamento de Estado como el corazón del sistema cleptocrático cubano”, y al “que se atribuye el control de unos 20.000 millones de dólares en activos ilícitos desviados a cuentas bancarias en el exterior”, a su presidenta ejecutiva, la generala Ania Guillermina Lastres Morera, quien ha sido sancionada individualmente por la gestión internacional de esos activos” y contra Moa Nickel S.A., una empresa conjunta entre el Estado cubano y la canadiense Sherritt International, a quien se acusa de “explotar los recursos naturales de Cuba en beneficio del régimen”, oprando además, “activos originalmente expropiados a personas y corporaciones estadounidenses tras el triunfo revolucionario de 1959”.
“La respuesta cubana fue inmediata y firme”, consignó el medio de prensa, que informó que ante las nuevas sanciones el presidente Miguel Díaz-Canel calificó las mismas como “agresión unilateral” e “injerencia perniciosa del imperialismo estadounidense”.
De acuerdo a Díaz-Canel, “el pueblo cubano comprende, como el resto del mundo, que la isla solo desea vivir en paz, dueña de su propio destino”.
Por su parte el canciller Bruno Rodríguez Parrilla “calificó las declaraciones de Rubio como “cínicas, hipócritas y arrogantes”, denuncindo que las nuevas medidas constituyen “una violación del derecho internacional”.
