Colectivos vecinales, militantes políticos y sociales se oponen a una propuesta de urbanización privada de lo que consideran es una reserva estratégica ambiental y productiva.
Desde febrero de este año, organizaciones barriales, vecinos y militantes sociales y políticos de Punta de Rieles, Bañados de Carrasco y otros barrios del Municipio F -a quienes se sumaron residentes de Paso Carrasco, Ciudad Líber Seregni y Camino Carrasco de Canelones- vienen dando un debate que excede lo territorial. Con el respaldo del Programa Integral Metropolitano (PIM) de la Universidad de la República y la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (Fucvam), ese debate adquirió dimensión departamental y nacional.
El eje de la discusión es la pertinencia de un proyecto inmobiliario presentado para la zona de los Bañados de Carrasco, impulsado por la empresa Bislun SAS (Sociedad por Acciones Simplificada) y elevado por el gobierno departamental a consideración de la Junta Departamental de Montevideo (JDM). Las resoluciones de referencia son la 1984/25, la 2788/25 del 9 de julio de 2025 -que solicita la declaración de interés departamental- y la 5313/25 del 22 de diciembre de 2025, que anula la anterior y es la que actualmente se encuentra a estudio.
El proyecto involucra 226 hectáreas de suelo rural en el sector norte de los Bañados de Carrasco, dentro del Municipio F. La propuesta busca cambiar la categoría del suelo para instalar un gran desarrollo inmobiliario de perfil marcadamente privado: barrios cerrados o semiprivados, con infraestructura comercial, vial y equipamiento urbano. El humedal de Carrasco abarca entre 1.100 y 1.300 hectáreas -el 70% en Montevideo- e integra una cuenca de 22.000 hectáreas cuyos tributarios principales son los arroyos Manga, Toledo/Carrasco, Chacarita de los Padres y de las Canteras.
Dimensión y antecedentes
Para 2024, Uruguay registraba 84 barrios privados en todo el país, concentrados en Maldonado, Canelones, Rocha, Colonia, San José y Montevideo. A 2020 ocupaban unas 4.600 hectáreas fraccionadas en 8.600 lotes. Esa extensión duplica la suma de todos los asentamientos irregulares del país —aproximadamente 667—, de los cuales cerca de 100 se ubican en el territorio del Municipio F, muchos de ellos dentro de la cuenca de los Bañados. La contradicción es elocuente: los sectores de mayor poder adquisitivo consumen enormes superficies de suelo por persona, mientras los más pobres viven hacinados, con densificación generacional de los predios como única estrategia habitacional. Montevideo tiene 344 asentamientos irregulares donde viven 130.000 personas, el 36% menores de 15 años.
El barrio privado más grande del país es Los Olivos de Los Horneros, en Canelones, con 80 hectáreas. En los alrededores del bañado ya operan San Nicolás y Los Olivos -con superficies equivalentes a la mitad del emprendimiento en cuestión- y se suman La Candelaria, Los Ombúes, Terrazas del Polo y otros. Estos barrios son de hecho cerrados: aunque la norma departamental exige conexión vial abierta, su ubicación unidireccional a casi un kilómetro del tránsito urbano general, con frente al bañado como espacio inaccesible, los convierte en enclaves. La infraestructura de seguridad y los controles de acceso completan el cuadro.
Impacto ambiental e irreversibilidad
Desde los Colectivos en Defensa de los Bañados de Carrasco, se señala que el bañado viene resistiendo un deterioro histórico iniciado en la dictadura cívico-militar, cuando se realizaron canalizaciones, rellenos y eliminación de áreas inundables. Las décadas siguientes agregaron contaminación por efluentes industriales, residuos sólidos y el asentamiento precario de miles de familias sin infraestructura adecuada. Las políticas de tierras y hábitat mitigaron parcialmente ese proceso, pero están lejos de revertirlo.
De prosperar la iniciativa en la JDM mediante su declaración de interés departamental, se habilitará un proceso irreversible de estudios y ajustes que conducirá al cambio de categoría del suelo. La escala del área afectada no tiene antecedentes: abrirá una ventana sin término para sucesivas intervenciones. El suelo rural es un activo finito, no renovable e insustituible. Aun con limitaciones, Montevideo produce casi la mitad de los insumos hortifrutícolas que consume el país. Una vez afectado ese suelo, la pérdida es definitiva para las generaciones presentes y futuras.
La urbanización implicaría, en la hipótesis más conservadora, el asentamiento de varios miles de personas con alto poder adquisitivo en una zona que carece de infraestructura vial suficiente -ya sometida a recurrentes colapsos en horas pico y fines de semana- y donde el Estado deberá proveer electricidad, agua potable, saneamiento, seguridad, comunicaciones y servicios de limpieza. Los costos se socializan; los beneficios quedan encriptados en los nuevos barrios. El eje de Camino Carrasco ya muestra esa dinámica: se ha convertido en un corredor de campus deportivos de colegios privados, clubes y emprendimientos conexos, con una infraestructura claramente insuficiente.
Contradicciones programáticas
La política departamental de largo plazo apunta a densificar áreas con servicios ya instalados, evitar la expansión de la mancha urbana y preservar el suelo rural. Este emprendimiento contradice esas premisas. La población de Montevideo no crece sino que decrece sostenidamente, lo que vuelve aún más injustificable la extensión urbana hacia zonas frágiles.
El Municipio F, con sus gobiernos frenteamplistas desde 2010, construyó instrumentos jurídicos y acciones concretas para la conservación de los Bañados: la Resolución 87/11/0117 de septiembre de 2011 declaró de interés municipal su conservación y recuperación, y se invirtió en infraestructura de acceso, mirador y salas para visitas en el sector norte, contiguo a los padrones propuestos. Ese criterio atravesó distintos gobiernos municipales más allá de sus mayorías circunstanciales.
El gobierno departamental tiene previsto para este período la elaboración de un nuevo Plan de Ordenamiento Territorial (POT) con participación social, incluyendo un plan parcial para el sector delimitado aproximadamente por las calles Felipe Cardozo, Camino Carrasco, arroyo Carrasco, el norte rural del humedal, fondos de Punta de Rieles y calle Susana Pintos. Resulta un contrasentido que se avance en una definición de esta magnitud de manera previa, arbitraria y sin consulta ciudadana, sorteando las instancias participativas que el propio POT prevé. El gobierno municipal no fue siquiera informado de decisiones que afectan directamente a una parte importante y sensible de su territorio.
Marco jurídico y protección pendiente
Los Bañados de Carrasco carecen de un marco jurídico acorde a su importancia como sistema. Es llamativa su ausencia del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP). En noviembre de 2025 el gobierno nacional emitió el Decreto 228/25 con un listado de humedales de importancia ambiental en aplicación del Código de Aguas y la Ley 19.670 de 2018. Los Bañados de Carrasco estaban incluidos en las audiencias públicas previas y, de manera inexplicable y sin justificación oficial hasta la fecha, quedaron fuera del listado final. Los Colectivos en Defensa de los Bañados de Carrasco reclaman su incorporación inmediata al SNAP mediante un decreto complementario.
En el período de gobierno anterior, obras de envergadura sobre los cauces del Toledo, Manga y Chacarita -expansión de riberas, conformación de planicies de inundación, profundización y limpieza de cauces- lograron que eventos de lluvia importantes no generaran inundaciones en la población adyacente. Recientemente, los gobiernos de Montevideo y Canelones junto al Ministerio de Ambiente y una asociación de empresas privadas firmaron un convenio para la protección y manejo de la cuenca del arroyo Carrasco. Ese camino parece apropiado y auspicioso, pero resulta contradictorio con el proyecto que aquí se analiza.
El debate político y social
En las coordinadoras J, Q e I del Frente Amplio (FA) se viene procesando un intercambio activo sobre el tema, con participación de integrantes del gobierno departamental y nacional. La bancada del FA del Municipio F se pronunció mayoritariamente en contra del proyecto. La Agrupación de Gobierno Municipal del F y la Intersocial del Municipio también están involucradas. Se han realizado actividades en Comités de Base, encuentros de organizaciones y vecinos para acordar acciones de pronunciamiento público, y la dirección departamental del FA tomó el tema para definir el accionar de sus ediles en la JDM. La UDELAR-PIM viene aportando conocimiento técnico al proceso.
Los argumentos del gobierno departamental a favor del proyecto señalan la importancia de la inversión multimillonaria, una eventual mejora en el cuidado del bañado, la generación de empleo doméstico y en construcción para la población cercana, y el riesgo de que estas inversiones migren hacia Canelones. Frente a ello, el propio Plan Quinquenal de Vivienda 2025-2029 advierte que los barrios cerrados configuran un «modelo socio-territorial que presenta riesgos de fragmentación social y degradación ambiental». Las premisas programáticas del FA -a nivel nacional y departamental- son explícitas en materia de soberanía alimentaria, protección de ecosistemas, resiliencia climática y rechazo a procesos que generan segregación sociourbana.
Muchos productores de la zona no quieren vender sus tierras ni resignar su vocación histórica. Reclaman apoyo para producir, superar problemas de seguridad y tener un horizonte auspicioso. El gobierno departamental creó acertadamente una División de Desarrollo Rural para diseñar y ejecutar políticas en el departamento. Esta iniciativa contradice aquel acierto de manera incomprensible.
El bañado y su cuenca necesitan intervención planificada, integral y con presupuesto asignado, con sinergia entre niveles de gobierno, organismos internacionales, academia y sociedad civil organizada. No una urbanización que consolide la segregación, socialice los costos y privatice los beneficios. Difícilmente una ciudad inteligente esté dispuesta a resignar superficie productiva, soberanía alimentaria y proyección ambiental en un momento en que el cambio climático vuelve cada vez más costosa esa decisión. Esta discusión sigue abierta.
La disyuntiva
Dentro de los argumentos de quienes se oponen a la iniciativa de cambiar la calificación del suelo, se señala que lo que está en juego no es solo un proyecto inmobiliario: es el modelo de ciudad. El suelo tiene valor social antes que valor de mercado, y su transformación en commodity -especialmente cuando involucra ecosistemas frágiles y suelo productivo- supone una transferencia silenciosa de bienes comunes hacia intereses privados.
La sobrevaloración artificial del suelo rural afectado desencadenará, además, una presión inmobiliaria en cascada sobre padrones rurales vecinos: el efecto dominó ya está documentado en otros ejes del departamento y en Canelones. Así se erosiona sistemáticamente la base productiva y ambiental del territorio, sin que ningún plan parcial pueda ya revertir lo que el mercado consolidó.
La sostenibilidad financiera de estos emprendimientos tampoco está garantizada: recientemente la justicia aprobó el remate de activos del proyecto La Carlotta en Camino Los Horneros, Canelones. En Salto, más de mil vecinos recurrieron ante la Cámara de Diputados contra un decreto departamental que habilitaría barrios privados, cuestionando su legalidad frente a normas nacionales.
En los documentos aportados al debate se indica que lo que está en juego en los Bañados de Carrasco no admite soluciones intermedias: O se protege el humedal como reserva estratégica -ambiental, productiva, climática- o se lo urbaniza de manera irreversible en beneficio de unos pocos. La discusión sigue abierta. El umbral, no.
