A los que más tienen no se los toca

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Por Bruno Giometti

El Impuesto COVID grava por dos meses a los cargos políticos, funcionarios públicos y jubilados con ingresos nominales mensuales superiores a los $120.000. Al mismo tiempo, el gobierno no reclama ningún aporte adicional a los asalariados de la actividad privada que mantienen empleos de muy altos ingresos, a las empresas que tuvieron ganancias en 2020, a los elevados patrimonios ni a los uruguayos con activos financieros en el exterior por un total de alrededor de 8 mil millones de dólares.

El pasado miércoles 14 de abril el Parlamento discutió y aprobó el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, que instala el Impuesto Emergencia Sanitaria 2 COVID-19 y un adicional al IASS.
La medida es similar a la que fuera tomada el año pasado y que tuviera vigencia durante abril y mayo de 2020, aunque tiene algunas diferencias en cuanto a su aplicación concreta que comentaremos más adelante.

En términos sintéticos, lo que establece esta ley es que los trabajadores estatales (ya sean funcionarios públicos, contratados o cargos políticos) y los jubilados que tienen ingresos nominales superiores a los $120.000 mensuales, paguen un impuesto extraordinario durante dos meses. Queda excluido del mismo el personal de la salud.

Una de las diferencias con el impuesto aprobado el año pasado, es que ahora la tasa que corresponde al ingreso de cada individuo gravado, no se aplica al total de sus ingresos, sino que se aplica de forma progresiva (más parecido a cómo funciona el IRPF). Este cambio soluciona un grave problema formal que tenía el diseño del impuesto COVID del año pasado. En contrapartida, va a reducir significativamente su recaudación.

A continuación, realizaremos una serie de comentarios críticos sobre todo este proceso: la ley aprobada, las medidas propuestas y que fueron rechazadas o no consideradas, el contexto y el enfoque ideológico del gobierno.

En primer término, hay que señalar que más allá de la discusión específica del impuesto aprobado el miércoles pasado, lo central es que el gobierno ha gastado menos recursos que lo adecuado para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales de la pandemia. Esto queda claro si miramos el contexto internacional (por ejemplo, los informes de CEPAL que ubican a Uruguay en último lugar en este aspecto o la comparación con el gasto incremental realizado en 2020 por países similares al nuestro), pero también si se tiene en cuenta la opinión de los economistas del Instituto de Economía de la UDELAR o de numerosos analistas económicos, muchos de ellos insospechados de tener relación con la izquierda.

Es posible gastar más para atender más adecuadamente a los sectores de la población más afectados, así como evitar que se siga rompiendo el tejido productivo y para ello no es necesario incrementar la recaudación por ningún impuesto, sino que se puede hacer tomando deuda o utilizando las reservas.

En segundo término, entrando en la discusión fiscal. Esta medida tomada por el gobierno es absolutamente simbólica, dado que la recaudación esperada es apenas algo más de una tercera parte de lo generado el año pasado. Esto es entre 10 y 13 millones de dólares según distintas fuentes. Para tener una idea, esto es aproximadamente el 4% de lo que recauda la DGI por IRPF al trabajo y menos del 1% del total recaudado por la DGI en igual período de 2 meses.

Se puede compartir, como señal a la sociedad, que los cargos políticos, así como los funcionarios públicos con ingresos altos, hagan un aporte extraordinario, aun siendo simbólico. Lo que no resulta lógico, es que a los asalariados con ingresos también altos que se desempeñan en el sector privado y las personas con ingresos altos que tienen otras fuentes de ingreso (como rentas del capital) no se les exija el mismo aporte.

Se dice que las personas que se desempeñan en el sector privado tienen menos estabilidad laboral que los que lo hacen en el sector público, lo cual puede ser cierto en términos generales. Pero lo que se está planteando no es un aporte de todos los trabajadores privados, sino de aquellas personas que, a pesar de la pandemia, no perdieron su actividad en el sector privado y siguen teniendo ingresos elevados (de magnitud similar que los de los empleados públicos a los que sí se les exige). Por lo cual ese argumento cae por su propio peso.

Sospechamos que los argumentos de fondo son otros. Por un lado, un fuerte componente ideológico, de rechazo a lo público, en abstracto, que lleva a tomar una decisión profundamente sesgada. Otro elemento que vemos de forma crítica es que sería mucho más justo y también eficiente desde el punto de vista del diseño tributario, aumentar las tasas de IRPF solamente en las franjas de mayor ingreso, pero eso no se quiere hacer para no pagar el costo político de utilizar un tributo que ellos defenestraron, aunque sería una medida mucho más adecuada que la tomada.

Finalmente, pareciera que se toma una decisión que deliberadamente va a recaudar muy poco, lo cual después se podrá utilizar como argumento para seguir gastando poco, aunque como dijimos más arriba, la gran mayoría de los especialistas afirma que es posible y necesario gastar mucho más de lo que se ha gastado hasta ahora, para hacer frente a la situación económica y social existente.

El Frente Amplio propuso en esta discusión, que si lo que se quiere es recaudar un aporte extraordinario de los sectores más pudientes, hay que exigir un aporte también a los asalariados del sector privado que tienen ingresos muy altos; a las personas físicas con patrimonios muy elevados; a las personas jurídicas (empresas) que hayan tenido ganancias en el año 2020; a los uruguayos con activos financieros depositados en el exterior. Ninguna de estas medidas, que serían además transitorias, se puede afirmar que afectaría negativamente la inversión. En el caso de las empresas de sectores específicos que están teniendo ganancias aún en medio de la pandemia (por ejemplo, es muy claro en algunos rubros agropecuarios), no es razonable pensar que esta medida vaya a perjudicar la inversión, porque si están obteniendo rentabilidad es lógico que sigan invirtiendo. El gravamen a los activos depositados en el exterior es aún más claro, son fondos que no están siendo utilizados de manera productiva, sino riqueza producida socialmente en la economía uruguaya y actualmente inactiva, solamente generando renta financiera en el exterior. Son los que más pueden y deberían aportar en este momento. Ni siquiera el argumento de proteger al “malla oro” para que tire de la economía se aplica en estos casos.

Estas iniciativas presentadas por el FA harían mucho más justa la distribución de esta carga tributaria adicional y además permitirían recaudar mucho más, con aportes sustantivos de los ciudadanos y empresas que concentran las mayores riquezas.

El gobierno parece que quiere favorecer al “malla oro” como un fin en sí mismo, al tiempo que toman una medida muy parcial e incompleta para llenar el ojo y mientras “el pelotón” queda a merced de la pandemia, el desempleo y la pobreza.