20221024 / Mauricio Zina - adhocFOTOS/ URUGUAY/ MONTEVIDEO/ POLITICA/ Conferencia de prensa de la bancada de legisladores de Cabildo Abierto en relacion al proyecto de ley para perfeccionar contratos del Estado cuya ejecución se difiera por más de un periodo de gobierno. En la foto: Raul Lozano, Guido Manini Rios y Guillermo Domenech durante la conferencia de prensa de la bancada de legisladores de Cabildo Abierto en el Anexo del Palacio Legislativo en Montevideo. Foto: Mauricio Zina/ adhocFOTOS

A pura mentira

El artículo 115 de la Ley 14 106 del 14 de marzo de 1973 reparó económicamente a los militares fallecidos en actos de servicio. Los familiares recibieron 85 mil dólares al día de hoy.

Gastón Grisoni (*)

Mintiendo descaradamente, sin ninguna razón que explique con sensatez tanto apuro, la coalición de gobierno aprobó en el Senado, presionada por Cabildo Abierto, un proyecto de ley que es un auténtico mamarracho jurídico. Además se sustenta en una gran falsedad.

Abusando de la imperiosa necesidad de contar con sus votos en la Cámara de Senadores para aprobar el proyecto de Reforma Jubilatoria, Cabildo Abierto hizo aprobar una minuta de aspiración, sin mayor justificación aparente, en la semana anterior. Logró el envío de un proyecto de ley con la firma de todos los ministros y del propio presidente, su ingreso y aprobación en la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara el martes 27 y su votación al otro día en el Plenario. Un procedimiento alejado de las prácticas democráticas y parlamentarias que los senadores cabildantes obviamente desconocen.

Mienten: los militares fueron reparados

Aduciendo que las víctimas de la violencia no estatal durante el período predictadura y durante el terrorismo de Estado no habían sido reparadas y que había muertos de primera y de segunda categoría, según el Ministro de Defensa Nacional Dr. Javier García, se fundamentó en el breve debate que hubo, el proyecto de ley aprobado en la sesión del Plenario de la Cámara de Senadores.

Sin embargo, el Artículo 115 de la Ley 14 106 de marzo de 1973, aprobada aún en democracia, no deja lugar a dudas. Aunque para esa ley hay muertos de primera y de segunda, repara a los militares víctimas de la violencia no estatal.

“Fíjase la prestación que deberá pagar el Estado por concepto de reparación a los causahabientes del personal militar  fallecido con motivo o a causa de la lucha antisubversiva en los siguientes montos en Unidades Reajustables (Artículo 38 y concordantes de la ley 13.728, de 17 de diciembre de 1968).

   A) Para los causahabientes del personal de categoría Superior: 2.480 (dos mil cuatrocientas ochenta) Unidades Reajustables. (u$s 85.000.- al día de hoy).

   B) Para los causahabientes del personal categoría Subalterna: 2.170 (dos mil ciento setenta) Unidades Reajustables. (u$s 75.000.- al día de hoy).

Los militares, por lo mismo, tenían un marco legal habilitante para ser reparados. De hecho lo fueron, según consta en informes brindados por el exministro del Dr. Julio María Sanguinetti,  Yamandú Fau a requerimiento de la Cámara de Diputados. Cuesta creer que Cabildo Abierto, liderado por el general retirado Guido Manini Ríos, secundado por el coronel retirado Raúl Lozano, no estuviera al tanto.

Quitar gravedad a la actuación de los terroristas de Estado

Cabildo Abierto ha propuesto reimplantar la Ley de Caducidad para que los criminales del terrorismo no sean condenados. Ha hecho su defensa pública una y otra vez y ha presionado, de manera obscena, al Poder Judicial. Mediante este proyecto de ley, con la complicidad del resto de los integrantes de la coalición gubernamental, pretende, de manera indirecta, quitar gravedad a las desapariciones forzadas, a los secuestros de niños, a los asesinatos, a las torturas, a las calamidades sufridas por miles de exiliados y de insiliados forzosos.

Las normas de Derechos Humanos son una conquista de la humanidad, un gran logro de los pueblos. Luego de la trágica experiencia de la Segunda Guerra Mundial, las mismas surgieron a nivel internacional para proteger a los ciudadanos de los potenciales abusos de los funcionarios estatales, civiles, militares y policiales. En este sentido, solamente los funcionarios del Estado violan las normas de DDHH tal como lo ha señalado hace pocas semanas en un reportaje el actual presidente de la INDDHH el Sr. Marcos Israel.

La violencia fue generada desde el poder

El proceso iniciado el 13 de junio de 1968, cuando Jorge Pacheco Areco implantó las Medidas Prontas de Seguridad (MPS), desembocó en la dictadura y luego en el terrorismo de Estado. Las Fuerzas Armadas desempeñaron un papel protagónico, cargan y cargarán, históricamente, una pesada mochila. Fue una calamidad nacional. Sobre dicho proceso recae toda la responsabilidad por los costos directos e indirectos del mismo, en daños y sufrimientos, humanos y materiales.

Los funcionarios del Estado tienen la obligación de respetar las normas de Derechos Humanos y asegurar el pleno usufructo de ellas a toda la ciudadanía. El accionar de los particulares nunca puede ser equiparado ni igualado al de los funcionarios del Estado. 

En realidad, lo que se pretende, como parece sugerir el modo en que se presentó el proyecto, se manejó públicamente en los medios y se aprobó, es quitarle gravedad, importancia y significado a los delitos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha calificado como crímenes de Lesa Humanidad en la Sentencia Diana Maidanik  y otros, de noviembre de 2021 y que está, aún,  pendiente de implementar por parte del gobierno.

El debate en la Cámara de Representantes, impedirá que este auténtico mamarracho jurídico, sin montos, sin aclaraciones básicas, pueda prosperar. La calidad de la democracia estará en juego. La más amplia movilización en el marco de evitar la continua pérdida de la capacidad adquisitiva y del nivel de vida de los trabajadores, los jubilados y los pensionistas, de los derechos conquistados, de impedir la aprobación de la Reforma Jubilatoria regresiva, será fundamental.

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(*) Gastón Grisoni es Presidente de Crysol pero sus opiniones no reflejan ni comprometen, necesariamente, al colectivo como tal.

Foto de portada:

Raul Lozano, Guido Manini Rios y Guillermo Domenech durante la conferencia de prensa de la bancada de legisladores de Cabildo Abierto. Foto: Mauricio Zina/ adhocFOTOS.

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