Amplio rechazo en Perú a resolución que libera al genocida Alberto Fujimori

El Tribunal Constitucional (TC) de Perú ordenó la inmediata libertad del expresidente peruano Alberto Fujimori.

El expresidente guardaba prisión tras ser condenado a 25 años de cárcel acusado por por crímenes de lesa humanidad.

Según medios de prensa locales, la liberación del genocida fue acompañada por tres magistrados del TC, entre ellos su presidente Francisco Morales.

El documento de la liberación de Fujimori ordena al Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE) y al director del penal de Barbadillo, en Lima, a que “en el día, dispongan la inmediata libertad del favorecido, bajo su responsabilidad”.

Al fundamentar su resolución el máximo tribunal consideró “la edad avanzada y la salud deteriorada de Fujimori”.

Al ser consultado por la prensa el abogado del expresidente, Elio Riera, afirmó que se esperaba que este miércoles 6 de diciembre fuera puesto en libertad su representado.

“Como los trámites administrativos del INPE normalmente son hasta mediodía, este oficio si bien ha sido notificado al INPE, tiene que ser puesto de conocimiento a la región. Lo más probable es que la liberación sea el día de mañana”, dijo Riera.

En el mismo sentido se pronunció la hija del genocida, Keiko Fujimori que afirmó su confianza “en que las autoridades expidan la orden de liberación de su padre en la mañana del miércoles”.

“Esperemos que mañana temprano se pueda subsanar este error para proceder a ejecutar la libertad”, dijo a la prensa la política peruana.

Al conocerse la resolución del tribunal, el abogado Carlos Rivera catalogó la decisión como el momento de entrada de Perú en el “desconocimiento y desacato de las sentencias internacionales“.

La decisión del máximo tribunal, consideró la congresista Sigrid Bazán, de la bancada de Cambio Democrático-Juntos por el Perú, “viola la resolución de la Corte IDH e insulta la memoria de las víctimas de la dictadura fujimorista”, en consideración a ello, opinó que “el INPE no debe acatar esta orden“ y exhortó al Sistema Interamericano a pronunciarse “con urgencia para impedir este atentado contra los derechos de las víctimas de la dictadura de Fujimori”.

La medida fue rechazada en el Congreso de la República por la bancada del partido izquierdista Perú Libre que anunció solicitará que los miembros del TC sean citados prontamente ante las respectivas Comisiones del Parlamento.

“La liberación del genocida Alberto Fujimori, sería un execrable precedente en el país“, se lee en un comunicado público que asegura que la “decisión quebraría aún más, el precario sistema de justicia que tiene el país”.

Por su parte, Familiares de las víctimas de las masacres de Barrios Altos y La Cantuta se concentraron frente al Palacio de Justicia en rechazó a la orden de liberación del genocida, ocasión en que fueron violentamente reprimidos por parte de la policía.

Videos dados a conocer en redes sociales, permiten apreciar los momentos en que los miembros de las fuerzas policiales agreden a los manifestantes que se encontraban frente al Palacio de Justicia.

La decisión del TC fue repudiada por la directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, Juanita Goebertus, quien no dudó en afirmar que “la liberación de Alberto Fujimori violaría las órdenes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

“El Estado tiene la obligación de cumplirlas”, escribió Goebertus en la red social X e insistió en señalar que el Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE), “que depende del Ministerio de Justicia, no debe liberarlo“

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