El trabajo, los salarios y las pasividades en la Rendición de Cuentas. No hay ninguna medida para los que ganan 25 mil pesos o menos.
Federico Araya
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), junto con el Banco de Previsión Social (BPS), se presentaron el pasado lunes 24 de julio ante la Comisión de Hacienda y Presupuesto en la Cámara de Representantes para rendir cuentas de lo actuado en 2022, así como de lo que se viene trabajando y lo que se espera lograr para lo que queda de este año.
En ese sentido, los anuncios del gobierno además de dejar gusto a poco, en algunos casos fueron contradictorios. A continuación, se repasan los principales puntos en materia de trabajo, salarios y pasividades.
El Trabajo
El ministro, Pablo Mieres, comenzó repasando los principales datos del mercado laboral en materia de ocupación y sus condiciones. Durante el año 2022, la cantidad de personas ocupadas tuvo forma de U. En el primer trimestre el promedio de ocupados se ubicó en 1.678.000, en el segundo y en el tercer trimestre sufrió un descenso, ubicándose en el entorno de 1.647.000, en tanto que en el último trimestre del año retomó la senda de crecimiento y cerró con un promedio 1.672.000. Esta recuperación que se observó sobre finales del 2022, continúa en el primer semestre del 2023, donde el promedio de personas ocupadas se ubica en 1.682.000.
A la vez, los datos de personas cotizantes en el BPS mostraron también un interesante crecimiento en el 2022, incrementándose en 50.000 en comparación con 2021. Durante el primer semestre de 2023 las personas cotizantes se ubican en 1.288.000, apenas unas 5.000 cotizantes más que en el primer semestre de 2022. Este enlentecimiento en el crecimiento de las personas cotizantes en el BPS podría ser una alerta en el desafío de combatir la informalidad. De hecho, los datos publicados recientemente por el Instituto Nacional de Estadística (INE), muestran un aumento de la tasa de informalidad en el segundo trimestre del 2023 de casi un punto porcentual en comparación con el primer trimestre.
Asimismo, aún persisten desafíos en materia de género y generaciones. La brecha en la tasa de empleo entre mujeres y varones se amplió en el 2022 casi un punto porcentual. Al mismo tiempo, la caída global del subempleo en comparación con la situación prepandémica se explica principalmente por el comportamiento de los varones, ya que las mujeres subocupadas se ubicaban en el 10,3% en el 2019 y en el 2022 el indicador asciende a 10,1%. Estos desafíos en materia de género no fueron prácticamente abordados por el ministro Mieres, simplemente se hizo mención a la problemática, pero no se destaca ninguna política activa de empleo destinada a combatirla. Si bien el ministro mencionó los subsidios otorgados a empresas que contraten mujeres en el marco de la Ley de Promoción de Empleo, dicha política que se viene implementando desde hace casi dos años, parecería tener hasta el momento un efecto nulo.
Otro de los problemas persistentes refiere al desempleo juvenil y las escasas posibilidades de acceso que tienen los jóvenes a un trabajo de buena calidad. En este sentido, la Rendición de Cuentas propone una extensión del Programa Yo Estudio y Trabajo hacia el sector privado. El artículo 274 señala que el MTSS convocará a empresas y jóvenes a participar del mismo, estableciendo requisitos y condiciones para su implementación. Aquí el ministro no abundó en muchos detalles ante las consultas realizadas. A modo de ejemplo, es importante saber si se mantiene la exigencia de que el joven continúe estudiando, si hay recursos disponibles para que el INEFOP, junto con las autoridades educativas, hagan un seguimiento acorde de la trayectoria educativa del joven (como se hace ahora en el sector público), y cómo se implementará la modalidad de sorteo. ¿Las empresas del sorteo privado están dispuestas a contratar a un joven por sorteo sin elegirlo directamente? Esta es una pregunta bien relevante, a la cual el ministro dio una respuesta ambigua, si bien señaló que “se mantiene el criterio de sorteo y de las cuotas”, seguidamente afirmó: “la posibilidad (de contratar a un joven) depende de cada empresa, nosotros no las podemos obligar”. Queda claro entonces, que, hasta el momento, reina la incertidumbre en un tipo de política que podría tener resultados interesantes (cómo ya los tuvo en el sector público) pero que corre el riesgo de desvanecerse si no es posible acompañar al joven en su trayectoria educativa o si las empresas no están dispuestas a aceptar las condiciones del programa.
Los salarios
Sin duda la problemática principal en estos momentos en el mercado laboral pasa por el salario. El ministro Mieres destacó “el crecimiento” del 2022 de 1% del salario real. Sin embargo, ese crecimiento no es tal, porque solamente refiere al mes de diciembre. Para evitar fluctuaciones mensuales, lo más adecuado es tomar el promedio anual para comparar lo que ocurrió en el año 2022 con lo que ocurrió en el año 2021, y allí se observa que el salario real continúa cayendo por tercer año consecutivo desde 2020. Si bien la caída se viene desacelerando, no por eso deja de ser una caída. En el promedio del 2022, los salarios reales decrecieron 0,56% (0,53% en el sector privado y 0,61% en el sector público).
Asimismo, Mieres reconoció, y vale la pena destacar su honestidad, que un 6% de los trabajadores no recuperarán el salario perdido durante la pandemia hasta 2026. Estamos hablando de aproximadamente, 30.000 trabajadores de los sectores de hotelería, restaurantes, agencias de viaje, turismo, fiestas y eventos, entre otros. Este conjunto de trabajadores a julio de 2022 registraba una pérdida acumulada de 9%. Según expresó el ministro “prever que en el plazo de dos años de 2022 a 2024 o de tres años, hasta mediados de 2025 pudiera recuperarse un 9%…resultaba realmente un riesgo, tanto para las empresas como para los propios trabajadores, por el hecho de que al final hubiera un ajuste por empleo…para este 6% de trabajadores no vamos a llegar a la recuperación antes de 2026”.
Esta explicación que da el ministro (si bien es sincera) no puede ser justificada. Por un lado, las temporadas turísticas 2022 y 2023 mostraron signos de fuerte recuperación de la actividad. De hecho, las personas cotizantes en los sectores de alojamiento y servicios de comida en la temporada 2021 se ubicaron en 30.000, en la temporada 2022 aumentaron a 36.000 y en la temporada 2023 lo hicieron a 39.000. En el sector de artes y entretenimiento las personas cotizantes fueron 15.000 en la temporada 2021, 16.000 en la temporada 2022 y 17.500 en la temporada 2023. Esto da cuenta por tanto que, el temor a que se hiciera un ajuste por cantidad de puestos de trabajo no podía ser justificado, y mucho menos en julio de 2022. La decisión de que estos trabajadores esperen 6 años para apenas igualar su salario antes de la pandemia fue una decisión política que perjudica notoriamente a estos trabajadores.
Además, si el objetivo era recuperar el salario real y que estas personas no tuvieran que esperar 6 años para ello, podrían haberse destinado recursos a dicho objetivo e incluso dado que se trata de salarios sumergidos, proponer para ellos ajustes diferenciales. El gobierno simplemente optó por medidas pasivas, como la extensión del seguro de paro parcial. No se hizo absolutamente nada para salvaguardar el poder de compra.
Con respecto a la problemática de salarios sumergidos mencionada en el párrafo anterior, nuevamente las respuestas del ministro dejaron sabor a poco o más bien a nada. Sabido es que los trabajadores con salarios sumergidos aumentaron de forma sustancial en comparación con la situación prepandémica. Un trabajo del Instituto Cuesta Duarte da cuenta de que las personas con salarios inferiores a $25.000 aumentaron en 100.000 en comparación con el 2019. El Ministro manifestó que según los cálculos del MTSS el aumento era menor, “casi de la mitad”, aunque reconoció el problema. No obstante, no alcanza con reconocer el problema si no se hace absolutamente nada para atacarlo. Ante la consulta de por qué los lineamientos salariales, presentados hace un par de semanas, no incorporaban incrementos diferenciales para los salarios sumergidos simplemente manifestó: “Nosotros estuvimos estudiando ese tema …, y encontramos que como norma general no nos parecía correcto incorporarla como pauta. Simplemente, se trata de eso; yo no puedo decir mucho más”. La pregunta que surge es: si usted no puede decir mucho más sobre esto, entonces ¿quién puede? Realmente, es un argumento muy limitado, decir que no parece correcto como norma general, no se da ninguna justificación al respecto de por qué sería incorrecto, ni desde el punto de vista legal ni desde el punto de vista económico. Por lo tanto, parece claro que nuevamente la decisión es de política económica, y aquí una vez más, el gobierno opta por darle la espalda a los trabajadores de menores ingresos.
Las jubilaciones
Las jubilaciones y pensiones fueron uno de los puntos importantes que se trataron el pasado lunes. El ministro expresó: “contra lo que se ha venido difundiendo en días anteriores, quiero anunciar que el gobierno, nuevamente este año, ha decidido aumentar a partir de julio un 3 % las jubilaciones mínimas, como se ha venido haciendo en los años anteriores”.
Vale la pena detenerse en esta frase para aclarar dos aspectos: En primer lugar, el aumento de 3% a partir de julio de este año, es un adelanto a cuenta, eso quiere decir que se descontará ese porcentaje a partir de enero 2024. En segundo lugar, hay que decir que es ambigua la expresión “como se venía haciendo en años anteriores”. Si el ministro con “años anteriores” se refiere a los años de gobierno multicolor, entonces tiene razón. Este gobierno realizó adelantos a cuenta, es decir, lo que te adelantaban en julio te lo descontaba en enero del próximo año. Ahora bien, esta política no era la que se aplicaba en los gobiernos del Frente Amplio, en esos años los aumentos de julio no eran adelantos a cuenta. Es decir, lo que aumentaba la jubilación mínima en julio, no se descontaba del aumento correspondiente al enero siguiente.
Además, vale la pena señalar el contraste en el tratamiento que hace el gobierno de las jubilaciones mínimas y de las jubilaciones más altas. Mientras que a los jubilados de menores ingresos apenas se les da un adelanto en julio, que les será descontado en enero próximo, a los jubilados que cobran jubilaciones por encima de $45.000 se los exonera de forma definitiva del pago del IASS, tal como lo propone el artículo 412 de esta Rendición. Nuevamente, el gobierno opta por inclinar la balanza hacia las personas de mayores ingresos, perjudicando a los jubilados más pobres y aumentando así la desigualdad. Ha sido una constante de este gobierno.
Finalmente, la presentación del MTSS y el BPS abordó un punto bien importante para las jubilaciones futuras, en especial para los trabajadores que hoy tienen entre 40 y 49 años. Estamos hablando de la desafiliación voluntaria de las AFAPs. La reforma jubilatoria votada hace algunos meses por la coalición de gobierno perjudica a un gran conjunto de trabajadores, dado que ya no contarán con la bonificación otorgada por el famoso artículo 8 de la ley 16.713. En este sentido, el gobierno permite que las personas en ese rango de edad, que se afiliaron voluntariamente a una AFAP optando por el artículo 8, puedan revocar su opción si a enero de 2023 percibían ingresos inferiores a $78.770. En otras palabras, a una enorme cantidad de trabajadores (pues la mayoría percibe ingresos inferiores a eso) les va a convenir revocar su opción.
Para saber si a la persona le favorece revocar la opción, el BPS tiene que diseñar un simulador con el fin de calcular la futura jubilación del trabajador en un escenario con artículo 8 y el otro sin artículo 8. Acá las declaraciones del presidente del BPS fueron bastante llamativas por no decir insólitas: “Hay un universo de personas que tomaron la opción voluntaria del artículo 8° que tendrán al 30 de noviembre de 2023 entre 40 y 49 años y que solicitarán ser asesoradas, a las que el Banco les va a dar asesoramiento. ¿Cuál es la dificultad material que tenemos hoy y cómo lo hemos resuelto? La dificultad material es que tenemos que hacer un nuevo simulador…ese simulador todavía no está pronto, dentro de la página web del Banco se estableció un contacto directo para que quienes se encuentren dentro de las condiciones objetivas para ser asesorados expresen su voluntad de asesorarse y con eso salven su derecho a ser asesorados”.
De estas declaraciones se desprende que, si usted va al BPS en estos días, no podrá ser asesorado acerca de si le conviene o no revocar la opción, porque la herramienta para hacer ese cálculo aún no está pronta.
Por otra parte, a partir de estas declaraciones también se desprende que el plazo para ir a asesorarse vencería el 30 de noviembre. Afortunadamente, la Directora de Seguridad Social del MTSS clarificó la situación que el presidente del BPS había dejado totalmente opaca. La Directora expresó: “De acuerdo a lo que establece el artículo 12 de la ley (de reforma de la seguridad social) al régimen anterior se le va a seguir aplicando la normativa que estaba vigente en ese momento…Por lo tanto, van a poder agendarse y revocar siempre que estén incluidos dentro del elenco de personas que podían hacerlo…Por eso, no es que no van a poder agendarse más, sino que si están incluidos dentro de este colectivo de personas van a poder seguir revocando y no van a ver afectado ningún derecho”. Posteriormente, por si quedaba alguna duda afirmó: “En conclusión, no tiene por qué agendarse antes del 30 de noviembre, porque la agenda va a seguir abierta”.
Esto despeja las dudas y muestra que la agenda para asesorarse seguirá abierta a partir del 1° de diciembre. Esperemos que para esa fecha ya esté pronto el simulador. Una conclusión es clara: las declaraciones del presidente del BPS y la Directora de Seguridad Social del MTSS fueron contradictorias, lo cual es fiel reflejo de que la reforma de la Seguridad Social votada por la coalición de gobierno se hizo a las apuradas y de forma completamente desprolija.
Además de ello, el gobierno no está haciendo ninguna campaña de información al respecto y ello se debe lisa y llanamente a que a la coalición de derecha, no le conviene que los trabajadores se enteren. ¿Por qué no le conviene? Porque de concretarse la revocación de la opción del artículo 8, se debilitaría fuertemente el pilar de ahorro individual. Las AFAPs deberían transferir recursos hacia el BPS, y este debilitamiento de las AFAPs es lo que el gobierno quiere evitar. Por otra parte, si los trabajadores optan por revocar su opción, entonces es muy probable que, a partir de dicha opción, en el futuro cobren jubilaciones mayores, con lo cual el BPS verá aumentado su déficit fiscal en el largo plazo. Esto también es otro punto que el gobierno pretende evitar. Por eso, usted en su canal de televisión verá muchas publicidades rasgándose las vestiduras por la baja del IRPF o del IASS (que aumentan la desigualdad), pero no verá ninguna publicidad (al menos hasta ahora) que le informe de que a usted, vecino, vecina, le convendrá ir al BPS a asesorarse si tiene entre 40 y 49 años y gana menos de $79 mil, de no hacerlo podría cobrar una menor jubilación en el futuro. El gobierno prefiere que esto pase desapercibido y mucho más en vísperas del año electoral.
Todas las expresiones entrecomilladas de las autoridades fueron tomadas de la versión Taquigráfica del día 24/07. Comparecencia del MTSS y el BPS ante la Comisión de Hacienda integrada con Presupuesto.
