La presidenta peruana Dina Boluarte firmó un decreto legislativo que implica la modificación de 30 artículos del nuevo código procesal penal.
El decreto permite que la Policía Nacional del Perú (PNP) realice tareas que hasta ahora eran realizadas exclusivamente por la Fiscalía de la Nación.
Para la mandataria peruana, la nueva norma permite marcar “un antes y un después en el combate contra la delincuencia y organizaciones transnacionales”.
Gracias al decreto, las fuerzas policiales estarán facultadas para “recoger y conservar evidencias; realizar entrevistas e identificar a posibles testigos; encabezar las diligencias de investigación urgentes; asegurar documentos privados; allanar locales de uso público, entre otras funciones”.
Estas acciones serán realizadas por la policía sin tener que esperar la decisión de un fiscal.
La habilitación de los agentes policiales, a partir de la nueva normativa ha sido criticada por políticos y exfuncionarios de la Procuraduría.
“No tiene, en la mayoría de los casos, la formación necesaria para eso”, señaló el exprocurador José Ugaz Sánchez-Moreno, en diálogo con el diario local La República.
Para el exprocurador se volvía a “la época en la que la Policía tenía un cierto nivel de autonomía para hacer sus propias investigaciones y luego de que había terminado comunicaba sus conclusiones a la Fiscalía, incluso tipificando delitos, un hecho jurídico que no está en el ámbito de la Policía“.
Ugaz Sánchez-Moreno identificó como “riesgo principal”, el realizar “posibles actos indebidos”, al tener los agentes policiales “el ámbito de discrecionalidad en la investigación sin presencia de la Fiscalía”.
El nuevo decreto, señaló en su cuenta de X (exTwitter) el abogado del Instituto de Defensa Legal, Carlos Rivera, es “inconstitucional” y consideró “que el Tribunal Constitucional lo debe expulsar del orden jurídico”.
“La Policía Nacional no puede dirigir la investigación y menos puede calificar los hechos que se investigan”, añadió en X.
Según Boluarte, la Fiscalía no pierde poderes y aseveró que la medida, fortalecía a ambas instituciones que se “se coordinarán y articularán esfuerzos y acciones”.
“Después de 19 años, la Policía recupera las facultades plenas de investigar los delitos en la etapa preliminar y lo hace sin afectar un ápice las atribuciones del Ministerio Público (…) Perú cuenta hoy con un marco jurídico que fortalecerá su sistema nacional de seguridad ciudadana y someterá a la delincuencia y al crimen organizado“, afirmó al diario peruano Boluarte.
