Una nueva normativa aprobada por el Congreso de El Salvador, establece el cobro de un impuesto del 30 por ciento a los ingresos que reciban las organizaciones no gubernamentales.
Bajo el título de Ley de Agentes Extranjeros, dicha legislación, detalla TeleSur, “impone un gravamen a la cooperación financiera internacional” y establece que “por cada transacción económica, desembolso, transferencia, importación de bienes o cualquier otra operación que provenga de fondos extranjeros, ya sea a través de donaciones, pagos u otros conceptos destinados a sus representantes en el país, se aplicará un impuesto del 30 por ciento”.
Bjo el argumento de “garantizar la transparencia en los recursos que reciben las ONG”, para que los mismos no sean usados con “fines políticos o desestabilizadores”, la nueva norma ha sido criticada por organizaciones de la sociedad civil que afirman que “la verdadera intención es silenciar las voces críticas”.
La controvertida ley fue aprobada en la noche del martes “con 57 votos a favor de un total de 60 diputados, sin mayor debate en menos de dos horas”. Informó la agencia de prensa que agregó que se trataba de una iniciativa anunciada previamente por el presidente Nayib Bukele.
“Este es un intento de castigar y reprimir el trabajo de denuncia, la exigencia de derechos y la rendición de cuentas, así como la denuncia de corrupción y violaciones a los derechos humanos. Por lo tanto, se trata de un ejercicio represivo y autoritario”, afirmó Verónica Reina, directora del Servicio Social Pasionista.
Por su parte, Eduardo Escobar, director de Acción Ciudadana, dijo que “con esta ley el Estado argumenta que las organizaciones de la sociedad civil carecen de transparencia y no rinden cuentas sobre quién las financia, lo cual rechazó en forma categórica”.
En ese mismo sentido de crítica la Asociación de Periodistas advirtió que la “medida podría afectar la libertad de expresión”.
