La política de seguridad impulsada por el presidente salvadoreño Nayib Bukele, desde el pasado mes de marzo tuvo un giro radical cuando el mandatario solicitó al Congreso que decretara el estado de excepción.
La medida que ha sufrido varias extensiones, fue prorrogada por quinta vez el pasado martes cuando el director General de la Policía Nacional, junto al ministro de Seguridad entregara la petición de extensión del estado de excepción.
De acuerdo a la información brindada por el director general de la Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador, Mauricio Arriaza, hasta la fecha han sido capturados 50.000 presuntos pandilleros, detenciones que forman parte de lo que el gobierno salvadoreño definió como la «guerra contra las pandillas».
«Podemos informar a la población salvadoreña que ya llegamos a los 50.000 registros de personas detenidas», dijo Arriaza en la sede de la Asamblea Legislativa, según consignó la agencia de noticias Sputnik.
En ese mismo sentido el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, afirmó que, además de las detenciones, “se han incautado más de un millón de dólares, 1.551 vehículos, 1.310 armas de fuego y 75.000 porciones de droga”.
«Los resultados del régimen de excepción han sido contundentes, hemos impactado fuertemente a estas estructuras terroristas», subrayó Villatoro.
La noticia fue destacada por una comunicación desde la Casa Presidencial que enfatizó que «nadie puede negar la transformación que estamos realizando en El Salvador. El régimen de excepción ha permitido intensificar la guerra contra pandillas y sacar de las calles a miles de terroristas que ya no atemorizan a los salvadoreños».
La extensión de la medida fue aprobada por la Asamblea de El Salvador por 66 votos favor y 12 en contra y supone el mantenimiento de la misma por otros 30 días a partir del próximo 20 de agosto.
Para responder al voluminoso número de detenciones el gobierno de Bukele anunció que se continúa construyendo una megacárcel con capacidad para 40.000 prisioneros, a la que denominó el propio Bukele como «Centro de Confinamiento del terrorismo».
El nuevo centro penitenciario, ratificó el presidente salvadoreño, quedaría listo para finales de setiembre.
Según declaraciones de Bukele, en dicha prisión los prisioneros «estarán incomunicados del mundo exterior».
A pesar de las afirmaciones de las autoridades, la política de seguridad de Bukele ha sido fuertemente criticada por familiares de los detenidos, quienes realizaron el pasado martes una movilización en protesta por las numerosas e indiscriminadas detenciones, así como por las crueles condiciones en que se hallan los detenidos.
