Según un informe de la Comisión de Pastoral de la Tierra (CPT) de Brasil se han incrementado las muertes y desalojos en zonas rurales del país.
En el reporte, consignado por Telesur, la CPT señala “que el número de asesinatos y de ataques en el contexto de conflictos por la tierra aumentaron en un 95 por ciento y un 1.100 por ciento, respectivamente”.
En el período 2020-2021, se agrega, “las muertes por conflictos aumentaron de nueve a 109; de ellas, 101 fueron víctimas de la explotación minera y se encontraban en territorio yanomaní en Roraima”.
El número de conflictos registrados alcanzó la cifra de 1.768 y corresponde a los “enfrentamientos entre hacendados y trabajadores por tierra, agua o de otra índole laboral”.
Aunque los conflictos descendieron respecto al año anterior, el reporte alerta que, se observa “una tendencia de agravamiento de los conflictos y de las violencias desde la toma de posesión del Gobierno Bolsonaro”.
En ese mismo sentido, el centro de Documentación Dom Tomás Balduíno (Cedoc-CPT) informó de 35 asesinatos, que equivale a un aumento del 95 por ciento respecto al año 2020, siendo las zonas de mayor implicación las de Rondônia y Maranhão, en la Amazonía Legal.
Además de las muertes, el centro del CPT informó de torturas a 13 trabajadores y agresiones a 75 trabajadores de ambos sexos.
Un total de 1.726 trabajadores están identificados como en situación de sometimiento, un guarismo “que supera un 113 por ciento los casos identificados en 2020” por la organización.
Con respecto a los delitos de homicidios reportados se señala que los mismos son “deliberados y alcanzan notoriamente a líderes de comunidades y sindicalistas, que resisten a la usurpación”.
“A escala familiar”, añade el reporte, se produjeron “50 embargos y ocupaciones que afectaron a 4.761 núcleos, mientras que 164.782 familias se vieron afectadas”, de ellas, 17.706 sufrieron desalojo.
Además de los conflictos nombrados, el acceso y uso del agua prevalece como principal motivo de los mismos y afecta a 56.135 familias, principalmente en la provincia de Bahía y en las regiones del Nordeste y el Norte.
El auge de esta conflictividad se localiza, señala el informe en la ausencia de “atención federal debido a los intereses agrocomerciales que priman en esos territorios”.
