Según ellos, el ataque del Ministro de Educación, Abraham Weintraub, contra el STF (Tribunal Supremo Federal, lo que en Uruguay sería la Suprema Corte de Justicia) es un ejemplo de una inevitable causa de investigación. Otro objetivo debería ser el Ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, en la reunión, argumentó que el gobierno federal debería aprovechar la nueva crisis de coronavirus para aflojar las leyes ambientales, sin un control social adecuado.
La existencia de un sistema de información paralelo, citado por Bolsonaro en la reunión, debería generar una nueva faceta en la investigación sobre la intervención del presidente en la Policía Federal señalada por Sergio Moro cuando dejó el gobierno. El propósito: determinar si Bolsonaro recibió datos confidenciales de una red de informantes no oficiales, o si tenía un aparato clandestino para espiar a las personas.
La posible existencia de un núcleo de inteligencia privada al servicio del presidente surgió por primera vez el año pasado en el CPMI (Comité Parlamentario Conjunto de Investigación) de Fake News. La congresista Joice Hasselmann (PSL-SP) dijo que escuchó la historia del ex ministro Gustavo Bebianno, secretario general de la Presidencia al comienzo del gobierno. Bebbiano confirmó el informe el 2 de marzo en una entrevista con Roda Viva. Dos semanas después, el ex ministro murió de un ataque al corazón a los 56 años.
El ministro de STF, Celso de Mello, reservó un capítulo específico sobre «un posible delito contra el honor de los ministros de STF». Y ordenó la entrega de una copia completa del video a los colegas de la Suprema Corte para que puedan «adoptar las medidas que consideren pertinentes» en relación con la declaración de Weintraub de que, para él, pondría «a todos estos vagabundos en la cárcel, comenzando con el STF».
El decano de la Corte Suprema se propuso transcribir las palabras de Weintraub y clasificó el discurso como «muy serio» y «aparentemente ofensivo para el patrimonio moral» de los miembros de la Corte Suprema. Según él, a pesar de no ser el tema de la investigación en cuestión, «la evidencia criminal resultante es legalmente efectiva».
Este sábado, el senador Randolfe Rodrigues, anunció que presentó una demanda en el Ministerio Público Federal contra Weintraub. La representación solicita que se investiguen los delitos de responsabilidad.
Los investigadores creen que todavía existe la posibilidad de acciones civiles contra los ministros. Una de las preguntas sería en contra de las declaraciones del Ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles. En el video, señala que es hora de sacar medidas de desregulación, ya que los principales medios de comunicación se centran en combatir la pandemia de Covid-19.
Durante la crisis de salud, las claras advertencias forestales realizadas por el sistema Deter de Inpe (Instituto Nacional de Investigación Espacial) mostraron un aumento del 64% en la desforestación en comparación con el mismo período del año pasado. Se cortaron 405.61 km² de bosque entre el 1 y el 30 de abril, en comparación con 247.39 km² en 2019.
Bolsonaro y los ministros también pueden sufrir preguntas de los gobernadores y alcaldes sobre los ataques realizados durante la reunión. El presidente maldijo a los gobernadores de Río, Wilson Witzel (PSC), y São Paulo, João Doria (PSDB), y atacó al alcalde de Manaus, Arthur Virgílio (PSDB).
El lanzamiento del video confirmó la evidencia de que Bolsonaro intentó interferir con la Policía Federal en la investigación contra miembros de su familia.
En otro momento, el presidente brasileño habla de su interés en cambiar los equipos de seguridad en Río para no dañar a sus familiares y aliados. “Intenté cambiar a la gente de nuestra seguridad en Río de Janeiro, oficialmente, y no pude. Y eso se acabó”, gritó.
Repudio de la oposición
Mientras tanto los legisladores de los partidos de oposición en la Cámara de Diputados repudiaron «vehementemente» el contenido de la reunión ministerial del gobierno, así como la nota emitida por el ministro principal de la Oficina de Seguridad Institucional (GSI), general Augusto Heleno, en el que los militares, en un rapto autoritario, amenazan al Tribunal Supremo Federal (STF).
La nota de repudio está firmada por parlamentarios de PT, PCdoB, PSOL, PSB, PDT y Rede. Los parlamentarios afirman que los miembros del gobierno de Bolsonaro «arrojan a la república al caos, no respetan las leyes, las instituciones e ignoran la Constitución».
También enfatizan que el video desarma «cualquier legitimidad del gobierno actual a cargo de los destinos de la nación, ya que abre el desprecio por la democracia, la vida y las conquistas civilizatorias del pueblo brasileño». Finalmente, señalan que el contenido «indica el intento de formación de milicias en defensa de un proyecto antinacional y antidemocrático».
En la grabación Bolsonaro también defiende «armar al pueblo» para evitar lo que llamó «dictadura», de hecho, el esfuerzo de los gobiernos estatales y municipal para mantener a la población en el hogar, protegida del contagio del coronavirus.
Los parlamentarios también critican la nota intimidante del general Augusto Heleno. «Las manifestaciones del general, contrarias a los principios democráticos, no son nada nuevo y están en línea con la posición del Presidente de la República, que durante mucho tiempo ha mostrado su escaso aprecio por la democracia», dice.
A Heleno no le gustó la actitud del ministro Celso de Mello, quien envió a la Oficina del Fiscal General (PGR) solicitudes de partidos y parlamentarios para tomar testimonio de Jair Bolsonaro y confiscar teléfonos celulares de Bolsonaro y su hijo, el concejal Carlos Bolsonaro.
Celso de Mello solo cumplió un procedimiento al enviar las noticias-crímenes a la PGR. Pero Heleno levantó su tono y dijo que la incautación del teléfono celular del presidente «podría tener consecuencias impredecibles para la estabilidad nacional».
Foto: Jair Bolsonaro y Augusto Heleno – (Sergio Lima)
Fuente Vermelho.org.br
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