Ayer se conoció un informe elaborado por una comisión legislativa multipartidaria del Congreso de Ecuador donde se recomienda iniciar un juicio político al presidente, Guillermo Lasso, “por presuntos actos de corrupción y atentar contra la seguridad pública del Estado”.
Al referirse al dictamen, señala Telesur, la titular del comité, Viviana Veloz, afirmó que Lasso “ha tratado de ocultar potenciales conductas ilícitas de su cuñado”.
La Comisión de la Verdad, Justicia y Lucha contra la Corrupción fue creada para investigar “una presunta red de corrupción en varias empresas públicas”, una operación que es conocida en el país como El Gran Padrino.
El dictamen que produjo la Comisión contó con seis votos a favor y uno en contra y en el mismo se recomienda, de forma expresa, “enjuiciar políticamente al presidente Lasso por delitos contra la seguridad del Estado y contra la administración pública (cohecho, concusión y peculado)”.
Al darse a conocer el resultado del trabajo, la títular del comité multipartidista, Viviana Veloz, afirmó “que el país vivió un día histórico”, ya que lo que se trata es “de establecer la verdad sobre la conducta del presidente Lasso”, una conducta que sentenció “es contraria a los intereses de la ciudadanía”.
Veloz subrayó que Lasso “ha tratado de ocultar potenciales conductas ilícitas de su cuñado, Danilo Carrera, y de sus funcionarios más cercanos”, al tiempo que “buscó obstruir la labor fiscalizadora de la Asamblea Nacional”.
El Informe de la Comisión, informó el congreso ecuatoriano, será enviado a la Fiscalía General y a la Contraloría General del Estado, con el objetivo que “inicien las investigaciones penales y administrativas” correspondientes.
El informe producido por la Comisión no tiene carácter vinculante y aún restan otras instancias para su aprobación en el Parlamento.
En caso que se produzca esa aprobación parlamentaria continuaría “su proceso de calificación hasta llegar a la Corte Constitucional”.
En respuesta al informe el Gobierno de Lasso dió a conocer un comunicado donde se rechazan las conclusiones de la Comisión a quien acusó de tener “un claro afán desestabilizador” y “maliciosas intenciones”.
