Un informe elaborado por expertos de Naciones Unidas señaló la preocupación del organismo por la permanencia del estado de excepción en El Salvador.
“El gobierno”, se lee en el texto, “no puede pisotear el derecho a un juicio justo en nombre de la seguridad pública”.
La medida de estado de excepción, recuerda Telesur fue resuelta como estrategia para combatir “una serie de asesinatos relacionados con pandillas”.
A pesar de este argumento, largamente defendido por Nayib Bukele anyte las críticas recibidad por diverss organizaciones de derechos humanos, ello no ha sido acompañado, define el informe por una protección “a los ciudadanos de actos tan atroces”.
“El gobierno”, se afirma, “no puede pisotear el derecho a un juicio justo en nombre de la seguridad pública”, se expresa en el documento de los relatores de la ONU.
Para los expertos, el uso excesivo de la prisión preventiva, la prohibición de medidas alternativas, los juicios en ausencia y la posibilidad de utilizar prácticas como jueces sin rostro y testigos de referencia, atentan contra las garantías del debido proceso”, resultan una clara evidencia del modo en que se practican dichas violaciones de derechos.
El régimen de excepción vigente el país fue avalado por el Congreso e implica la suspensión de una serie “de derechos constitucionales”, entre los que sobresalen “el derecho a ser debidamente informado por los motivos de una detención”.
Al argumentar el “éxito” de la medida, el gobierno salvadoreño, con su presidente como principal vocero, han reconocido la detención de más de “67.000 supuestos delincuentes”, de los cuales apenas un poco más de 5.000 han sido liberados, luego de constatarse la ausencia de “pruebas que demuestren los vínculos con las pandillas”.
“Muchas de estas detenciones son arbitrarias y algunas constituyen desapariciones forzadas de corta duración”, subrayaron los relatores de la ONU.
La declaración de condena fue firmada por la Relatora Especial sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, Margaret Satterthwaite; la Relatora Especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, Fionnuala Ni Aoláin y el Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Morris Tidball-Binz.
Hace pocos días, durante una visita realizada a nuestro país por el vicepresidente de la nación centroamericana, algunos medios de prensa locales informaron que, en reunión mantenida con el presidente Lacalle Pou, el vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa, informó al uruguayo sobre la estrategia de Bukele para combatir los delitos.
La visita puede ser leída como un acto protocolar más, sin embargo y a la luz de esta condena del organismo internacional la pregunta que se impone es ¿qué piensa el gobierno herrerista sobre estas prácticas de violaciones sistemáticas a los derechos humanos?.
