Hace varios meses, los estacioneros de Maldonado nucleados en VE.CO.MA (Vendedores de Combustible de Maldonado) habían anunciado que pretendían no aceptar tarjetas de crédito y débito en las estaciones de ese departamento.
La medida propuesta en diciembre de 2021 fue inicialmente dejada en “suspenso” y ahora ha sido retomada, luego que se conociera una resolución en la que VE.CO.MA informó que “a partir del 4 de abril 2022, resuelve no aceptar tarjetas de crédito y débito en sus estaciones”.
Con efecto solo en Maldonado, la medida obliga a quienes surtan combustible en dicho departamento, puedan hacerlo solo si pagan en efectivo.
En declaraciones al portal Surtidores, Nicolás Pascaretta, directivo de VE.CO.MA afirmó “que la idea es que quienes deseen abonar con tarjetas se hagan cargo del arancel” e invoca para ello lo que sucede en varios países del mundo.
La medida anunciada por VE.CO.MA recibió el rápido rechazo de la Asociación de Bancarios de Uruguay quien emitió una declaración pública de rechazo a la misma.
Para el gremio bancario, la medida es una “decisión corporativa de un conjunto de empresarios” que pretenden “desterrar la diversidad de medios de pago en nuestras relaciones de consumo” y “va en sentido contrario a las tendencias internacionales, a la prestación de servicios modernos y de calidad a sus clientes, e incluso a la orientación del propio Estado que impone su uso en los peajes de todo el país”.
Con la medida anunciada, agrega la declaración, “dicho sector empresarial antepone sus objetivos de rentabilidad sobre el interés del país, provocando una afectación directa para el turismo de nuestro principal balneario, en tiempos donde este sector ha sufrido dos temporadas críticas”.
Del mismo modo, denuncia AEBU, “la resolución de estas patronales expone al conjunto de los trabajadores de sus empresas a niveles de inseguridad y peligro repudiable. En tiempos en que la inseguridad y el delito ha recrudecido, retornar al uso de dinero en efectivo, en puestos de trabajo sin protección, resulta una decisión inaceptable”.
Para el gremio, la justificación dada sobre “los costos de los medios de pagos digitales (…) se ha utilizado reiteradamente”, para, por ejemplo, “reclamar la liberalización del precio de combustibles, lo que llevaría a un mayor encarecimiento de sus precios y a transformar a las poblaciones más distantes de la capital del país en rehenes de los costos de traslado”.
“Consideramos imprescindible que las autoridades nacionales tomen cartas en el asunto a fin de evitar los perjuicios mencionados. Los daños que esta decisión empresarial provocará sobre un sector económico fundamental y sus trabajadores requieren la intervención del Poder Ejecutivo”, expresa el comunicado de AEBU, que finaliza afirmando que “los principios de libertad defendidos por el Gobierno y toda la sociedad solo son plenos cuando todas las partes pueden ejercerlos. Esta decisión es absolutamente limitante de la libertad de los consumidores, y sus consecuencias negativas serán mucho más severas de extenderse al resto del país o a otras áreas de la actividad económica”.
