Demandan organizaciones salvadoreñas esclarecimiento de desapariciones forzadas

El Bloque de Búsqueda de Personas Desaparecidas en El Salvador y la Asociacion de Desarrollo Económico Social-Santa Marta, demandaron a las autoridades judiciales se esclarezcan los casos denunciados como desaparecidos en el país.

El pedido de ambas organizaciones se realizó coincidiendo con el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.

Junto a la demanda, se llevó a cabo una protesta en la que se expusieron en una de las principales plazas de la capital salvadoreña, las fotografías de 35 fotografías de personas desaparecidas.

De acuerdo al Bloque de Búsqueda de Personas Desaparecidas es necesario sean asignados «más recursos» para que “las instituciones responsables de las investigaciones” puedan realizar «plenamente sus atribuciones», atendiendo con ello «las demandas de las víctimas», declaró según Telesur, Silvia Juárez, una de las responsables de la organización.

Ambas organizaciones pidieron a la Asamblea Legislativa que apruebe de forma rápida la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas, en la que se «incluya elementos para la prevención, investigación, justicia, reparación integral y garantías de no repetición».

Los datos recabados por el Bloque de Búsqueda, integrado por varias organizaciones y familiares de desaparecidos, indican que, se registraron “6.443 casos de personas desaparecidas de enero a marzo de 2023, según la Policía Nacional Civil (PNC)”.

De igual forma se ha constatado, durante el primer trimestre del presente año, la desaparición de 132 personas, observándose un incremento de un 28,2 % de las desapariciones respecto al primer trimestre de 2022 con 103 casos”.

Junto a las demandas por las desapariciones, la Asociación de Desarrollo Económico de Santa Marta ha reclamado al Gobierno de Nayib Bukele, se agilice la excarcelación de los líderes comunitarios de Santa Marta, en atención a “su grave estado de salud”.

La pasada semana, la Asociación, recuerda el medio de prensa, anunció que la jueza del juzgado de Instrucción de Sensuntepeque había decretado el arresto domiciliario para los líderes ambientalistas, algo que no ha sido cumplido, a pesar del delicado estado de salud en que se encuentran.

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