El Gobierno del presidente Nayib Bukele, amparado en una serie de reformas legales, ha sido denunciado por la organización Human Rights Watcha (HRW) por permitir que las autoridades penitenciarias estén autorizadas al traslado de menores de edad a cárceles para adultos.
La medida, denuncia la organización,, no solo vulnera “estándares internacionales de justicia juvenil”, sino que los “expone (…) a mayores riesgos de abuso.
“Estas reformas legislativas”, se afirma, “someten a niños y niñas al sistema penitenciario para adultos que ha sido responsable de torturas y otros graves abusos, señaló Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de HRW, quien alertó que “transferir a niños y adolescentes a centros de detención diseñados para adultos, aun en áreas separadas, representa un grave retroceso para los derechos de la niñez y adolescencia en El Salvador”.
En ese sentido la organización denuncia que en el país centroamericano “más de 3000 niños, niñas y adolescentes han sido detenidos desde que el presidente Bukele declaró un régimen de excepción en marzo de 2022”.
Sin evidencias ciertas de sus vínculos con pandillas o actividades delictivas, estas detenciones se basan, en muchos casos “en denuncias anónimas o en su apariencia física”, ha denunciado HRW. Fuentes policiales confirmaron a HWR haber sido presionados por las autoridades para que arrestaran diariamente a un número determinado de personas.
“Varios niños detenidos, así como sus familias, habían sufrido anteriormente la violencia de las pandillas, incluyendo intentos de reclutamiento forzado y amenazas de muerte. Para febrero de 2024, 1.065 niños habían sido condenados durante el régimen de excepción, en muchos casos por el delito excesivamente amplio de “agrupaciones ilícitas”, afirma HWR.
De acuerdo a HWR , “en un gran numero de casos de detenciones de menores, los fiscales presentaron pruebas poco creíbles o no corroboradas”, coaccionado, además “a los niños para que se declararan culpables de delitos” que habían afirmado no haber cometido.
La medida de traslado de estos niños y adolescentes, implica que los mismos “se enfrentarían al infierno con el que lidian todos los días los adultos en las presiones salvadoreñas” y tendrían como los mayores “un acceso muy limitado a servicios básicos, incluyendo la alimentación, el agua potable y la atención médica.
De acuerdo a Goebertus, “los niños y niñas, que ya han sufrido abusos aberrantes en centros de detención juvenil, enfrentarían condiciones y abusos aún más graves en las cárceles para adultos” por lo que “bajo ninguna circunstancia deberían ser trasladados allí”.
En base a informes de diversas organizaciones locales, HRW demanda a las autoridades salvadoreñas a reconsiderar las nuevas medidas.
“Recluir a niños y niñas en prisiones para adultos no solo aumentará su exposición a abusos, sino que además limitará sus posibilidades de rehabilitación”, subrayó la directora de la División de las Américas de HRW.
