Diversas organizaciones de derechos humanos de Perú han denunciado ejecuciones extrajudiciales realizadas durante las acciones de represión de las protestas antigubernamentales.
Según Jennie Dador,secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, los crímenes denunciados fueron presentados ante la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que visita Perú en misión de observación.
La acusación se fundamenta en que las ejecuciones extrajudiciales se produjeron en aquellos casos donde se produjo la muertevlos que brindaban «auxilio médico a heridos en las protestas», así como a «transeúntes y manifestantes desarmados».
De acuerdo a Dador, en las operaciones policiales y militares se han cometido masacres, tales como lo demuestran «los asesinatos de cinco o más víctimas indefensas».
En ese sentido ejemplificó la muerte de 10 manifestantes en la región surandina de Ayacucho y 17 en la de Puno, quiens fueron ultimados por el accionar polical.
Según declaraciones de Jennie Dador, «en la reunión las organizaciones peruanas denunciaron otras violaciones de derechos humanas, como el uso indiscriminado de la fuerza, la criminalizacion de la protesta, la impreparación de los policías y las detenciones masivas e injustificadas».
En ese mismo sentido y según las denuncias de la activista humanitaria, los únicos «responsables de la crisis que atraviesa Perú se localizan en el Gobierno y el Congreso», añadiendo que la única salida al problema «es política y no policial y represiva».
Dador consideró, además, que en la actualidad el diálogo no es viable «debido a que el Gobierno ha perdido la confianza de la población, por las muertes» que se han producido, en primer lugat las que afectan a civiles, así como las de un policía.
Para la representante del organismo de Derechos Humanos, «los gendarmes son utilizados con riesgo de su integridad».
En consonancia con lo anterior, el secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), António Guterres, pidió se investiguen «las violaciones de los derechos humanos» y exigió se respeten «las protestas pacíficas» en el país.
De acuerdo a un comunicado difundido la pasada jornada, Guterres «instó a las autoridades del país sudamericano a velar por el respeto a las garantías» y demando se lleve «a cabo una investigación diligente, independiente, imparcial y transparente de las denuncias de uso excesivo de la fuerza y de violaciones de los derechos humanos”.
En el comunicado, la organización internacional solicitó sean obsrevados «los estándares y normas aplicables al uso de armas contra los manifestantes», al tiempo que demandó «una solución pacífica y dialogada a la crisis».
De igual forma pidió a «personas y a organizaciones sociales que se manifiesten a abstenerse de actos de violencia», ejerciendo «el derecho a la protesta de manera pacífica», con respeto a «la vida y la propiedad pública y privada».
“Exhortamos a todas las partes a proteger especialmente los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad, y a asegurar que las personas heridas reciban atención médica de manera oportuna”, se lee en el comunicado de la oficina de la ONU en Perú que estimó que desde 7 de diciembre el número e muerrtes ascendió a 39 personas, de las cuales 17 fallecieron el pasado lunes en el curso de «las protestas anti gubernamentales en la localidad de Juliaca, en la región sureña de Puno».
