La represión desatada por las fuerzas policiales en Perú contra la marcha realizada en reclamo por la renuncia de Dina Boluarte, fue denunciada por la Coordinadora Nacional de Lucha (CNUL) del país andino.
Integrada por varias organizaciones sociales y fuerzas políticas progresistas que organizan y llevan adelante las protestas, la CNUL denunció que “la represión dejó varios heridos y detenidos”, entre ellos uno de los integrantes de la coordinadora que solo quiso “interceder por un arrestado ilegalmente” que repartía “volantes contra la mandataria”.
Al referirse al accionar de las fuerzas de seguridad, la excandidata Verónika Mendoza criticó el accionar policial calificándolo de “innecesario, abusivo e ilegal”.
Para la política peruana que “la Policía Nacional lance bombas lacrimógenas y reprima una movilización que era totalmente pacífica”, es repudiable.
“Tenemos todo el derecho de protestar en calles y plazas”, declaró Mendoza.
El accionar represivo de la policía se verificó cuando esta desalojó de forma violenta a los manifestantes que ocupaban la Plaza San Martín, algo para lo que, de acuerdo a la Defensoría del Pueblo, la policía no tiene autoridad de hacer.
